Banca panameña advierte exclusión de sectores vulnerables por regulación de tasas de interés

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, advirtió que la propuesta para regular las tasas de interés representa un riesgo directo de exclusión financiera, al señalar que, aunque quienes la impulsan aseguran que buscan reducir los costos para los clientes, en la práctica generará el efecto contrario.

“A primera vista, quienes lo proponen dicen que quieren ayudar a la gente a pagar menos intereses, pero la realidad es que cualquier intento de regular precios, especialmente tasas, va a crear barreras de acceso”, sostuvo, al referirse al impacto que tendría sobre los segmentos más vulnerables del sistema crediticio.

Berguido explicó que este tipo de medidas afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas, emprendedores, estudiantes, recién graduados e informales, al tratarse de perfiles considerados de mayor riesgo de repago.

Según detalló, estos clientes requieren tasas que reflejen ese nivel de riesgo, por lo que imponer topes o mecanismos de control provocaría que los bancos opten por reducir la oferta de crédito hacia estos grupos.

“Si se le pone un límite al precio del crédito, lo que vas a hacer es excluirlos del sistema formal”, indicó, al advertir sobre una contracción del financiamiento para quienes más lo necesitan.

El directivo también alertó sobre una consecuencia inmediata de esa exclusión: el desplazamiento de estos clientes hacia el mercado informal de préstamos, donde no existe regulación ni protección.

“Esas necesidades no desaparecen, entonces esas personas van a terminar buscando financiamiento con prestamistas informales, con agiotistas, que cobran hasta 10% diario”, señaló, al describir un escenario donde el acceso al crédito se vuelve más costoso y riesgoso para los usuarios.

A su juicio, este fenómeno no solo afecta a los clientes, sino que también debilita la estructura del sistema financiero.

Berguido agregó que la regulación de tasas tendría además un impacto directo en la capacidad operativa de los bancos, ya que implicaría una reducción de los recursos disponibles para prestar, especialmente en segmentos de mayor riesgo.

“Seguramente se reducirá la cantidad de recursos para prestar a esos sectores”, afirmó, al insistir en que la medida generaría un efecto contrario al buscado, al limitar el acceso en lugar de ampliarlo. Esta advertencia se suma a la preocupación del sector sobre posibles distorsiones en el mercado crediticio.

El proyecto de ley 552, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional y busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario .

Entre sus principales disposiciones, plantea la obligación de detallar la tasa inicial, el método de cálculo, el índice de referencia y los límites aplicables, así como la incorporación del principio de simetría, que obligaría a reducir las tasas cuando bajen las condiciones del mercado.

La iniciativa también establece límites a las penalidades por incumplimiento, fijando un tope de hasta 20% del capital prestado, además de prohibir modificaciones unilaterales en los contratos y exigir mayor claridad en la liquidación final de las deudas.

Asimismo, propone la creación de una vía administrativa para la prescripción de deudas, lo que permitiría reducir tiempos y costos para los usuarios en comparación con procesos judiciales tradicionales.

Actualmente, el proyecto se mantiene en pausa, debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en receso legislativo, por lo que será hasta el inicio de la próxima legislatura en julio cuando se defina si la propuesta avanza a discusión en el pleno del Legislativo.

Este escenario mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa, que enfrenta posiciones divididas entre sus promotores y el sector bancario.

El debate no es nuevo. Una propuesta anterior sobre prescripción de deudas, también impulsada por Cedeño, fue aprobada por la Asamblea, pero posteriormente vetada por el presidente José Raúl Mulino, tras fuertes cuestionamientos del Banco Nacional de Panamá y de la Asociación Bancaria, que advirtieron sobre su impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero . Ese antecedente refuerza la tensión actual en torno a las reformas al crédito.

Mientras los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa busca proteger a los consumidores y corregir prácticas abusivas, el sector bancario insiste en que cualquier intervención en las tasas puede generar distorsiones, menor acceso al crédito y mayor informalidad.

Con el proyecto en espera, el tema se perfila como uno de los principales debates económicos de los próximos meses, en un contexto donde la inclusión financiera, la regulación y la estabilidad del sistema se encuentran en juego.