Después de la licitación fallida, Panamá relanza el teleférico de San Miguelito con cambios en el proceso

El presidente José Raúl Mulino anunció este lunes que el teleférico urbano de San Miguelito avanzó a una nueva etapa con la publicación de los pliegos de contratación, reactivación para un proyecto de movilidad pensado para conectar zonas con acceso limitado y complementar la Línea 2 del Metro, después de que en mayo la licitación quedara desierta por falta de financiamiento.

Ese revés se produjo el 28 de mayo de 2026, cuando ninguno de los dos consorcios precalificados presentó oferta económica y técnica dentro del plazo fijado por Metro de Panamá, según informó Infobae. La entidad atribuyó el resultado a que no fue posible alcanzar la “bancarización” del proyecto, estructurar el respaldo financiero exigido para ejecutar la obra bajo el esquema planteado.

“El Teleférico de San Miguelito va. Se han subido los pliegos para los servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del Proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito, con opción de mantenimiento”, publicó Mulino en su red social X.

La obra prevé un sistema de transporte por cable de 6.6 kilómetros con seis estaciones entre los distritos de Panamá y San Miguelito. La capacidad inicial proyectada es de entre 2,800 pasajeros por hora y 3,600 por hora en cada sentido, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

El trazado principal unirá Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. Las cabinas tendrán capacidad para entre 10 y 12 pasajeros y contarán con condiciones de accesibilidad.

La licitación anterior fracasó por la falta de cierre financiero

La licitación internacional se desarrolla bajo la modalidad de mejor valor. Antes del nuevo anuncio presidencial, dos consorcios habían superado la precalificación: el Consorcio Teleférico SPE, con empresas de Panamá, República Dominicana y México, y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por compañías de España y Austria.

De acuerdo con Centroamérica360 y con la información oficial, el proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la movilidad urbana en Panamá y busca mejorar el traslado en sectores con calles estrechas y pendientes pronunciadas, reducir la congestión vehicular en áreas con alta concentración de población y sostener su ejecución con estudios ambientales y coordinación territorial.

En la etapa anterior, Metro de Panamá introdujo al menos 10 adendas y reprogramó en varias ocasiones la fecha de recepción de ofertas. El acto de presentación fue aplazado cinco veces mientras la entidad ajustaba condiciones para intentar aumentar la viabilidad económica y atraer financiamiento, consignó el medio.

Una de las últimas modificaciones fue la Adenda No. 10, que reestructuró garantías económicas y condiciones contractuales. El cambio consistió en que la fianza de propuesta dejó de calcularse sobre el valor total de la oferta y pasó a medirse únicamente sobre la inversión inicial requerida para desarrollar el proyecto.

Esa adenda diferenció dos componentes económicos: el Componente A, correspondiente a la inversión inicial para diseñar, financiar y construir el teleférico, y el Componente B, asociado a los pagos por operación y mantenimiento una vez entre en funcionamiento. También incorporó una Fianza de Cumplimiento de Inversión para asegurar la ejecución de los desembolsos comprometidos en la fase preoperativa.

El proyecto busca enlazar San Miguelito con la Línea 2 del Metro

El teleférico fue concebido como una alternativa para aliviar los tiempos de traslado en San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, y reforzar la conexión con otras zonas de la capital. La conexión prevista en Cincuentenario permitiría articular el nuevo sistema con la Línea 2 del Metro.

La revisión del proyecto no quedó cerrada tras la licitación desierta. Metro de Panamá había anticipado que evaluaría de forma integral las condiciones financieras, la distribución de riesgos entre el Estado y el futuro operador privado, así como la viabilidad contractual de la iniciativa, incluidas posibles modificaciones al esquema de concesión o a la estructura financiera.