La Fiscalía de El Salvador acusa a exempleados de una institución pública por formar parte de una red de corrupción

En el marco de una investigación sobre corrupción en el sector público, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación contra ex trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en Santa Ana, según informó el Noticiero Hechos de Canal 12.

De acuerdo con el medio, las autoridades atribuyen a los detenidos delitos como agrupaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho activo y fraude de servicios.

La investigación se remonta a 2025, año en que la gerencia legal de ANDA alertó a la Fiscalía sobre conexiones ilegales que involucraban tanto a empleados de la autónoma como a particulares. De acuerdo con los datos publicados por la FGR, en junio de 2025, se realizó un operativo que permitió la captura de doce personas, nueve de ellas eran empleados activos de la ANDA, dos son particulares y uno es un exempleado.

Entre los capturados figuran el gerente regional, José Elmer Umaña Ibarra; el jefe de Operaciones, Marlon Ernesto Guzmán Mendoza; el responsable de factibilidad, Ever Iván Orellana García; el inspector de Nuevos Servicios y Catastro Comercial, Mario Ernesto Cristales Hernández; el operador de estación de bombeo, Oscar Armando Linares Rivas; el colaborador administrativo, Carlos Mauricio Nolasco Menjívar; la auxiliar de saneamiento, Rosa Idalia Pérez de Barahona; la colaboradora de atención al cliente, Yeny Elizabeth Pubil Chamul, y el fontanero, Eldín Joel Portillo Aguilar. Además, la lista incluye a un exempleado, Carlos José Medina Vargas, y a dos particulares, Abel Ángela Rodríguez Chávez y Yanira Yaneth García Rodríguez.

Según declaraciones de la FGR recogidas por Noticiero Hechos, la estructura delictiva habría operado entre marzo de 2024 y febrero de 2025, período en el que se detectó que empleados y particulares solicitaban sumas entre 1,000 y 3,000 dólares estadounidenses para agilizar servicios que, en condiciones normales, la institución brinda a bajo costo. Estos servicios incluían conexiones de agua potable, instalación de medidores y legalización de instalaciones antiguas.

El accionar del grupo consistía en retener o rechazar solicitudes de usuarios, incluso cuando existía factibilidad técnica para procesarlas. Posteriormente, un particular contactaba a las víctimas para ofrecer una “gestión expedita y legal” a cambio de los pagos mencionados. Según la Fiscalía, se ha identificado a más de 200 personas como víctimas de estafa, ya que en muchos casos el servicio ofrecido nunca se concretó.

El representante de la FGR detalló en Noticiero Hechos que la institución posee prueba documental, testimonial y pericial, y que solicitará al tribunal la apertura de juicio para que los imputados enfrenten los cargos atribuidos. El funcionario explicó que las víctimas de estos delitos no solo fueron usuarios particulares, sino también la propia imagen institucional de ANDA, afectada por el esquema de corrupción interna.

Los delitos que pesan sobre los acusados incluyen cohecho propio, cohecho activo, fraude de servicios y fluidos, estafa agravada y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía subrayó que los imputados aprovechaban su posición dentro de la autónoma para manipular procesos administrativos y obtener beneficios económicos ilícitos, mientras los usuarios quedaban vulnerables ante estas prácticas.

La sede regional occidental de ANDA en Santa Ana fue el escenario principal de los registros realizados, donde las autoridades documentaron la operativa de la estructura y procedieron a las detenciones en 2025. El caso, según la FGR, ejemplifica el impacto de las redes de corrupción en el acceso a servicios básicos y refuerza la política institucional de combatir prácticas ilícitas en la administración pública.

En el transcurso de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República anunció que solicitará la elevación del caso a juicio, con base en la multiplicidad de pruebas recabadas. El proceso continuará en los tribunales correspondientes, donde se determinará la situación jurídica de los implicados y las eventuales reparaciones a las víctimas identificadas por el Ministerio Público.