El Gobierno de Australia expresó este 29 de julio su rechazo al anuncio de la dictadura de Daniel Ortega de que Nicaragua dejará de celebrar elecciones y pidió al régimen nicaragüense que cumpla sus obligaciones internacionales en derechos humanos; además sostuvo que la medida profundiza el desmantelamiento democrático.
En un comunicado oficial, la administración australiana sostuvo que el pueblo nicaragüense “debe tener la posibilidad de elegir a su Gobierno de manera libre y justa”. La declaración enmarca el anuncio como “una escalada en el continuo desmantelamiento de los principios e instituciones democráticas” del país centroamericano.
En la misma declaración, reclamó el restablecimiento de las garantías democráticas y la creación de condiciones para una participación política efectiva, la disidencia pacífica y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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La presión internacional se amplió tras el anuncio de Ortega
El pronunciamiento coloca a Australia entre los gobiernos que han rechazado los movimientos recientes del régimen nicaragüense.
Según la información citada por el medio, también expresaron preocupación o rechazo Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos Alberto Ramdin y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk.
Panamá retiró a su embajador. La acumulación de reacciones refleja el alcance diplomático de una decisión que, para distintos gobiernos y organismos multilaterales, supone un retroceso democrático.
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Ortega, de 80 años, es el dirigente que más tiempo ha ejercido el poder en Nicaragua, con 30 años en total. Integró una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, ocupó la Presidencia entre 1985 y 1990 y regresó al poder en 2007 tras un acuerdo con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán que permitió reducir al 35% el mínimo de votos necesarios para ganar la presidencia.
El miércoles pasado, Porras aseguró que sí habrá elecciones en Nicaragua, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según dijo, blindará el proceso frente a la injerencia extranjera y a los “traidores a la patria”.
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La reforma constitucional extiende el mandato presidencial a siete años
La reacción australiana se suma a una cadena de cuestionamientos internacionales que también alcanzó a la iniciativa presentada en la Asamblea Nacional nicaragüense para ampliar el período presidencial a siete años; dicha reforma fue introducida apenas nueve días después de que Ortega anunciara que eliminarán las elecciones.
La propuesta debatida en la Asamblea Nacional plantea ampliar el período presidencial de cinco a ese plazo, dejar abierta la posibilidad de renovación y, según anunció Rosario Murillo, sería aprobada en septiembre en primera legislatura.
De acuerdo con EFE, el texto fue leído en el plenario por el titular del Parlamento, Gustavo Porras, quien defendió que el sistema de Estado y Gobierno de “Pueblo Presidente” debe ordenarse con períodos efectivos de siete años renovables.
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El documento oficial sostiene que la extensión del mandato permitiría garantizar “estabilidad en visión, operatividad y continuidad”. También afirma que el gobierno debe adecuarse a los plazos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza para cumplir sus objetivos.
La iniciativa queda subordinada a la Presidencia de la República y, según la agencia, se inscribe en un contexto de concentración de poder y de exclusión política. El texto contempla además restricciones para quienes hayan perdido la nacionalidad o sean considerados desestabilizadores del Estado. La modificación incluirá la exclusión de opositores desnacionalizados y señalados como “traidores a la patria”.
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