Horarios extendidos en centros de salud ya son ley en Panamá, pero su aplicación dependerá de recursos y personal

Panamá ya tiene una ley para extender los horarios de atención en centros de salud, pero el verdadero desafío comienza ahora: convertir la norma en servicios disponibles para los pacientes.

La Ley 528, impulsada por el diputado independiente Betserai Richards y publicada en la Gaceta Oficial, obliga al Estado a avanzar hacia una mayor cobertura de atención primaria, aunque su ejecución dependerá de presupuesto, personal médico e infraestructura.

La norma fue aprobada por insistencia en la Asamblea Nacional luego de que el Órgano Ejecutivo expresara reservas sobre su viabilidad operativa y financiera. Sin embargo, tras superar ese trámite legislativo, la iniciativa se convirtió oficialmente en ley de la República y establece una nueva hoja de ruta para ampliar la atención médica en el sistema público de salud.

El objetivo central de la legislación es garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud mediante la ampliación de horarios en centros de salud, subcentros, policentros, MINSA-CAPSI y otras instalaciones de atención primaria.

La ley también busca fortalecer la capacidad de atención de los servicios sanitarios, mejorar la cobertura en las distintas regiones del país y promover una atención médica más permanente para la población.

Uno de los elementos más importantes del texto es que ordena al Ministerio de Salud procurar que en cada región sanitaria exista al menos una instalación de atención primaria con horarios extendidos.

La definición de esos horarios quedará en manos del propio ministerio, que deberá considerar factores como las necesidades de la población, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios disponibles en cada región.

La ley establece además que durante los horarios extendidos deberá existir personal médico, administrativo y de apoyo suficiente para garantizar el funcionamiento de las instalaciones. También contempla atención durante sábados y domingos, con la posibilidad de ampliar la oferta de servicios según la planificación regional.

Otro aspecto relevante es que la normativa ordena al Ministerio de Salud organizar servicios de segundo nivel procurando que cada región cuente con al menos una instalación que opere de forma continua las 24 horas, equipada con los insumos necesarios para brindar atención oportuna a los pacientes.

La iniciativa impulsada por Betserai Richards surgió en medio de los reclamos ciudadanos por las dificultades para obtener citas médicas, los largos tiempos de espera y la limitada disponibilidad de atención fuera de los horarios laborales tradicionales. Su promotor sostienen que muchas personas no pueden acudir a un centro de salud durante el día debido a sus jornadas de trabajo, lo que termina trasladando casos de atención primaria a los servicios de urgencias hospitalarias.

La ley también incorpora objetivos complementarios. Entre ellos se encuentran fortalecer hospitales, centros y puestos de salud; mejorar la participación comunitaria en la planificación de programas sanitarios; facilitar la incorporación de médicos internos al sistema público y modernizar los mecanismos de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Sin embargo, durante la discusión del proyecto el Gobierno manifestó preocupaciones sobre la capacidad real del sistema para cumplir con las nuevas obligaciones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha señalado en diversas ocasiones que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema sanitario es la falta de personal en determinadas regiones del país.

El funcionario ha advertido que ampliar horarios implica disponer de más médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo, además de garantizar medicamentos, equipos y recursos para sostener la operación de las instalaciones.

Las preocupaciones también alcanzan el aspecto financiero. La nueva ley establece que el Órgano Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto General del Estado las asignaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud en horarios extendidos, así como el suministro de medicamentos e insumos requeridos para su funcionamiento.

Además, obliga al Ministerio de Salud a garantizar el pago oportuno de las prestaciones económicas del personal que labore bajo estos esquemas.

El presidente José Raúl Mulino también ha manifestado reservas sobre proyectos que generen nuevas obligaciones de gasto sin una evaluación detallada de su impacto presupuestario. La posición del Ejecutivo durante el debate legislativo giró precisamente en torno a la necesidad de asegurar que cualquier ampliación de servicios cuente con financiamiento sostenible y capacidad operativa real.

La ley establece además que el Ministerio de Salud deberá coordinar acciones con la Caja de Seguro Social para lograr sus objetivos y mejorar la cobertura sanitaria en todo el país.

Ahora comienza la etapa más compleja: la reglamentación y posterior implementación de la norma. La propia legislación reconoce que la aplicación dependerá de la planificación regional y de la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Para sus defensores, la medida representa un paso importante para acercar la atención médica a miles de panameños que enfrentan dificultades para acceder a consultas durante la jornada laboral. Para sus críticos, el desafío será evitar que la ley quede en el papel y lograr que los horarios extendidos se traduzcan en servicios efectivos, personal suficiente y medicamentos disponibles para los pacientes.

La publicación de la Ley 528 cierra el debate legislativo, pero abre una discusión aún más importante: si el sistema de salud panameño cuenta con la capacidad necesaria para convertir una aspiración ciudadana en una realidad cotidiana.