Un conductor nicaragüense enfrenta cargos por tráfico ilícito de migrantes ante la Fiscalía de Flagrancia de Liberia, luego de que las autoridades hallaran a otro ciudadano de su país oculto en el camarote de su camión durante un control fronterizo en Costa Rica, informó la Dirección General de Migración y Extranjería.
El migrante no portaba pasaporte e intentaba evadir los controles de ingreso a Costa Rica, según las autoridades. La institución no reveló la identidad de ninguno de los dos hombres ni precisó el puesto fronterizo donde ocurrió la detención. Tampoco informó si el migrante será sometido a un proceso administrativo por ingreso irregular.
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El camarote del camión en la frontera norte
El caso se suma a otros detectados en la frontera norte de Costa Rica. En lo que va de 2026, hubo 11 presuntos traficantes de personas detenidos solo en el puesto de Peñas Blancas, según datos de la Policía de Fronteras publicados en junio.
Los dos casos más recientes antes de este arresto también involucraron conductores de camiones de carga con personas ocultas en el compartimento de descanso del vehículo.
En uno, un escáner móvil detectó a dos mujeres nicaragüenses escondidas en el camarote de un cabezal que se dirigía hacia Nicaragua. En el otro, ocurrido el 10 de junio, el conductor transportaba oculta a una niña salvadoreña sin documentación migratoria.
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El camarote, el espacio de descanso del conductor, aparece de forma reiterada como escondite en esta ruta.
Redes de tráfico y cobros por cruce
Los conductores detenidos conviven con estructuras criminales de mayor escala. En febrero de 2026, el Organismo de Investigación Judicial desarticuló la red conocida como Los Talibanes en Los Chiles, en la zona norte del país, con un operativo que movilizó cerca de 600 oficiales y más de 120 jueces y fiscales.
La organización movilizaba entre 150 y 200 personas por jornada y cobraba entre 8,000 y 15.000 colones ( 17 a 33 USD) por cruzar la frontera. El director interino del OIJ, Michael Soto, declaró que “se identificaron 117 víctimas en 44 eventos, tanto de tráfico de personas como de robos agravados”, muchas de ellas despojadas de dinero y pertenencias tras cruzar.
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Según el OIJ, la red generaba ingresos mensuales de hasta 70 millones de colones y contaba con la complicidad de funcionarios policiales.
Una investigación por manipulación de controles
La presión sobre los controles fronterizos también expone fallas dentro del sistema migratorio. El 15 de julio, un día antes del arresto del transportista nicaragüense, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo a una oficial de apellido Barquero en el aeropuerto Juan Santamaría, acusada de manipular los sistemas informáticos de control migratorio para facilitar el ingreso de un extranjero vinculado, según organismos de inteligencia, a una organización terrorista internacional.
La investigación, tramitada bajo el expediente 26-000215-1218-PE, busca determinar si la oficial actuó sola o como parte de una estructura dedicada a falsificar registros de ingreso al país.
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La política migratoria del Gobierno
Desde que asumió en mayo, la presidenta Laura Fernández colocó el control migratorio en el centro de su agenda de seguridad, con una política de “mano dura” que vincula la migración irregular con el combate al crimen organizado.
Las autoridades costarricenses deportaron o expulsaron a decenas de personas en situación irregular durante los primeros meses de su administración. En los primeros días de julio, la Dirección General de Migración coordinó la expulsión obligatoria de 28 personas, en su mayoría nicaragüenses, muchas de ellas liberadas de prisiones costarricenses tras cumplir condenas.
El tráfico ilícito de personas, facilitar el ingreso irregular a cambio de un beneficio económico, es un delito distinto de la trata de personas, que implica explotación de las víctimas. Esa diferencia determina los cargos y los procedimientos judiciales que enfrentará el transportista detenido.
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