Desde Panamá, pueblos indígenas de Mesoamérica buscan construir mayor autonomía económica

Las comunidades indígenas de Mesoamérica conservan extensos territorios, sostienen actividades productivas propias y enfrentan de primera mano los efectos del cambio climático, pero apenas una fracción del dinero internacional destinado a apoyarlas llega directamente a sus manos.

Según el Fondo Territorial Mesoamericano, solo alrededor del 1% del financiamiento climático dirigido a pueblos indígenas y comunidades locales termina efectivamente en los territorios.

La paradoja es mayor porque esas mismas comunidades administran bosques, producen alimentos, desarrollan artesanías, mantienen conocimientos ancestrales y generan economías locales desde hace generaciones.

El problema no es que carezcan de actividad económica, sino que muchas de esas iniciativas siguen siendo pequeñas, tienen dificultades para acceder a capital, mejorar su calidad y conectarse con mercados más amplios.

Ese fue uno de los ejes del Intercambio Mesoamericano de Economía Indígena y Comunitaria realizado esta semana en Panamá, donde organizaciones de la región discutieron cómo fortalecer sus sistemas productivos sin convertir el mercado en el único objetivo.

La apuesta es generar ingresos y oportunidades, pero preservando al mismo tiempo la soberanía alimentaria, la cultura, los territorios y las formas propias de organización.

Levi Sucre Romero, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), plantea que la economía indígena no debe medirse únicamente por cuánto dinero genera o por su capacidad de exportación.

“No se trata de cuántos millones tenemos en cada cuenta del banco”, explicó a Infobae. Para estas comunidades, la economía debe permitir un medio de vida digno, garantizar el acceso a servicios básicos, recuperar conocimientos y fortalecer la soberanía alimentaria, sin renunciar a la posibilidad de conectarse con los mercados nacionales e internacionales.

Ese modelo tampoco rechaza el mercado. En Mesoamérica existen organizaciones de mujeres que comercializan productos, comunidades que generan alimentos y emprendimientos que han logrado cumplir requisitos para vender fuera de sus territorios.

Sin embargo, Sucre reconoce que estas experiencias todavía representan una proporción pequeña frente a la escala alcanzada por la economía convencional.

El desafío consiste entonces en completar el ciclo: producir primero para garantizar bienestar y soberanía alimentaria, agregar valor y posteriormente llegar a compradores cuando existan las condiciones necesarias.

Para hacerlo se requieren recursos, capacitación y tecnología, pero también una estrategia que evite imponer modelos empresariales desconectados de las prioridades definidas por cada territorio.

Realidad

La dimensión ambiental ayuda a entender por qué el debate trasciende los ingresos. María Pía Hernández, gerente del Fondo Territorial Mesoamericano, explicó que las organizaciones que integran la AMPB tienen títulos colectivos o concesiones sobre territorios que abarcan más del 36% de los bosques de Mesoamérica.

Allí se encuentran áreas estratégicas como Darién, la Selva Maya y territorios vinculados al Parque Internacional La Amistad.

Mantener esos ecosistemas supone enfrentar invasiones de tierras, expansión agrícola y ganadera, narcotráfico, criminalidad y los efectos cada vez más visibles del cambio climático. Inundaciones, sequías y otros eventos extremos agregan presión sobre poblaciones que, pese a sus limitaciones económicas, continúan administrando algunos de los espacios naturales mejor conservados de la región.

El financiamiento internacional debería ayudar a cerrar esa brecha, pero el dinero recorre un camino complejo. Hernández sostiene que aproximadamente el 1% de los recursos climáticos destinados a pueblos indígenas y comunidades locales llega directamente a los territorios.

El resto atraviesa estructuras de intermediación, administración, estudios y otros mecanismos antes de alcanzar a las poblaciones en cuyo nombre fueron gestionados originalmente esos fondos.

La gerente reconoce que los controles administrativos, mecanismos de rendición de cuentas y determinados intermediarios son necesarios, pero cuestiona cuánto terminan costando.

El problema surge cuando una parte desproporcionada de los recursos se consume antes de financiar las soluciones territoriales que justificaron su movilización.

Para intentar reducir esa distancia fue creado en 2023 el Fondo Territorial Mesoamericano, un mecanismo diseñado y dirigido por pueblos indígenas y comunidades locales para captar recursos y canalizarlos directamente hacia sus organizaciones.

Actualmente trabaja con más de 35 entidades y recibe financiamiento de fundaciones privadas, cooperación bilateral y multilateral y fondos internacionales relacionados con el ambiente.

La organización comenzó con unos $220,000 destinados fundamentalmente a poner en funcionamiento su estructura y espera cerrar este año con un presupuesto cercano a $3 millones.

Su política establece que el 70% de los recursos recibidos debe dirigirse a inversión territorial, mientras una estructura operativa de cuatro personas busca mantener contenidos los gastos administrativos.

Panamá: del bosque a los emprendimientos

En Panamá, los recursos están llegando a iniciativas relacionadas con protección territorial, restauración de bosques, fortalecimiento de la gobernanza y creación o consolidación de emprendimientos indígenas.

En territorios Emberá, por ejemplo, existen proyectos de señalización para enfrentar invasiones y acciones de regeneración natural, mientras otras inversiones buscan mejorar las capacidades comunitarias para administrar y proteger sus tierras.

El componente económico tiene un énfasis particular en las mujeres. El Fondo trabaja con organizaciones de artesanas Emberá para fortalecer sus negocios, agregar valor a sus productos y conectarlos con cadenas comerciales más amplias.

En Guna Yala también se desarrollan iniciativas territoriales y apoyo a jóvenes para impulsar actividades productivas que puedan generar oportunidades dentro de sus propias comunidades.

Durante el encuentro se mostraron experiencias como la comercialización local del coco por parte del pueblo Gunadule y el trabajo de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE). Son modelos donde una actividad que genera ingresos puede simultáneamente preservar conocimientos ancestrales, fortalecer la autonomía económica femenina y mantener una relación productiva con los recursos disponibles en el territorio.

La falta de oportunidades también tiene consecuencias demográficas. Hernández advirtió que jóvenes indígenas terminan abandonando sus comunidades porque no encuentran suficientes alternativas económicas para construir allí sus proyectos de vida.

Por eso, parte de las inversiones se dirige a emprendimiento y formación, buscando que migrar hacia las ciudades deje de ser prácticamente la única alternativa para acceder a determinados empleos e ingresos.

Sucre asegura que ya existen señales de cambio. Las economías comunitarias están ayudando a reducir la migración juvenil y la dependencia de programas asistenciales mediante actividades que permiten producir alimentos y generar ingresos.

Lo que todavía está en una fase temprana es la conexión sistemática de esos modelos con mercados que puedan ampliar su impacto económico sin desnaturalizarlos.

Ni subsidios eternos ni exportar a cualquier costo

La discusión introduce también una crítica al asistencialismo. Para Sucre, los subsidios pueden ser necesarios en determinadas circunstancias, pero no deberían convertirse en la respuesta permanente a las necesidades económicas indígenas.

El riesgo aparece cuando generan paternalismo o alteran dinámicas comunitarias, en lugar de acompañar inversiones capaces de construir capacidades productivas y mayor autonomía a largo plazo.

La alternativa tampoco consiste en exigir que todas las comunidades comiencen inmediatamente a exportar. Algunas necesitan primero garantizar su producción de alimentos, organizar sus emprendimientos o desarrollar capacidades técnicas antes de competir en mercados externos.

Cuando estén preparadas, deberán superar obstáculos relacionados con calidad, volumen, acceso a compradores y reconocimiento del verdadero valor de los productos que generan.

Su ventaja puede estar precisamente en aquello que diferencia estos productos de otros. Una actividad comunitaria puede generar simultáneamente ingresos, conservación de bosques, empleo local, protección de recursos naturales y continuidad de conocimientos culturales.

La AMPB busca articular iniciativas para alcanzar mayor escala y competitividad, pero sin permitir que vender más termine convirtiéndose en el único indicador utilizado para definir si una economía indígena funciona.

El Fondo Territorial Mesoamericano prepara además el proyecto Corazón de la Conservación, que cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente de Panamá y recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

La iniciativa comenzará el próximo año e incorporará acciones relacionadas con conservación, adaptación y mitigación frente al cambio climático en territorios indígenas panameños.

La primera etapa alcanzará territorios relacionados con AMARIE, Guna Yala y comunidades Emberá, mientras posteriormente se abrirán oportunidades para incorporar a otros pueblos. Hernández señaló que se contempla ampliar la participación hacia territorios Naso y Ngäbe-Buglé, además de comunidades ubicadas en el occidente del país.

Los programas regionales reportan hasta ahora 56,405 beneficiarios directos y más de 200,000 indirectos, de acuerdo con Hernández. En Panamá se contabilizan aproximadamente 10,000 personas beneficiadas, de las cuales el 58% son mujeres, mientras las iniciativas regionales abarcan más de cinco millones de hectáreas de bosque bajo manejo comunitario.

Pero hasta la forma de medir el éxito está siendo revisada. El Fondo desarrolla indicadores bioculturales porque para una comunidad el regreso de una especie de ave, una mejora en la calidad del agua o que más jóvenes hablen su lengua pueden representar resultados concretos.

Esos avances pueden convivir con hectáreas restauradas o ingresos generados y permiten evaluar los proyectos desde parámetros definidos también por quienes viven en los territorios.

Para Sucre, los gobiernos y la cooperación internacional todavía tienen una tarea pendiente. Las comunidades necesitan acceso a tecnología, acompañamiento productivo, políticas públicas adecuadas y espacios donde puedan decidir qué tipo de economía desean desarrollar.

La tecnología no representa una amenaza por sí misma; el problema es que muchas herramientas capaces de elevar la productividad todavía no están disponibles para quienes trabajan dentro de los territorios.

El encuentro celebrado en Panamá dejó así una idea que atraviesa todo el debate: las comunidades indígenas no están esperando que alguien llegue a inventarles una economía, porque producen, intercambian, conservan y administran recursos desde hace generaciones.

El desafío consiste en lograr que más financiamiento llegue directamente, los emprendimientos puedan crecer y ese progreso económico ocurra sin destruir los bosques, la cultura y los conocimientos que precisamente sostienen su valor.