La paralización inmediata de la construcción de un colector de aguas pluviales y sanitarias en un desarrollo hotelero en Playa Bijao, ubicado en el distrito de Antón, provincia de Coclé, ordenaron las autoridades del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
La decisión, de acuerdo con la entidad, responde a la detección de múltiples infracciones ambientales, así como a riesgos potenciales para el ecosistema marino-costero local.
Durante la inspección realizada por técnicos de la Dirección Nacional de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), se dijo que se constató que la obra carecía de autorización para intervenir el cauce y no contaba con la concesión exigida para descargar aguas residuales.
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Según los informes, se identificaron alteraciones capaces de modificar el flujo natural del cauce, inducir erosión y sedimentación y afectar la calidad del agua en la zona.
Los análisis de campo y los muestreos de agua permitieron acreditar que estas intervenciones podrían tener consecuencias negativas directas sobre el ecosistema marino-costero de Playa Bijao. Las normas ambientales exigen que todo proyecto relacionado con cauces o descargas de aguas residuales cumpla con requisitos legales estrictos.
La directora de DIVEDA, Marilyn García Paredes, remarcó la necesidad de cumplir con la legislación, señalando que “la protección de los recursos naturales exige que toda obra o actividad que intervenga un cauce o realice descargas de aguas residuales cumpla con los requisitos establecidos en la legislación ambiental”.
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Añadió que la responsabilidad de la entidad es verificar el cumplimiento y actuar oportunamente ante irregularidades.
El Ministerio de Ambiente ha otorgado un plazo de 24 horas al responsable de la obra para presentar la solicitud de concesión para la descarga de aguas residuales, lo que permitiría acreditar el inicio del proceso legal correspondiente.
Si el responsable no cumple con la orden de paralización, la normativa faculta a la autoridad ambiental a imponer medidas administrativas más severas.
En términos concretos, MiAmbiente realizará nuevas inspecciones y supervisará la implementación de medidas preventivas y correctivas. Si se detecta la continuación de los trabajos o nuevas descargas sin autorización, se aplicarán sanciones administrativas, como el taponamiento de la tubería utilizada para la descarga ilegal y otras penalidades establecidas por la ley.
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El incumplimiento de esta orden constituye desacato a un acto administrativo, lo que podría derivar en la suspensión definitiva de la obra y, si corresponde, en la demolición de las estructuras levantadas en contravención de la normativa ambiental. Si los hechos revisten carácter delictivo, la situación será remitida a las autoridades competentes para que evalúen posibles responsabilidades penales.
La institución informó que sus actuaciones se apoyan en el marco constitucional y legal vigente, que incluye los artículos 118 y 120 de la Constitución Política, el Texto Único de la Ley 41 de 1998, la Ley 38 de 2000 y los Decretos Ejecutivos N.° 3 y N.° 4 de mayo de 2026. Estas normas establecen los procedimientos y sanciones aplicables para garantizar la protección de los recursos naturales frente a intervenciones no autorizadas.
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El proyecto hotelero en Playa Bijao enfrenta la paralización inmediata de sus trabajos por carecer de permisos y por las potenciales afectaciones al ambiente. La autoridad ambiental seguirá de cerca el caso y no descarta la adopción de medidas más drásticas si se comprueba la reincidencia o la persistencia de irregularidades.
La entidad también informó que realizó la instalación oficial del Comité Nacional para la Protección, Conservación y Manejo Sostenible de las Tortugas Marinas, un espacio permanente de coordinación interinstitucional, asesoría técnica y participación multisectorial orientado a impulsar acciones para la conservación de estas especies en Panamá.
La directora nacional de Costas y Mares, Digna Barsallo, señaló que la instalación del comité marca un paso importante para impulsar la implementación de la Ley 371 de 2023, que establece la protección y conservación de las tortugas marinas y sus hábitats en Panamá.
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