La defensa de Juan Orlando Hernández anunció que pedirá la devolución de los bienes asegurados por el Estado hondureño y evaluará reclamar una indemnización por su administración.
La medida coincide con el regreso del exmandatario a Honduras, previsto para este domingo 26 de julio, por el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.
Uno de ellos es la acción de privación definitiva de dominio promovida por el Ministerio Público sobre bienes vinculados al exmandatario, un expediente que sigue pendiente de resolución y que la defensa enfrentará con nuevos argumentos.
La apoderada legal de Hernández, Anguie Colindres, confirmó que el equipo jurídico solicitará formalmente la devolución de las propiedades aseguradas, al considerar que cambiaron las circunstancias que dieron origen al proceso.
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Colindres afirmó que el expediente de privación de dominio se construyó con base en el proceso penal que Hernández enfrentó en territorio estadounidense.
Por eso sostuvo que, tras la desestimación de los cargos y el indulto presidencial otorgado por Donald Trump, el Ministerio Público deberá justificar nuevamente los fundamentos legales que mantienen vigente la acción sobre el patrimonio del exgobernante.
Nuevas bases jurídicas
En una entrevista televisiva, la abogada cuestionó cuál será la base jurídica para sostener el proceso si, según la postura de la defensa, el expresidente ya no enfrenta causas pendientes en Estados Unidos.
Insistió además en que el juicio desarrollado en ese país estuvo sustentado en declaraciones de personas condenadas que, según dijo, buscaban obtener beneficios judiciales.

Otro de los puntos que la defensa pretende llevar a los tribunales se relaciona con el manejo que recibieron algunos bienes asegurados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
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Colindres cuestionó qué ocurrirá con aquellos activos que fueron vendidos o administrados durante el proceso y quién asumiría una eventual responsabilidad si los tribunales determinan que la privación de dominio no procede.
Entre los bienes mencionó semovientes y otros activos que, según la defensa, pudieron haber sufrido deterioro, pérdida de valor o haber sido enajenados mientras permanecían bajo administración estatal.
¿Exigirán indenmización?
La abogada adelantó que también evaluarán la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños que, a su juicio, habría ocasionado la administración de esos bienes durante los últimos años.
Como parte de la nueva estrategia, la defensa informó que ya solicitó asistencia jurídica internacional para incorporar al proceso hondureño diversos documentos emitidos por autoridades estadounidenses.
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Entre ellos figuran resoluciones del Tribunal de Apelaciones, actuaciones procesales y la carta mediante la cual el presidente Donald Trump concedió el indulto a Hernández.

Según Colindres, toda la documentación será remitida por los canales oficiales y llegará autenticada, certificada y apostillada para ser presentada como prueba dentro del proceso de privación de dominio.
Tras una condena emitida en 2024, recibió un indulto presidencial que permitió su liberación y abrió la puerta para su retorno al país.
El exmandatario fue capturado en febrero de 2022, pocas semanas después de concluir su mandato presidencial, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
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Su llegada genera expectativa porque, aunque ya no enfrenta procesos en territorio estadounidense, todavía debe responder ante la justicia hondureña por distintos expedientes que permanecen abiertos.
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