Las autoridades de la Caja de Seguro Social detectaron mediante una investigación simulaciones que algunos funcionarios hacían para que de sus salarios se les descontaran pensiones alimenticias que en realidad iban a evitar el pago a mueblerías.
Los fondos descontados no tenían como destino real el cumplimiento de la supuesta responsabilidad familiar, sino más bien era una fachada para no seguir pagando sus compromisos.
En Panamá las pensiones alimenticias están regidas por la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, y para autorizar el monto hay que pasar por un proceso judicial ante un juez, que es quien determina la cantidad a descontar del salario.
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Las pensiones alimenticias, según la norma legal vigente, se basan en principios de interés superior del menor, igualdad de derechos y obligaciones, proporcionalidad entre ingresos y necesidades, y preferencia de la obligación alimentaria sobre otras deudas.
El mecanismo utilizado en esta oportunidad por los funcionarios, indicó la entidad gubernamental, habría servido como fachada fraudulenta para no pagar deudas particulares, usando indebidamente la planilla de la institución.
Esta conducta, siempre según la entidad, es una falta grave y una clara violación a la ley, así como a los principios de transparencia que rigen la institución.
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Ante esta situación la institución manifestó que adoptó medidas disciplinarias contra los involucrados y presentó las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se determinen las responsabilidades.
La entidad de seguridad social reiteró su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y advirtió que no tolerará este tipo de acciones. Asimismo, aseguró que continuará reforzando sus controles internos para prevenir y sancionar cualquier irregularidad.
Esta no es la primera vez que la entidad de seguridad social se ve involucrada en esquemas fraudulentos.
En enero de este año, la Caja de Seguro Social informó que presentó denuncias penales ante el Ministerio Público después de detectar un esquema fraudulento que involucra la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales.
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Esto derivó en la aprobación de hasta ese momento de 52 pensiones irregulares, con un impacto económico estimado en más de $10 millones.
De acuerdo con las investigaciones preliminares internas realizadas por la actual administración, entre $3 millones y $4 millones ya se habían pagado en concepto de pensiones, como resultado de manipulaciones sistemáticas en los sistemas informáticos de la institución.
Dino Mon Vásquez, director general de la entidad, explicó en su momento que los hallazgos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.
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La denuncia fue presentada ante la Fiscalía y sugiere posibles delitos contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir del proceso investigativo.
La Caja de Seguro Social solicitó formalmente al Ministerio Público que se realicen peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados y de terceros beneficiados, así como la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.
Asimismo, la institución destacó que existieron alertas en administraciones anteriores sobre este tipo de irregularidades, que no fueron atendidas con seriedad, permitiendo la continuidad de estas prácticas.
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La Caja de Seguro Social reiteró en esa oportunidad que continuará fortaleciendo los controles internos y los sistemas tecnológicos para evitar que hechos como estos se repitan.
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