Las autoridades costarricenses solicitaron a Estados Unidos que reconsidere la imposición de un arancel del 12.5 % a sus exportaciones, medida contemplada por la administración de Donald Trump en el contexto de una investigación sobre trabajo forzado.
El Gobierno de Costa Rica también defendió la participación nacional en las cadenas productivas de la región.
El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica notificó que presentó comentarios ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La gestión busca que los productos costarricenses sean excluidos de la medida arancelaria impulsada por el gobierno estadounidense. El principal objetivo es salvaguardar las condiciones de acceso establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
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Según un comunicado oficial, la ministra Indiana Trejos manifestó que “Costa Rica no busca reemplazar la producción estadounidense, sino reforzarla mediante cadenas de suministros regionales más seguras, diversificadas y competitivas”.
De acuerdo con la funcionaria, los bienes costarricenses “forman parte de cadenas integradas que contribuyen a fortalecer la seguridad, la diversificación y la competitividad”.
La propuesta de la USTR se presentó el 3 de junio y prevé aranceles del 10 % o del 12.5 % dependiendo de la categoría asignada a cada economía. El argumento central es que varios países no han aplicado acciones suficientes para evitar el ingreso de productos fabricados con trabajo forzoso en terceros países.
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Para Costa Rica, el arancel contemplado alcanzaría el 12.5 %, lo que, según el Gobierno, afectaría su acceso al mercado estadounidense, principal destino de sus exportaciones. La investigación de la USTR incluye a sesenta economías. Entre ellas se encuentran México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, además de Costa Rica. Todos estos países fueron señalados por la supuesta falta de controles suficientes para impedir la importación de bienes producidos bajo condiciones laborales irregulares.
Antes de que la medida entre en vigor, la propuesta estadounidense será sometida a un proceso de consulta pública y una serie de audiencias. En ese contexto, los países referidos podrán presentar sus argumentos y solicitar ser excluidos de la medida arancelaria. Costa Rica, por su parte, ha reiterado la relevancia del acceso preferencial garantizado por el CAFTA-DR y la importancia de su integración en las cadenas regionales.
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La ministra Indiana Trejos subrayó que la economía costarricense aporta a la seguridad y la competitividad de la región, complementando los sectores productivos de Estados Unidos. El Gobierno insiste en que la colaboración regional es esencial para mantener cadenas de suministro sólidas y diversificadas.
El proceso de consulta será clave para que Costa Rica exponga su postura ante las autoridades estadounidenses y busque evitar la imposición del nuevo arancel. El resultado determinará si los bienes costarricenses mantendrán el acceso preferencial al mercado estadounidense, en el marco de las condiciones comerciales vigentes.
La inclusión de Costa Rica en la lista de países observados por la USTR responde a una tendencia de endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos.
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Las autoridades costarricenses continúan defendiendo los intereses del sector exportador nacional, convencidas de que la integración económica y la cooperación regional resultan fundamentales para el desarrollo de ambas partes.
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