El Congreso de Guatemala aprobó este 29 de julio de 2026 una reforma al Programa de Desarrollo Integral para asegurar el pago de 36,000 quetzales por beneficiario a veteranos militares inscritos que aún no completan las 36 asignaciones mensuales, una modificación que busca destrabar desembolsos pendientes y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
La reforma quedó avalada en redacción final con 107 votos a favor, 26 en contra y 27 ausentes.
Antes, el pleno había aprobado por artículos el nuevo esquema de continuidad de pagos, una disposición transitoria para quienes no han completado las mensualidades y una capacitación extraordinaria para acreditar la corresponsabilidad ambiental.
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Durante la sesión se expuso que hay aproximadamente 43,895 veteranos del primer grupo que todavía no han recibido los pagos establecidos por ley. En el debate político, varios diputados situaron el universo pendiente en torno a 44,000 beneficiarios.
La reforma mantiene el monto total y amplía el plazo para completar los pagos
El decreto reformó el artículo siete del decreto 51-2022 del Congreso de la República. El programa sigue consistiendo en una erogación de 36,000 quetzales para cada beneficiario, ejecutada en un período de tres años, con una asignación mensual de 1,000 quetzales por participación en el Programa de Desarrollo Integral.
El cambio central es que ese plazo podrá prorrogarse por tres años para los beneficiarios con inasistencias en la participación activa, de modo que puedan ser convocados a uno o varios proyectos del programa y recibir la asignación mensual sin exceder las 36 cuotas de 1,000 quetzales.
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Vencido ese plazo adicional, quienes no hayan completado las asignaciones saldrán del programa.
La nueva redacción también ordena que el Ministerio de Desarrollo Social continúe con los desembolsos pendientes hasta completar la totalidad de las 36 asignaciones económicas reconocidas por la ley. Ese pago queda sujeto únicamente al cumplimiento de la participación, que será verificado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y remitido al ministerio encargado de ejecutar los desembolsos.
El aporte económico quedó exento de impuestos y contribuciones. La norma además establece que las erogaciones se ejecutarán a través del sistema bancario nacional y que se facilitará la apertura de una cuenta monetaria a quienes no dispongan de una.
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Los beneficiarios con pagos inconclusos seguirán en el programa
El artículo transitorio aprobado por el pleno dispone que todos los beneficiarios inscritos que antes de esta reforma no hayan completado los 36 pagos mensuales podrán continuar dentro del programa bajo las nuevas condiciones. Ese punto fue avalado con 110 votos a favor, 24 en contra y 26 ausentes.
La enmienda añadida durante la sesión creó además una “capacitación extraordinaria para la acreditación de la corresponsabilidad ambiental”. Por única vez, los beneficiarios regulados en el decreto 51-2022 y sus reformas podrán acreditar ese requisito mediante la aprobación de una jornada extraordinaria de capacitación ambiental impartida por el MARN.
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Esa disposición se aplicará exclusivamente a los beneficiarios de los padrones 2023 y 2024 que tengan pagos pendientes por falta de acreditación de corresponsabilidad ambiental. El ministerio deberá organizar, implementar, evaluar, certificar y registrar la jornada, y su aprobación permitirá destrabar los pagos pendientes. La enmienda fue aprobada con 105 votos a favor, 28 en contra y 27 ausentes.
Los bloques oficializaron su apoyo en el pleno
En declaraciones recogidas por Infobae, el diputado Elmer Palencia del bloque Valor sostuvo: “Nuestro voto fue a favor de esta moción privilegiada con el objetivo de que se pueda entrar a conocer esta importante iniciativa y reformar el decreto 51-2022. Con esta reforma, vamos a poder dar esos pagos pendientes a los 44.100 compañeros veteranos militares”.
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El diputado Alan Rodríguez del bloque Vamos vinculó la reforma con el incumplimiento del Ejecutivo. “Lamentablemente, hoy, a través de una ley, tenemos que llegar a este punto, a que a través de un decreto el Gobierno cumpla con sus obligaciones. Hoy le vamos a decir una vez más al Ejecutivo: cumpla y pague”.
El diputado Jairo Orellana resumió el objetivo inmediato del cambio legal: “Aquí estamos buscando que se cumpla con las treinta y seis cuotas que nuestros veteranos militares este mismo Congreso les aprobó. Este incentivo económico beneficia a muchos de ellos, personas de la tercera edad que reciben este beneficio y les sirve para su sustento”.
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Durante la misma jornada legislativa también hubo pronunciamientos de las bancadas Todos, Unidad Nacional de la Esperanza y Viva a favor de la regularización de esos pagos.
En paralelo, esos bloques impulsaron la derogación del impuesto único sobre inmuebles, debate que compartió la agenda de la sesión con la reforma a la ley de veteranos.
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