
Un tribunal de Turquía ordenó la prisión preventiva de una veintena de personas, incluido el alcalde del distrito de Atasehir, en Estambul, en el marco de una investigación por presunta corrupción que involucra al principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). La justicia turca informó que el alcalde Onursal Adigüzel y otras 18 personas enfrentan cargos que incluyen soborno, manipulación de licitaciones y pertenencia a organización criminal.
Los detenidos aguardan ahora el inicio del juicio, en una causa que investiga el presunto cobro de sobornos a cambio de licencias de construcción y permisos de urbanismo, según la agencia estatal Anadolu.
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Tras la detención, el Ministerio del Interior anunció la destitución temporal de Adigüzel como regidor de Atasehir, en aplicación de la Constitución y la Ley de Municipios de Turquía.
El alcalde destituido de Estambul, Ekrem Imamoglu, también miembro del CHP, fue enviado a prisión preventiva en marzo del año pasado, coincidiendo con su designación como candidato opositor a las elecciones presidenciales previstas para 2028. Imamoglu es investigado por supuestamente liderar una red criminal, por lo que la Fiscalía solicita una condena de más de 2.300 años de cárcel.
La oposición, encabezada por el CHP, denunció en reiteradas ocasiones que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan utiliza la justicia para acallar a sus críticos, en el contexto de las aspiraciones de Imamoglu de competir en las próximas elecciones presidenciales.
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A su vez, Amnistía Internacional denunció el martes en su informe anual que Turquía mantuvo en 2025 una política de persecución judicial contra defensores de derechos humanos y amplió estas acciones a políticos de la oposición y sus simpatizantes. La organización señaló que se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, además de injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Según el documento, esta política, habitual en los últimos años bajo el gobierno del partido islamista AKP, se extendió por primera vez a gran escala en 2025 al principal bloque opositor parlamentario, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Las autoridades abrieron investigaciones y procesos penales contra decenas de representantes electos y miembros del CHP en todo el país, en el marco de una represión generalizada.
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El caso más destacado es el del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato presidencial del CHP, quien permanece en prisión preventiva desde marzo de 2025 por cargos de corrupción. Su detención desató protestas ciudadanas, en parte reprimidas por la policía mediante el uso de fuerza ilícita y malos tratos, según detalló la organización.
Amnistía Internacional documentó también prohibiciones y restricciones a marchas y protestas cívicas, como el Día de la Mujer, el Día del Trabajo y la marcha del Orgullo. El informe incluye detenciones y encarcelamientos de activistas y periodistas vinculados a grupos legales de izquierda, así como de defensores de los derechos de los kurdos y otras minorías.
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Permanecen en prisión los ex dirigentes del partido prokurdo HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados desde 2016, y el empresario cultural Osman Kavala, detenido en 2017, pese a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaron su liberación.
El informe también menciona el inicio de un proceso para destituir a la cúpula del Colegio de Abogados de Estambul, acusada de “propaganda terrorista” tras pedir investigar la muerte de dos periodistas turcos en un ataque aéreo en Siria en 2024. Amnistía Internacional resaltó además el caso de dos activistas turkmenos detenidos y posiblemente deportados, cuyo paradero se desconoce.
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La violencia machista persiste como un problema grave en Turquía, con 294 mujeres asesinadas y otras 297 encontradas muertas en circunstancias sospechosas durante 2025.
(Con información de Europa Press y EFE)
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