Mulino veta parcialmente ley de turismo deportivo en Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, objetó parcialmente el proyecto de ley 331 que buscaba desarrollar y fomentar el turismo deportivo, al advertir que la iniciativa presenta riesgos fiscales, vacíos legales y posibles conflictos de competencias entre instituciones del Estado.

La decisión del Ejecutivo frena, por ahora, la entrada en vigor de una norma que pretendía posicionar al país como destino de eventos deportivos internacionales y fortalecer el desarrollo económico a través del turismo.

La propuesta legislativa, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, planteaba impulsar el turismo deportivo como una estrategia económica, social y cultural, promoviendo la organización de eventos nacionales e internacionales, así como la inversión en infraestructura deportiva y la integración con el ecoturismo y la riqueza cultural del país .

Además, establecía mecanismos para dinamizar economías locales mediante circuitos turísticos vinculados a actividades deportivas en distintas regiones.

Sin embargo, en una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, el mandatario explicó que, tras evaluar observaciones de múltiples entidades públicas, se detectaron disposiciones que podrían generar desorganización institucional, superposición de funciones y vulneración de la autonomía municipal.

Entre las instituciones que emitieron criterios figuran el Ministerio de Educación (Meduca), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras.

Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo se centra en aspectos relacionados con la regulación sanitaria y los procesos de certificación de circuitos turísticos deportivos.

Según el análisis oficial, el proyecto no establece con claridad que las autorizaciones sanitarias sean un requisito previo obligatorio, lo que podría permitir la validación de actividades sin cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente, generando riesgos para la salud pública.

El Ejecutivo también objetó varias disposiciones por inconvenientes técnicos y administrativos, incluyendo el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12, así como artículos vinculados a certificación, control sanitario y promoción de la salud.

Estas observaciones apuntan a inconsistencias en la forma en que se asignan responsabilidades entre entidades como Pandeportes y la Autoridad de Turismo de Panamá, lo que podría derivar en conflictos operativos.

Uno de los puntos más sensibles del veto parcial fue la objeción del artículo 19, que proponía la creación del Fondo Nacional de Turismo Deportivo, destinado a financiar proyectos, promover eventos y apoyar a comunidades locales. Aunque el Ejecutivo reconoce que el objetivo es positivo, advirtió que la propuesta presenta deficiencias técnicas, administrativas y constitucionales, lo que hace inviable su implementación en los términos planteados.

El proyecto de ley también incluía una amplia estructura de incentivos y beneficios, como acceso a financiamiento preferencial, programas de capacitación, promoción internacional y participación en fondos multilaterales, con el objetivo de atraer inversión y consolidar a Panamá como un destino competitivo en este segmento .

Asimismo, contemplaba la creación de circuitos turísticos deportivos certificados, con requisitos específicos en materia de infraestructura, acceso, servicios básicos y sostenibilidad.

En su exposición de motivos, la iniciativa resaltaba que el turismo representa cerca del 11% del producto interno bruto de Panamá, generando aproximadamente $5,000 millones en divisas y miles de empleos directos e indirectos, lo que sustenta la apuesta por diversificar la oferta turística mediante el deporte.

Además, destacaba el potencial del país para albergar eventos como maratones, triatlones, competencias de ciclismo y actividades acuáticas, aprovechando su ubicación geográfica y diversidad natural.

No obstante, el Ejecutivo considera que, pese al potencial del turismo deportivo, la propuesta requiere ajustes estructurales para garantizar coherencia institucional, seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.

Con la objeción parcial, el proyecto regresa a la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán analizar las observaciones y decidir si acogen los cambios, modifican el texto o insisten en su aprobación original.

El debate sobre esta iniciativa pone en evidencia la necesidad de equilibrar el impulso a nuevas actividades económicas con marcos regulatorios sólidos y coordinación efectiva entre entidades públicas, especialmente en sectores estratégicos como el turismo.

La decisión final marcará el rumbo de una política que busca aprovechar el deporte como motor de desarrollo, pero que enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad en su forma actual.