El occidente salvadoreño concentra el 43% de los feminicidios ocurridos en lo que va del año

La violencia feminicida continúa cobrando vidas en el territorio salvadoreño. El fenómeno persiste en la región occidental del país, donde se concentra el 43% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres registrados entre enero y julio de 2026, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

El informe, que se apoya principalmente en el monitoreo de medios de comunicación, indica que la cifra de casos durante los primeros siete meses de 2026 iguala la cantidad documentada en el mismo periodo de 2025: 14 mujeres han perdido la vida en circunstancias violentas. A pesar de que el número no ha incrementado, la persistencia de estos hechos refleja un patrón sostenido contra mujeres en el país.

La distribución geográfica de los crímenes revela que Santa Ana encabeza la lista con seis casos, lo que representa el 43% del total nacional. Le siguen San Salvador con tres casos (21%), Cabañas con dos (14%) y los departamentos de La Libertad, La Paz y Usulután con un caso cada uno, equivalentes al 7% respectivamente.

El análisis de la ORMUSA destaca la fluctuación mensual de los casos: enero cerró con dos feminicidios, febrero y marzo bajaron a uno y tres respectivamente. Mayo presentó un aumento inusual, con cinco crímenes, mientras que en junio no se registraron hechos de este tipo y julio reportó un caso a la fecha del corte del informe. Esta variabilidad pone en evidencia que la violencia no sigue un patrón predecible, aunque tiende a concentrarse en determinados meses y territorios.

Las características de los casos muestran que la mayoría de las víctimas mantenían una relación cercana o de confianza con sus agresores. El 57.1% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja de la víctima, mientras que el 42.9% restante corresponde a otros agresores, pero que eran conocidos. En total, el 78.6% de las mujeres asesinadas conocían a la persona que las agredió, lo que refuerza la vulnerabilidad en los entornos domésticos y afectivos.

El grupo de edad más afectado corresponde a mujeres entre 31 y 50 años, aunque el informe señala que en el 35.7% de los casos la edad no fue identificada. Los métodos utilizados para cometer los crímenes varían: el 21.4% de las víctimas falleció por arma blanca, el 14.3% por asfixia y otro 14.3% por arma de fuego. Además, se reportaron casos con golpes, objetos contundentes y circunstancias sospechosas, mientras que en tres situaciones no se pudo establecer el método por falta de información pública.

La respuesta institucional muestra limitaciones. En uno de los feminicidios la víctima contaba con medidas de protección vigentes, sin que estas resultaran efectivas para evitar el desenlace fatal. Este dato subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención, así como la importancia de una vigilancia efectiva sobre las órdenes de protección emitidas.

El informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) también identifica desafíos en la investigación y sanción de los responsables, la reparación para los hijos de las víctimas y la adecuación de las estrategias preventivas a las realidades locales.

El 70% de los agresores ha sido detenido

En cuanto a la situación de los responsables, el 70% de los agresores ha sido detenido por las autoridades policiales, según el reporte del observatorio. En total, se registran once capturas de presuntos responsables, mientras que en un caso el agresor se quitó la vida tras cometer el crimen y en otro murió durante la huida. Tres casos permanecen sin información acerca de la situación del agresor.

Las cifras presentadas por la ORMUSA reflejan una tendencia estable en el número de feminicidios, aunque con variaciones en la distribución mensual y territorial.

La falta de información detallada en algunos casos, incluida la edad de la víctima o el método utilizado, limita el análisis integral del fenómeno y pone de manifiesto la necesidad de un registro más riguroso y sistemático por parte de las autoridades competentes.

Las demandas institucionales se enfocan en garantizar investigaciones diligentes, sanciones efectivas, reparación para las familias y mejores medidas de protección, especialmente en territorios donde la letalidad persiste. La atención diferenciada por grupo etario y la adaptación de las estrategias a los contextos locales continúan como retos para lograr una disminución efectiva de la violencia feminicida en El Salvador.