La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) introdujo nuevos ajustes en los procesos de precalificación de dos de las iniciativas más ambiciosas de su estrategia de diversificación: las terminales portuarias de contenedores de Corozal y Telfers, y el Corredor Energético interoceánico.
Las modificaciones fueron incorporadas mediante las enmiendas N.° 3 de ambos procesos, publicadas como parte de la fase previa a la licitación formal.
Los ajustes llegan en momentos en que el Canal busca atraer operadores portuarios, inversionistas institucionales y empresas energéticas internacionales para proyectos cuyo valor conjunto podría superar los $10,600 millones, de acuerdo con estimaciones divulgadas previamente por la entidad.
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En ambos casos se amplió el plazo para la presentación de consultas, se extendió la fecha límite para entregar los documentos de precalificación, se incorporaron ajustes derivados de preguntas y observaciones recibidas de potenciales inversionistas y se modificaron formularios y documentos de la fase de precalificación.

Para las terminales de Corozal y Telfers, la fecha límite para entregar la documentación de precalificación pasó al 9 de julio de 2026, mientras que el período para formular consultas fue extendido hasta el 15 de junio.
En el caso del Corredor Energético, la entrega de las declaraciones de calificación fue movida hasta el 23 de julio de 2026 y el período de consultas quedó abierto hasta el 17 de junio.
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Las extensiones reflejan la complejidad técnica, financiera y jurídica de ambas iniciativas, así como la cantidad de observaciones recibidas durante la etapa de interacción con el mercado. El objetivo de la ACP es dar más tiempo a los interesados para preparar la documentación requerida antes de avanzar a la siguiente fase del proceso.
En el caso del Corredor Energético, los cambios de fondo fueron más amplios. La ACP añadió nuevos requisitos de salud y seguridad ocupacional, conocidos como OHS, y exigirá evidencia de sistemas de gestión de seguridad laboral durante los últimos tres años. También incorporó declaraciones juradas sobre desempeño operativo y cumplimiento de estándares internacionales.
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Además, los interesados deberán certificar que las instalaciones energéticas utilizadas como referencia en su experiencia no fueron terminadas, canceladas o retiradas por incumplimientos atribuibles al operador.
La enmienda también agrega requisitos específicos vinculados a terminales de líquidos y gases naturales, conocidas como NGL, y al cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, conocido como Código ISPS.
Estas exigencias buscan reforzar la evaluación de los participantes en materia de seguridad operacional, experiencia técnica, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, elementos clave para un proyecto de infraestructura energética de gran escala.
El Corredor Energético contempla la construcción, financiamiento, operación y gestión comercial de una infraestructura capaz de movilizar propano, butano y etano entre las costas Atlántica y Pacífica. El proyecto incluye un ducto de aproximadamente 76 kilómetros de longitud, con capacidad nominal de hasta 2.5 millones de barriles diarios.
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La inversión estimada para este proyecto oscila entre $4,000 millones y $8,000 millones, dependiendo del diseño definitivo y de las facilidades complementarias que sean incorporadas. El proyecto contempla terminales en ambas entradas del Canal.

En el caso de los puertos de Corozal y Telfers, los cambios se concentraron principalmente en aclaraciones sobre experiencia portuaria, manejo de terminales de contenedores, volumen mínimo de operación, participación de consorcios e inversionistas institucionales.
Uno de los puntos aclarados por la ACP es que los operadores interesados deben demostrar control efectivo de la operación y administración de terminales de contenedores, y no solo una participación accionaria minoritaria sin responsabilidad directa en la gestión diaria. Este punto es relevante porque busca asegurar que los interesados cuenten con experiencia real en operación portuaria.
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También se aclararon reglas para la conformación y eventual modificación de consorcios, así como requisitos documentales y financieros que deberán cumplir los interesados en presentar sus credenciales para estas concesiones.
El proyecto portuario contempla el desarrollo de una terminal en Corozal, en la entrada Pacífica del Canal, y otra en Telfers, en el Atlántico. Ambas instalaciones buscan ampliar la capacidad de trasbordo de contenedores de Panamá mediante terminales de uso común y acceso abierto.

Según los documentos de precalificación, la ACP considera que estas terminales ayudarán a atender limitaciones de capacidad y congestión en puertos cercanos, al mismo tiempo que fortalecerán la competitividad logística del país y el papel del Canal como centro global de conectividad marítima.
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La inversión combinada para Corozal y Telfers ha sido estimada en aproximadamente $2,600 millones. Estos desarrollos forman parte de la Visión Estratégica 2025-2035 de la ACP, que busca reducir la dependencia exclusiva de los ingresos por tránsito de buques mediante nuevas líneas de negocio vinculadas a energía, logística y transporte multimodal.
Durante los últimos meses, la ACP ha recibido numerosas consultas de potenciales participantes. Parte de esas observaciones quedó reflejada en documentos de preguntas y respuestas publicados por la entidad, donde se aclararon criterios sobre experiencia operativa, requisitos financieros, conformación de consorcios, participación de inversionistas institucionales y condiciones de elegibilidad.
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Con las nuevas enmiendas, el Canal busca dar mayor certeza jurídica, técnica y financiera a inversionistas internacionales antes de avanzar a la siguiente etapa de licitación. El proceso de precalificación permitirá seleccionar a las empresas o consorcios que pasarán posteriormente a la fase de propuestas y negociación.
Las terminales de Corozal y Telfers y el Corredor Energético forman parte del nuevo mapa de inversiones con el que la ACP pretende ampliar su actividad más allá del tránsito de barcos por la vía interoceánica, en un momento en que Panamá busca reforzar su papel como plataforma logística, portuaria y energética para el comercio internacional.
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