Gobierno panameño presentará proyecto que busca corregir deficiencias del mercado eléctrico

Las sanciones económicas para las empresas eléctricas en Panamá alcanzarán hasta $20 millones conforme al nuevo proyecto de ley avalado por el Consejo de Gabinete.

El objetivo central es, de acuerdo con las autoridades, corregir distorsiones en el mercado y garantizar a la ciudadanía un servicio eléctrico más confiable y supervisado.

La iniciativa responde a las persistentes quejas sobre la calidad del suministro eléctrico, que han incluido fluctuaciones de voltaje, cortes frecuentes y daños a electrodomésticos.

El Ejecutivo aseguró que busca modernizar el sector, robustecer la protección al consumidor y asegurar que las empresas distribuidoras cumplan estándares estrictos de calidad y transparencia.

El texto legal establece que las empresas deberán informar con mayor claridad a los usuarios y atender sus reclamos en plazos definidos.

Si no cumplen los parámetros de calidad, los clientes recibirán créditos automáticos conforme a las normas reglamentarias.

Además, la autoridad reguladora contará con nuevas herramientas para supervisar a las compañías, sancionarlas y exigir rendición de cuentas.

Estas medidas buscan equilibrar la relación entre proveedores y usuarios, fortaleciendo los mecanismos de compensación e indemnización.

El régimen sancionatorio se endurece, mientras que las facultades de fiscalización y cobro coactivo de la autoridad se amplían, permitiendo resarcimientos económicos directos para los clientes finales.

Frente a faltas graves o incumplimientos, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) podrá intervenir temporalmente a los prestadores del servicio eléctrico.

Durante la intervención, un funcionario externo asumirá la gestión operativa de la empresa, sin vínculos comerciales previos ni posteriores con el grupo intervenido durante dos años. Este interventor será pagado por la compañía supervisada.

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de las empresas de distribución de electrificar zonas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas.

La inclusión de estas áreas como parte inherente del servicio permitirá, según Zelmar Rodríguez de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que unas 150 mil familias puedan acceder por primera vez a la energía eléctrica.

La ley también exige la adopción de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición y nuevos estándares de transparencia. Estos requisitos forman parte de los compromisos de inversión destinados a modernizar la infraestructura y asegurar la sostenibilidad del sistema.

El proyecto introduce ajustes normativos para evitar la concentración excesiva de mercado y proteger la competencia. Incluye mecanismos para que los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas concesionarias sean verdaderamente competitivos y transparentes.

Las inversiones necesarias para la expansión y modernización serán reconocidas formalmente dentro de la estructura de costos del sector, para asegurar que las señales económicas permitan su realización.

Así, la ley intenta crear un entorno más equilibrado y orientado al interés público, donde la protección del usuario y la calidad del servicio sean prioridades.

Los cambios propuestos robustecen tanto la fiscalización como el cumplimiento normativo, con el fin de garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados y que el sistema eléctrico avance hacia una mayor eficiencia y cobertura.