Capturan en Panamá a prófugo condenado por homicidio y otros delitos en Colombia

Las autoridades panameñas iniciaron el proceso para deportar y extraditar a un ciudadano colombiano que permanecía de forma irregular en el país y que era requerido por la justicia de Colombia para cumplir varias condenas por delitos graves, en un contexto en el que Panamá ha intensificado las acciones migratorias y policiales contra extranjeros con antecedentes penales y personas buscadas por distintos delitos.

La captura fue realizada por unidades del Servicio Policial Motorizado Lince en la avenida Mariano Rivera, en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.

Según informó la Policía Nacional, durante una verificación de rutina los agentes solicitaron al hombre su documento de identidad. El ciudadano manifestó ser extranjero y encontrarse en condición migratoria irregular, por lo que fue trasladado para realizar las verificaciones correspondientes.

Las coordinaciones efectuadas con las autoridades colombianas permitieron establecer que mantenía condenas pendientes por homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas de fuego, además de municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.

Tras confirmar su identidad y situación judicial, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de legalización de su aprehensión y los trámites de extradición hacia Colombia.

El caso ocurre en momentos en que Panamá mantiene una política de control migratorio dirigida tanto a personas que ingresan de forma irregular como a extranjeros con antecedentes penales.

De acuerdo con las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Migración, entre enero y mayo de 2026 se registraron 479 deportaciones y expulsiones, de las cuales 279 correspondieron a deportaciones y 200 a expulsiones. Solo durante mayo se contabilizaron 112 procedimientos, la segunda cifra mensual más alta del año después de enero, cuando se realizaron 172.

Las estadísticas oficiales muestran además que el 82 % de las personas deportadas o expulsadas fueron hombres (395 casos), mientras que las mujeres representaron el 18 % del total, con 84 registros.

El principal motivo para aplicar estas medidas migratorias fue el ingreso irregular al país, causal que acumuló 268 casos hasta mayo. Le siguieron los procesos relacionados con delitos contra la seguridad colectiva, especialmente por tráfico internacional de drogas, con 105 casos; antecedentes penales, con 20; estadía vencida, con 17; y el reingreso al país después de haber sido deportado, con otros 14 expedientes

Las cifras también reflejan que Colombia es el país con mayor número de ciudadanos deportados o expulsados de Panamá durante este año, con 245 casos registrados hasta mayo, muy por encima de Nicaragua (108) y Venezuela (40). Ecuador aparece con 17 casos, seguido de México con 10 y El Salvador con ocho.

Paralelamente a las acciones migratorias, la Policía Nacional mantiene operativos para ubicar a personas requeridas por la justicia panameña.

Durante las acciones preventivas desarrolladas el fin de semana fueron aprehendidas 12 personas por distintos delitos y faltas administrativas.

Entre los casos más relevantes figura la captura de un hombre mediante un punto de control instalado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos. El ciudadano era requerido por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso, y está presuntamente vinculado a un hecho ocurrido el 20 de julio de 2025 en la comunidad de La Mesa, corregimiento de San Martín.

En otro operativo realizado en el sector de Tres Quebradas, las unidades policiales también detuvieron a un ciudadano requerido por el delito contra el patrimonio económico, específicamente por estafa.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia, control y verificación de antecedentes que se desarrollan en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar a personas buscadas por la justicia, reforzar la seguridad ciudadana y detectar a extranjeros que permanezcan en Panamá al margen de la legislación migratoria vigente.