Panamá sostiene un régimen de zonas francas vigente desde 1990, con un aporte de 3.5 al PIB, pero la caída del número de empresas y el avance de Costa Rica, República Dominicana y Colombia empujan al país a modernizar incentivos, procesos y formación laboral para preservar su posición regional.
El retroceso más claro aparece en la base empresarial: las compañías pasaron de 128 en 2018 a 116 en 2021, pese a que el país cuenta con 24 zonas francas. Ese dato convive con una estructura que registra 1,680 empleos directos, 3,014 indirectos y un salario promedio de $1,250.
El esquema también mueve comercio e inversión. El texto base atribuye al régimen exportaciones por USD 143 millones, importaciones por USD 178 millones e inversión por USD 244 millones, mientras que en el panorama acumulado menciona una inversión de USD 787 millones hasta 2018 y una contribución al PIB de USD 981 millones.
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El régimen ofrece exoneraciones amplias y respaldo legal específico
La arquitectura de incentivos se apoya en las leyes 29 de 1992, 41 de 2004 y 32 de 2011. Ese marco legal concede exoneración total o parcial del Impuesto sobre la Renta, del ITBMS y de los impuestos de importación y exportación, además de seguridad jurídica, libertad para repatriar capitales y beneficios laborales y migratorios especiales.
El régimen de zonas francas y esquemas especiales como el de Sedes de Empresas Multinacionales incorpora exoneraciones del 100% sobre ingresos generados por exportaciones y servicios al exterior. Para las empresas SEM, el texto menciona una tasa fija reducida, habitualmente del 5%.
También se contemplan exenciones sobre aranceles de importación de materias primas, equipos y materiales de construcción, así como sobre impuestos municipales, patentes y ganancias de capital bajo las condiciones del régimen.
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A eso se suma una normativa de sustancia económica adoptada para adecuarse a estándares de la Unión Europea, que exige a las multinacionales con renta pasiva extranjera contar con infraestructura real y personal administrativo en el país.
La supervisión institucional se distribuye entre el Ministerio de Comercio e Industrias, como principal entidad reguladora y promotora del régimen y del comercio exterior; el Consejo Nacional de Zonas Francas, encargado de la aprobación y seguimiento; y la Autoridad del Área Económica Especial Panamá Pacífico, con competencia específica sobre esa área.
La competencia regional se apoya en tecnología, sostenibilidad y trámites más ágiles
El desafío central para Panamá ya no se limita a atraer empresas con ventajas logísticas asociadas al Canal. La respuesta panameña se organiza en tres frentes. El primero es la sostenibilidad, con la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza para atraer multinacionales que exigen operaciones con huella de carbono neutral.
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El segundo es la adopción tecnológica. El plan apunta a automatizar procesos aduaneros, desplegar ventanillas únicas digitales y promover centros de datos y empresas de valor agregado tecnológico dentro de las zonas.
El tercero es la capacitación laboral. El objetivo es desarrollar programas de formación técnica y profesional ajustados a las demandas de la economía digital y de las industrias de alta tecnología.
Las empresas buscan retener personal con beneficios fiscales y flexibilidad
La competencia regional también se expresa en el mercado laboral. El texto señala que las organizaciones en Panamá recurren a estrategias que van más allá del salario base para sostener su competitividad frente a otros destinos.
Las compañías también priorizan programas de desarrollo de habilidades técnicas y blandas para reducir rotación y fortalecer lealtad interna. A eso se añaden esquemas híbridos de trabajo, atención a la salud mental y facilidades migratorias para ejecutivos extranjeros de confianza dentro del régimen.
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