
El Consejo de Gabinete dio luz verde a una asignación extraordinaria de fondos para el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), por un monto de $22.1 millones.
De acuerdo con el gobierno, el objetivo es reforzar los programas sociales que buscan garantizar el acceso de las familias más vulnerables a alimentos esenciales mediante la compra de 550.000 quintales de arroz y otros productos de la canasta básica.
Los recursos se incorporarán al presupuesto de inversiones del Estado y serán destinados a la adquisición de aceite, azúcar, pastas, espaguetis, café, sal, atún, guandú, frijoles y sardinas, entre otros rubros.
Esta compra permitirá abastecer ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional, según la resolución oficial.
La solicitud de crédito adicional cuenta con el respaldo del Consejo Económico Nacional (CENA) y la Contraloría General de la República, que han emitido informes favorables sobre la viabilidad financiera y la conveniencia de la medida.
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El Ministerio de Economía y Finanzas fue autorizado para elevar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, paso necesario para su ejecución.
En concreto, la operación implica que el IMA podrá adquirir una cantidad significativa de productos alimenticios de la canasta básica, con el propósito de apoyar los programas sociales que buscan reducir la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables.
La medida se justifica por la necesidad de asegurar la disponibilidad de alimentos y fortalecer la red de distribución estatal.
En la misma sesión, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley para la adhesión de Panamá al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).
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La iniciativa, presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, responde al interés del gobierno en fortalecer la protección del patrimonio cultural nacional.

La membresía facilitará la capacitación de profesionales, el acceso a cooperación técnica internacional y la mejora de la gestión de riesgos que afectan al patrimonio, como el cambio climático, los desastres naturales y la urbanización no planificada.
El proyecto subraya que esta adhesión permitirá a Panamá adoptar políticas públicas alineadas con estándares internacionales y acceder a redes de expertos y buenas prácticas.
Además, la integración al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales es vista como una herramienta estratégica para potenciar el turismo cultural sostenible, la educación patrimonial y el desarrollo local, reforzando el papel de Panamá como actor relevante en la cooperación cultural internacional.
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El proyecto destaca que la adhesión es oportuna y alineada con los compromisos internacionales del Estado.
Los estatutos que Panamá busca ratificar fueron adoptados originalmente en Nueva Delhi en 1956 y han sido objeto de sucesivas modificaciones por la Asamblea General del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales en varias sesiones, la última de ellas la número 33.

El Consejo de Gabinete ha autorizado al ministro Javier Martínez Acha a presentar el proyecto a la Asamblea Nacional para su consideración.
La doble decisión del Consejo de Gabinete apunta tanto a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias panameñas como a consolidar el compromiso del país con la preservación y la valorización de su patrimonio cultural.
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