Auditoría de la mina en Panamá acumula seis reportes y aún no define hallazgos finales

La auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá avanzó a una nueva etapa con la publicación del sexto informe mensual elaborado por la empresa SGS Panama Control Services Inc., pero los resultados finales sobre el nivel definitivo de cumplimiento ambiental, técnico, legal y operativo de la mina todavía no han sido divulgados.

El nuevo reporte confirma que el proceso sigue en construcción y que el documento consolidado será presentado “en las próximas semanas”, pese a que previamente se había señalado que el informe final estaría listo entre abril y mayo de este año.

El documento, divulgado este 15 de mayo, corresponde al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026 y forma parte de la auditoría multidisciplinaria contratada por el Ministerio de Ambiente para evaluar integralmente el proyecto operado por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

La concesión permanece suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo unánime de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia contra el contrato minero aprobado ese mismo año.

El fallo de los nueve magistrados concluyó que el acuerdo violaba múltiples artículos de la Constitución, tras semanas de protestas masivas, cierres de vías y manifestaciones en rechazo a la continuidad de la actividad minera en el país.

El sexto informe explica que SGS continuó durante ese período con revisión documental, inspecciones de campo y análisis técnico de información suministrada por la empresa auditada, además de avanzar en la consolidación metodológica y estructural del informe final.

La auditoría está organizada en quince tomos que abarcan aspectos ambientales, legales, laborales, tributarios, operacionales y técnicos relacionados con el proyecto minero.

Uno de los puntos más relevantes del nuevo reporte es que el Tomo 10, que contendrá la evaluación definitiva sobre el nivel de cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, todavía no ha sido publicado.

SGS indicó que ese contenido aparecerá posteriormente dentro del Tomo 13 junto con el resumen ejecutivo y los anexos técnicos que consolidarán los resultados finales de toda la auditoría.

La expectativa sobre ese informe definitivo ha aumentado durante los últimos meses debido a que el propio Gobierno de José Raúl Mulino ha señalado que la auditoría será uno de los elementos clave para decidir el futuro de la mina.

En informes anteriores ya se había mencionado que el cierre técnico podría conocerse entre abril y mayo, pero el sexto avance confirma que la revisión aún continúa abierta y que varios componentes permanecen en validación integral.

El quinto informe mensual, divulgado previamente y utilizado como base de análisis preliminar, había mostrado que la auditoría acumulaba un avance de 84,83%, aunque dejaba claro que los hallazgos consolidados y la matriz definitiva de riesgos todavía no estaban cerrados.

Ese reporte también advertía que solo 147 de los 370 compromisos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental habían sido revisados completamente hasta la fecha de corte, mientras otros 223 seguían pendientes de validación documental y técnica.

Entre las observaciones más delicadas identificadas en el informe anterior figuraba el potencial riesgo de drenaje ácido de rocas derivado del material mineralizado almacenado en el proyecto.

La auditoría advertía que millones de toneladas de roca extraída permanecen expuestas al agua, aire y condiciones climáticas, lo que podría generar reacciones químicas capaces de elevar concentraciones de metales en aguas superficiales y subterráneas.

El documento también había identificado debilidades en las medidas de biodiversidad y reforestación. Según la auditoría, las acciones de compensación ecológica se desarrollaban de manera fragmentada y sin una estrategia integral orientada específicamente al mantenimiento del nivel de biodiversidad de la ecorregión impactada por el proyecto.

Además, señalaba la ausencia de indicadores consolidados para medir recuperación funcional de ecosistemas, conectividad ecológica y estabilidad de poblaciones prioritarias.

Otro de los hallazgos señalados previamente estaba relacionado con transparencia socioambiental. El informe indicaba que para el período evaluado con corte a 2023 no se evidenciaba la publicación formal de reportes anuales de monitoreo socioambiental en los términos exigidos dentro de algunos compromisos adquiridos por la empresa.

Aunque se reconocían actividades de comunicación y divulgación, la auditoría concluía que esas acciones no equivalían al cumplimiento integral del componente de transparencia establecido en las obligaciones ambientales.

En el componente social, SGS también había advertido que todavía no se evidenciaba la implementación completa de todos los planes de compensación previstos, pese a reconocer coordinación entre la empresa y entidades estatales como MIDES, MEDUCA, MINSA, MIDA e IDAAN.

Esa conclusión dejó abierto un frente de revisión adicional sobre el cumplimiento efectivo de las medidas sociales asociadas a la operación minera.

El sexto informe publicado ahora no incorpora todavía esas conclusiones definitivas ni establece una calificación final consolidada del proyecto. Lo que sí hace es profundizar en la estructura metodológica que utilizará la auditoría para evaluar los distintos subprocesos y compromisos ambientales. SGS explicó que el esquema incluye veintisiete subprocesos operativos, ocho subprocesos de soporte y cinco productos principales para analizar integralmente el funcionamiento del proyecto minero.

La empresa auditora sostuvo además que el enfoque metodológico adoptado permitirá fortalecer la toma de decisiones de MiAmbiente respecto a identificación y evaluación de activos y pasivos ambientales futuros, considerando también variables legales, laborales, tributarias y estándares técnicos nacionales e internacionales.

El caso de Cobre Panamá continúa siendo uno de los temas más sensibles para el Gobierno panameño, tanto por el impacto económico que tuvo el cierre de la operación como por la dimensión política y ambiental que rodea el debate minero en el país.

Las protestas masivas de finales de 2023 derivaron en el cierre de la mina y en un fallo histórico de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato minero aprobado por la Asamblea Nacional.

Desde entonces, el Ejecutivo ha evitado adelantar una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto mientras espera el cierre de la auditoría integral. La publicación del sexto informe confirma que el proceso técnico todavía no concluye y que los resultados finales —considerados determinantes para el futuro de la mina— siguen pendientes de divulgación oficial.

Todas las proyecciones económicas elaboradas para Panamá en 2026 que estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 4% incluyen, directa o indirectamente, algún escenario de reactivación de la mina Cobre Panamá.

Organismos internacionales, bancos y firmas de análisis han advertido que el desempeño económico del país sigue condicionado por el futuro de la operación minera, que antes de su suspensión representaba cerca del 5% del PIB nacional y una parte importante de las exportaciones panameñas.

Por ahora, se desconoce cuál sería el mecanismo jurídico que utilizaría el presidente José Raúl Mulino en caso de decidir una reapertura de la mina. Lo único que ha reiterado públicamente el mandatario es que cualquier eventual salida no pasaría nuevamente por la Asamblea Nacional mediante la aprobación de un contrato ley, como ocurrió con el acuerdo declarado inconstitucional en 2023.