La actualización del régimen tributario para la economía digital obtuvo luz verde del Consejo de Gabinete, que remitirá a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 30-26.
El proyecto busca modificar el Código Fiscal para adaptar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) a las formas actuales de comercio y prestación de servicios digitales, sin crear nuevos impuestos.
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La iniciativa propone que las reglas del ITBMS se adecuen a operaciones digitales como ventas, intermediaciones y servicios realizados a través de plataformas y aplicaciones.
El texto introduce criterios que califica de objetivos para determinar cuándo un bien o servicio digital debe considerarse consumido en el país.
Entre estos elementos figuran la ubicación del banco o medio de pago, la dirección de facturación, los datos de internet, el país de la tarjeta SIM y otros indicadores que permitan identificar la localización del usuario.
De este modo, la medida apunta a que las plataformas y servicios digitales tributen en Panamá si sus operaciones tienen destino nacional, aunque la empresa proveedora esté radicada en el extranjero.
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Este mecanismo, aduce una nota de prensa oficial, también prevé salvaguardas para evitar impactos no deseados sobre actividades financieras que ya cuentan con un marco regulatorio específico.
El Consejo de Gabinete señala que el objetivo central de la reforma es fortalecer la recaudación estatal y garantizar condiciones fiscales equitativas entre empresas tradicionales y digitales.
La actualización del sistema, se agrega, busca cerrar espacios de evasión y adaptar la legislación a las transformaciones tecnológicas y económicas en curso.
Hoy, un mismo producto paga ITBMS si se compra en un establecimiento comercial dentro de Panamá, pero no paga ese impuesto si se adquiere en una plataforma comercial extranjera y se importa, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
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Afirmó que lo que esto persigue es “nivelar el piso o la cancha”, para que quien recibe el producto en Panamá pague lo mismo, sin importar si la compraventa se realizó fuera del país.
Se trata, dijo Camilo Valdés, director de la Dirección General de Ingresos, del principio de igualdad tributaria, donde si dos contribuyentes prestan el mismo servicio o venden el mismo producto, ya sea de forma tradicional o a través de una plataforma, ambos deben cumplir con las mismas obligaciones tributarias: pagar el ITBMS.
En la misma sesión de este martes, el Consejo de Gabinete autorizó el contrato entre el Ministerio de Cultura y el Banco Nacional de Panamá para la creación del Fideicomiso del Fondo Nacional de Culturas.
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Este fondo, previsto en la Ley General de Cultura, destina recursos no reembolsables al apoyo de proyectos artísticos, innovación y protección del patrimonio cultural panameño.
El fideicomiso se constituirá con un aporte inicial de $5,000,000.00 del Ministerio de Cultura, y podrá recibir fondos adicionales del Estado, donaciones, cooperación internacional y rendimientos financieros.
El Banco Nacional de Panamá actuará como fiduciario, encargado de la administración, inversión y desembolso de los recursos.
La titular de Cultura queda habilitada para firmar todos los documentos necesarios para el funcionamiento de este instrumento, que busca fortalecer el ecosistema cultural local.
Durante la sesión del Consejo de Gabinete, la Caja de Seguro Social (CSS) recibió autorización para contratar, mediante procedimiento excepcional, a Assa Compañía de Seguros, S.A.
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La póliza, valuada en $3,207,600.00 para el año 2025, cubrirá desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025.
El propósito de este contrato es mitigar el impacto financiero de posibles siniestros sobre la CSS.
Las coberturas, de acuerdo con la información oficial, incluyen accidentes personales para directivos, accidentes en misión oficial, incidentes de seguridad ocupacional, robos, rotura de maquinaria, incendios y responsabilidad civil en distintas categorías.
La suma destinada a estas pólizas fue aprobada por la junta directiva de la CSS en febrero de 2025, reforzando la protección institucional ante contingencias y riesgos operativos.
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