Panamá acelera condenas por la fuga de La Joyita mientras sigue la cacería de evadidos

La fuga de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio, continúa generando consecuencias judiciales para los involucrados. Las autoridades informaron que ya suman 147 personas judicializadas por su participación en la evasión masiva, uno de los episodios más graves registrados en el sistema penitenciario panameño en los últimos años.

De acuerdo con un balance divulgado por el Ministerio Público, la evasión dejó además tres privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos durante las acciones desplegadas para recuperar el control de la situación. Desde entonces, los estamentos de seguridad han mantenido operativos de búsqueda en distintos puntos del país para ubicar a los evadidos.

Las cifras más recientes muestran que la respuesta judicial ha avanzado de forma acelerada. Del total de personas llevadas ante los tribunales, 126 recibieron la medida cautelar de detención provisional, mientras que 21 fueron condenadas mediante acuerdos de pena por delitos relacionados con la evasión.

El detalle de las sentencias refleja que cinco personas fueron condenadas a 36 meses de prisión, catorce recibieron penas de 42 meses, una fue condenada a 44 meses y otra a 47 meses de cárcel. Estas sanciones se sumarán a las penas que ya cumplían por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

Los resultados divulgados este martes muestran un aumento respecto a las cifras reportadas durante el fin de semana. Solo el sábado, durante cinco audiencias simultáneas realizadas en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, nueve privados de libertad fueron judicializados.

De ellos, uno recibió detención provisional y ocho aceptaron acuerdos de pena, siete por 42 meses de prisión y uno por 36 meses. Las audiencias fueron presididas por jueces de garantías del Primer Circuito Judicial y contaron con la participación de fiscales del Ministerio Público y defensores públicos. Las autoridades han utilizado la figura de acuerdos de pena para agilizar los procesos contra quienes reconocen su participación en la evasión.

A pesar de los avances en las capturas y judicializaciones, la búsqueda no ha concluido. Según los reportes más recientes, todavía permanecen prófugos 21 de los 195 privados de libertad que escaparon de La Joyita. Esto significa que cerca del 90% de los evadidos ya han sido ubicados por las autoridades desde que se produjo la fuga.

Para acelerar las capturas restantes, la Policía Nacional decidió elevar a $1,000 la recompensa ofrecida por información que permita localizar a cada uno de los prófugos. La institución difundió fotografías e identidades de los buscados e hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar de forma confidencial mediante la línea 104 o a través de cualquier estación policial del país.

La evasión ha provocado una serie de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario. La semana pasada las autoridades ejecutaron la denominada Operación Cerrojo en varios pabellones de La Joyita, donde decomisaron 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, routers, antenas de comunicación, paneles solares, drogas y miles de artículos prohibidos.

Los hallazgos reforzaron las preocupaciones sobre el ingreso y circulación de objetos ilícitos dentro de los centros penitenciarios y llevaron a las autoridades a intensificar las requisas tanto en La Joyita como en otros penales del país.

El Ministerio de Seguridad ha señalado que estas acciones buscan recuperar el control de los centros de detención y evitar que continúen operando estructuras criminales desde el interior de las cárceles. La fuga también ha puesto bajo presión a las autoridades penitenciarias.

En los días posteriores al incidente surgieron denuncias sobre presuntas fallas en los controles internos, traslados de reclusos y mecanismos de supervisión dentro del penal ubicado en Pacora. Algunas de estas situaciones forman parte de investigaciones en curso.

Mientras continúan los operativos de búsqueda, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la evasión masiva y establecer posibles responsabilidades adicionales.