Autoridades alertan por aumento de autosecuestros en Honduras: siete casos en lo que va del año

Las investigaciones establecieron que algunos implicados buscaban ausentarse del hogar sin avisar a sus familiares, mientras otros intentaron obtener dinero.

La UNAS-DPI concluyó que las denuncias falsas respondían a conflictos personales o a un interés económico
La UNAS-DPI concluyó que las denuncias falsas respondían a conflictos personales o a un interés económico.
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La Dirección Policial de Investigaciones informó que en lo que va de 2026 identificó siete casos de autosecuestro, tres de ellos con menores de edad. Según la Unidad Nacional Antisecuestros, las supuestas víctimas no estuvieron privadas de libertad y ahora enfrentan procesos por presunta simulación de infracción inexistente.

De acuerdo con la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI), las investigaciones establecieron que las denuncias correspondían a secuestros fingidos para obtener dinero o para ausentarse voluntariamente del hogar.

Tras recibir las denuncias, la DPI activó protocolos de búsqueda e investigación con equipos especializados. A medida que avanzaron las diligencias, se comprobó que los secuestros habían sido fingidos y los denunciantes pasaron de víctimas a sospechosos dentro de los expedientes.

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Motivos detectados en los casos

Las investigaciones de la UNAS-DPI indican que detrás de estos hechos predominan dos razones principales.

La primera está vinculada con conflictos familiares o sentimentales. En esos casos, algunas personas fingen un secuestro para abandonar su hogar sin informar a sus familiares, a veces con el propósito de iniciar una nueva relación o evitar confrontaciones personales.

La segunda modalidad responde a un interés económico. Según las pesquisas, algunos involucrados buscan obtener dinero de sus propios familiares mediante falsas exigencias de rescate, a partir de la preocupación que genera una supuesta desaparición.

La UNAS-DPI concluyó que las denuncias falsas respondían a conflictos personales o a un interés económico
La DPI reportó siete autosecuestros en 2026, tres de ellos con menores de edad

Qué delito se investiga

La DPI recordó que simular la comisión de un delito constituye una conducta sancionada por la legislación hondureña.

Las siete personas identificadas en estos casos son investigadas por el presunto delito de simulación de infracción inexistente, que contempla penas de uno a dos años de reclusión, según el Código Penal.

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Las autoridades señalaron que estas acciones también generan consecuencias económicas para el Estado por el despliegue de personal, vehículos y equipos especializados durante las operaciones de búsqueda.

El pedido a la población

Ante el aumento de estos casos, la Dirección Policial de Investigaciones exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar denuncias falsas que impliquen la movilización innecesaria de recursos públicos.

También hizo un llamado a madres, padres y tutores para fortalecer la comunicación con niños y adolescentes, ya que tres de los casos detectados este año corresponden a menores de edad.

La institución señaló que el diálogo familiar y la atención oportuna de conflictos personales pueden contribuir a prevenir estas situaciones.

Cómo actúa la DPI

La DPI reiteró que toda denuncia por desaparición o secuestro es atendida bajo los protocolos establecidos, sin asumir de forma anticipada que se trate de un hecho simulado.

La UNAS-DPI concluyó que las denuncias falsas respondían a conflictos personales o a un interés económico
La DPI reportó siete autosecuestros en 2026, tres de ellos con menores de edad

Advirtió, no obstante, que cuando las investigaciones determinan que la información proporcionada fue falsa, se inicia el procedimiento correspondiente para deducir responsabilidades penales.

Las autoridades insistieron en que la prioridad de la institución sigue siendo garantizar una respuesta rápida ante secuestros reales y proteger a las víctimas de este delito.

Finalmente, la DPI reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y verificación en cada denuncia que reciba, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna ante casos reales y evitar el uso indebido de los recursos destinados a la atención de emergencias.

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