El Niño no espera: de la prevención a la acción, afirma la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa

El fenómeno atmosférico de El Niño exige acción antes de que la escasez de agua comprometa el abastecimiento de las comunidades, la producción de alimentos, la generación de energía y las operaciones del Canal de Panamá.

Así lo plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), organización que afirma valora la declaratoria de estado de emergencia hecha recientemente por el Gobierno, como una medida preventiva, aunque advirtió que su resultado dependerá de la ejecución de medidas concretas.

La emergencia busca anticipar los efectos previstos para la estación seca y acelerar la respuesta estatal ante los riesgos climáticos.

Para que esa decisión tenga impacto, el organismo empresarial manifiesta que las instituciones deberán proteger las reservas hídricas, asistir a los productores, atender las zonas vulnerables y garantizar que los recursos públicos se usen con transparencia y bajo fiscalización.

La organización sostiene que el fenómeno atmosférico no debe limitarse a una preocupación del sector agropecuario. El riesgo alcanza actividades vinculadas con el agua, desde la producción de cultivos y la cría de ganado hasta la industria y la infraestructura.

El abastecimiento para consumo humano figura entre las prioridades señaladas por la Apede. La disponibilidad del recurso también condiciona la generación hidroeléctrica y la continuidad de distintas actividades económicas.

En ese escenario, la operación del Canal de Panamá ocupa un lugar central. La entidad considera que cualquier afectación a esa vía estratégica puede tener consecuencias para la economía y la competitividad del país.

La Apede plantea que la gestión del agua debe asumirse como una responsabilidad ambiental, social, económica y estratégica. La preservación de las reservas para los meses secos aparece como una medida necesaria para reducir las consecuencias de una posible sequía.

La asociación recuerda que detrás de los indicadores climáticos existen impactos directos sobre la población.

Una inundación, señala, puede dejar a una familia sin vivienda o incluso causar muertes, mientras que la falta de lluvias puede llevar a un productor a perder cosechas, animales, ingresos y meses de trabajo.

La declaratoria de emergencia permite al Gobierno aplicar procedimientos especiales para contratar obras, equipos, insumos y servicios que resulten necesarios. Reconoce que las instituciones requieren capacidad de reacción ante una amenaza que puede avanzar con rapidez.

La entidad remarca que una intervención posterior al daño ya no cumple una función preventiva. Por ese motivo, señala que los próximos meses constituyen un período para preparar al país y orientar a los sectores expuestos.

La asociación anuncia la conformación de un equipo para seguir las medidas que adopte el Estado. Desde sus áreas de especialidad, buscará aportar propuestas para que las decisiones sean oportunas, eficientes y dirigidas a las personas y actividades que requieran atención.

También indica que seguirá la evolución del fenómeno mediante sus comisiones de Ambiente y Resiliencia y de Asuntos Agropecuarios. El objetivo, aduce la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, incluye evaluar las implicaciones para la actividad económica y abrir espacios de colaboración con las autoridades.

La organización pide que la prevención se traduzca en resultados en los territorios. La asistencia no debe quedar restringida a anuncios o planes generales, sino que debe alcanzar a comunidades, productores y sectores que dependan del recurso hídrico.

Afirma que la rapidez necesaria para responder a la emergencia no puede implicar una disminución de los controles. La organización menciona como antecedente las dudas que surgieron durante la pasada pandemia en torno al uso de procedimientos excepcionales.

La entidad reclama que la ciudadanía pueda conocer qué se contrató, quién fue el proveedor, cuál fue el monto y cuál era el propósito de cada gasto. También considera necesaria la trazabilidad de las decisiones tomadas por las instituciones responsables.