Panamá debe demostrar ante el GAFI que sus mecanismos de prevención y recuperación de activos son efectivos

El proceso de evaluación que afrontará Panamá ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exigirá que el país no solo cumpla con la normativa vigente, sino que demuestre con pruebas fehacientes la eficacia de su sistema de prevención y control de delitos financieros.

El nuevo enfoque pone el acento en que Panamá presente estadísticas, resultados y evidencias claras sobre el funcionamiento de sus mecanismos de supervisión, inteligencia financiera, investigación y recuperación de activos.

Esto lo subrayó Isabel Vecchio Arófulo, quien ocupa la presidencia pro tempore del Gafilat y es secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la práctica, la evaluación mutua funciona como un examen internacional en el que especialistas de distintas jurisdicciones revisan tanto el cumplimiento formal de las 40 recomendaciones del GAFI como la capacidad real de las instituciones panameñas para identificar, prevenir, investigar y sancionar el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.

Panamá deberá evidenciar ante los evaluadores que sus controles no son meros trámites normativos, sino que producen resultados tangibles y se adaptan a los riesgos más relevantes del sistema financiero nacional.

Este reto se convierte, según las autoridades, en una oportunidad para revisar y reforzar los mecanismos institucionales, optimizar la persecución de delitos financieros y avanzar en la alineación con los estándares globales del GAFI.

La Quinta Ronda introduce modificaciones sustanciales en la forma de evaluar los sistemas antilavado de cada país.

Entre los cambios más notables, destaca la valoración independiente tanto del sector financiero como del no financiero, así como un foco renovado en temas como los activos virtuales, la transparencia en la titularidad de las empresas, el control sobre organizaciones sin fines de lucro y la recuperación eficiente de activos.

Según Vecchio, estos elementos obligarán a que todos los actores del sistema nacional -desde organismos públicos hasta empresas y sociedad civil- coordinen esfuerzos y preparen respuestas integrales.

La evaluación, puntualizó, corresponde a la totalidad del Estado panameño y no a una administración específica, por lo que la colaboración interinstitucional y el consenso con el sector privado y organizaciones sociales resultan esenciales.

Entre los aspectos clave de la evaluación destacan la identificación de riesgos, la transparencia y el acceso a la información sobre los verdaderos propietarios de sociedades, la supervisión basada en riesgos, la inteligencia financiera, la cooperación internacional y la recuperación de activos. Un punto sensible es la necesidad de conocer quién controla realmente las empresas y otras estructuras jurídicas.

En este sentido, Panamá puso en marcha el Registro Único de Beneficiarios Finales y reforzó la vigilancia sobre actores no financieros, como abogados y empresas inmobiliarias, además de actualizar en 2025 su Evaluación Nacional de Riesgo para estos sectores.

Se diseñaron también herramientas específicas para monitorear a organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de reducir el riesgo de que sean utilizadas para canalizar fondos hacia el terrorismo.

Las autoridades deberán probar ahora que toda esta información es precisa, actualizada y está disponible de manera oportuna para las investigaciones.

En julio, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) adoptó formalmente las nuevas directrices y procedimientos de la Quinta Ronda, alineados con la metodología internacional y orientados a fortalecer la efectividad de los sistemas antilavado mediante criterios actualizados y centrados en los resultados.

El organismo regional también aprobó instrumentos clave, entre ellos la Primera Evaluación Regional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación, que constituye un diagnóstico pionero en América Latina y servirá de base para reforzar políticas públicas, estrategias de mitigación y cooperación internacional.

Por otro lado, se estableció la inteligencia artificial como un eje estratégico permanente, definiendo una hoja de ruta regional para realizar estudios especializados y analizar el impacto de esta tecnología tanto en la prevención como en la supervisión de operaciones ilícitas.

Se evaluarán los beneficios que puede aportar la inteligencia artificial a la detección y control, así como los riesgos asociados a su posible uso por parte de redes criminales.

La revisión y fortalecimiento de estos sistemas permitirá a Panamá y a la región avanzar hacia una mayor transparencia y eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, consolidando la confianza internacional en sus marcos regulatorios.