La OEA concluye su Asamblea en Panamá con 15 acuerdos para fortalecer la democracia y la seguridad regional

La 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó en Panamá con un amplio paquete de declaraciones y resoluciones que abarcan desde la defensa de la democracia y la seguridad hemisférica hasta la situación política en Bolivia y Nicaragua, además de iniciativas en materia de salud mental, discapacidad, telecomunicaciones y desarrollo integral.

Durante tres días de reuniones en Ciudad de Panamá, los 34 Estados miembros activos debatieron bajo el lema "Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos“, una consigna que finalmente quedó plasmada en la denominada Declaración de Panamá, el principal documento político adoptado por la Asamblea.

En esa declaración, los países reafirmaron su compromiso con la democracia representativa, el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo como mecanismo para enfrentar los desafíos comunes de la región.

También destacaron la necesidad de ampliar la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, los delitos ambientales y el lavado de dinero y las amenazas cibernéticas.

El documento también reconoce el papel estratégico de infraestructuras críticas para el hemisferio, entre ellas el Canal de Panamá, al que identifica como un elemento clave para el comercio internacional, la conectividad regional y la seguridad económica y alimentaria de las Américas.

Asimismo, los Estados miembros respaldaron la creación del Observatorio Hemisférico sobre Crimen Organizado y Mercados Ilícitos, una iniciativa desarrollada conjuntamente entre la OEA y CAF para fortalecer el análisis y la formulación de políticas públicas contra las redes criminales transnacionales.

Uno de los temas políticos de mayor relevancia fue Bolivia. Mediante una resolución específica, la Asamblea General respaldó el despliegue de una misión de alto nivel para apoyar al gobierno democráticamente electo en sus esfuerzos por restablecer la paz y preservar el orden constitucional, al tiempo que rechazó cualquier acto de violencia, afectación a los derechos humanos o acciones que comprometan la estabilidad democrática del país.

Otra de las decisiones de mayor impacto estuvo relacionada con Nicaragua. Los Estados miembros aprobaron una declaración en la que expresaron su profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento del orden democrático bajo el gobierno de Daniel Ortega.

El texto condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y violaciones documentadas por organismos internacionales, además de instar al Estado nicaragüense a restablecer las libertades fundamentales, garantizar la participación política y facilitar el retorno seguro de las personas exiliadas.

La Asamblea también volvió a pronunciarse sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Por aclamación, aprobó una declaración que reitera la necesidad de que ambos países reanuden, cuanto antes, las negociaciones para encontrar una solución pacífica al diferendo de soberanía, al tiempo que reconoció la disposición manifestada por el gobierno argentino para mantener esa vía diplomática.

En materia institucional, los países aprobaron la extensión del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad; una resolución para conmemorar los 25 años de la Carta Democrática Interamericana; otra destinada a fortalecer las iniciativas hemisféricas de desarrollo integral; una declaración para impulsar acciones intersectoriales en favor de la salud mental; además de resoluciones relacionadas con las telecomunicaciones, el presupuesto de la organización para 2027, la reforma del Tribunal Administrativo y la gestión de mandatos.

Durante la sesión de clausura también fueron elegidos los nuevos integrantes del Comité Jurídico Interamericano, el Tribunal Administrativo, el Comité de Auditoría y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), quienes asumirán funciones el 1 de enero de 2027. En el caso del CEJA quedó pendiente una tercera vacante, cuya elección será organizada posteriormente por el Consejo Permanente.

La Asamblea General también adoptó una resolución de agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Panamá por la organización del encuentro y reconoció la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 como uno de los antecedentes históricos del multilateralismo americano.

Asimismo, destacó el liderazgo del presidente José Raúl Mulino y del canciller Javier Martínez-Acha en la organización de la reunión hemisférica, que durante esta semana convirtió a Panamá en el principal escenario diplomático del continente.