Panamá contabiliza 839 reportes sobre transacciones financieras sospechosas hasta junio de 2026

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá recibió 839 reportes de operaciones sospechosas (ROS) durante el primer semestre de 2026, lo que representa una disminución de veintitrés por ciento frente a los 1,089 remitidos en el mismo periodo del año pasado.

Aunque el balance semestral muestra una caída, el comportamiento mensual revela una aceleración durante el segundo trimestre. En enero se presentaron 117 reportes; en febrero, 102; y en marzo, 126. El primer trimestre cerró así con 345 alertas.

En abril la cifra aumentó a 153, en mayo se situó en 143 y en junio escaló hasta 198, el volumen mensual más alto del semestre. Entre abril y junio se acumularon 494 reportes, cuarenta y tres por ciento más que los recibidos durante los tres primeros meses del año.

Un ROS no significa que se haya comprobado un delito. Se trata de una alerta generada cuando una transacción, el comportamiento de un cliente o el movimiento de determinados recursos no guarda relación con su perfil económico, carece de una explicación razonable o presenta señales que podrían vincularla con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o delitos precedentes.

La UAF es el organismo estatal encargado de recibir, centralizar y analizar esa información bajo estrictos parámetros de confidencialidad. Su función consiste en transformar datos dispersos en inteligencia financiera y, cuando encuentra elementos relevantes, remitir los resultados a las autoridades competentes. No sustituye al Ministerio Público ni determina culpabilidades.

Ese trabajo es importante porque permite seguir la ruta del dinero, detectar estructuras que utilizan negocios legales para ocultar fondos ilícitos y advertir movimientos que, vistos de manera aislada, podrían parecer normales.

La obligación de reportar está contemplada en la Ley 23 de 2015 y forma parte del sistema panameño de prevención del blanqueo de capitales.

Los bancos concentran las alertas

El sector financiero originó 798 reportes hasta junio, equivalentes al 95% del total. Los bancos aportaron 694, es decir, más de ocho de cada diez alertas recibidas por la UAF. Sin embargo, el número fue doce por ciento inferior a los 788 reportados durante el primer semestre de 2025.

Las empresas de remesas ocuparon la segunda posición, con 41 reportes, pero registraron una caída de cuarenta y ocho por ciento frente a los 79 del año anterior. Las financieras presentaron 27, un aumento de 4%; las cooperativas, ocho; las casas de valores y las fiduciarias, siete cada una; las aseguradoras, seis; y los emisores de medios de pago y dinero electrónico, cinco.

El listado se completa con dos reportes del sector de leasing y uno de factoring. Frente a 2025, seguros disminuyó 88%; emisores de medios de pago, 83%; fiduciarias, 74%; leasing, 60%; cooperativas, 38%; y valores, 22%. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y las casas de cambio, que habían remitido cuatro y dos alertas, respectivamente, no presentaron ninguna hasta junio de 2026.

El sector no financiero generó apenas 41 reportes, el 5% del total y 27% menos que un año antes. Los juegos de azar encabezaron este grupo con 19 alertas, un incremento de 58%; seguidos por los abogados, con 17, aunque esta última cifra cayó cuarenta y ocho por ciento. Bienes raíces pasó de uno a cuatro reportes, un aumento de 300%, mientras la venta de automóviles se mantuvo en uno. No se recibieron alertas de entidades públicas supervisadas ni casas de empeño.

La serie histórica evidencia una disminución sostenida en el volumen de reportes. En 2022 la UAF recibió 5,028; en 2023 fueron 3,137; en 2024 bajaron a 2,611 y en 2025 cerraron en 2,011. La primera mitad de dos mil veintiséis añadió otros 839.

Buena parte de esa reducción se explica por el comportamiento de las remesas: pasaron de 3,236 reportes en 2022 a 1,247 en 2023, 735 en 2024, 173 en 2025 y solo 41 durante el primer semestre actual. Los bancos, en cambio, han mantenido el mayor volumen registrado: reportaron 1,519 alertas en 2023, 1,444 en 2024, 1,425 en 2025 y seiscientos noventa y cuatro hasta junio de 2026.

La caída de los ROS no debe interpretarse automáticamente como una reducción del riesgo criminal. También puede responder a cambios en los criterios de reporte, mejoras en los filtros internos o una menor actividad de determinados sectores. Un descenso demasiado pronunciado, sin embargo, obliga a examinar si todos los sujetos obligados están detectando y comunicando las señales correspondientes.

Al 9 de julio de 2026 había 16,727 sujetos obligados inscritos: 12,489 supervisados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, 3,468 por la Superintendencia de Seguros, 468 por la Superintendencia de Bancos, 158 por el Ipacoop y 144 por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Entre ellos figuran bancos, remesadoras, financieras, fiduciarias, aseguradoras, cooperativas, casas de valores, casinos, inmobiliarias, promotores, vendedores de automóviles, abogados y otras actividades profesionales o comerciales expuestas al movimiento de fondos. Deben reportar porque ocupan la primera línea de detección: son quienes conocen al cliente, observan las transacciones y pueden identificar cuándo el dinero comienza a comportarse de manera extraña.