Cementerios afectados por el terremoto en Panamá quedan bajo vigilancia sanitaria

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá ordenó la aplicación inmediata de medidas sanitarias extraordinarias en los cementerios de Soná e Hicaco, provincia de Veraguas, afectados por el terremoto del 9 de octubre.

La decisión, publicada en la Gaceta Oficial del 2 de noviembre, establece controles de seguridad, saneamiento y obligaciones municipales para recuperar las instalaciones.

La resolución, firmada el 27 de octubre por Xavier Torres, director regional de Salud de Veraguas, responde a los daños que sufrieron bóvedas, nichos y otras estructuras funerarias.

El movimiento sísmico de magnitud 7.5 provocó derrumbes, desplazamientos y exposición de féretros, situación que obligó a intervenir ambos camposantos.

Las inspecciones realizadas los días 10, 12 y 14 de octubre identificaron aproximadamente 20 bóvedas colapsadas en el cementerio de Soná, algunas con ataúdes visibles.

Aunque los funcionarios no observaron osamentas expuestas ni percibieron malos olores durante el recorrido, una residente de las viviendas colindantes denunció olores desagradables.

El documento señala que el camposanto de Soná limita con aproximadamente nueve viviendas y un templo. Durante las inspecciones posteriores, las autoridades encontraron trabajadores municipales y particulares reubicando restos y féretros en bóvedas familiares o municipales, por lo que impartieron orientaciones de bioseguridad y entregaron equipos de protección personal.

En el cementerio de Hicaco, los funcionarios identificaron una bóveda abierta y otra destruida con exposición de un féretro, además de daños en sepulturas adicionales y el muro perimetral. Las evaluaciones no encontraron cadáveres expuestos, pero advirtieron riesgos relacionados con la inestabilidad de las estructuras y el acceso a sectores deteriorados.

La resolución establece que el Municipio de Soná deberá ejecutar inmediatamente medidas de contención, rehabilitación y saneamiento. Entre las acciones urgentes figuran delimitar las zonas peligrosas, colocar señalizaciones, proteger provisionalmente las sepulturas y retirar escombros sin alterar los restos humanos, además de prevenir filtraciones y acumulaciones de agua.

Las autoridades también deberán evaluar la estabilidad de bóvedas, nichos, sepulturas y muros, utilizando personal competente y aplicando medidas de seguridad. Cuando las inspecciones lo justifiquen, tendrán que realizar reparaciones, apuntalamientos o reconstrucciones, mientras las intervenciones definitivas deberán ajustarse a las recomendaciones técnicas.

El Minsa prohibió realizar exhumaciones, traslados, manipulaciones o nuevas inhumaciones sin las autorizaciones sanitarias correspondientes. Cada procedimiento deberá conservar registros de identificación y ubicación de los restos, garantizar su trazabilidad y mantener informados a los familiares, evitando actuaciones que comprometan la dignidad de los fallecidos.

La Alcaldía deberá designar un enlace responsable dentro de las 24 horas siguientes a la notificación y presentar un informe inicial sobre las medidas ejecutadas. En un plazo de 72 horas tendrá que entregar un plan técnico con cronograma, responsables, evaluación de riesgos y acciones temporales y definitivas.

La Dirección Regional de Salud supervisará el cumplimiento mediante inspecciones, actas de verificación e informes de seguimiento. También coordinará, cuando corresponda, con el Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones, mientras el incumplimiento de las órdenes podrá dar lugar a procedimientos administrativos.

Estas disposiciones se suman a las intervenciones realizadas después del terremoto. El 31 de octubre, el Minsa entregó 91 urnas con restos cremados a familiares de personas sepultadas en ambos cementerios, durante una ceremonia en Soná. La medida siguió las labores de exhumación, recuperación y tratamiento sanitario de los restos afectados.

Las familias tendrán derecho a un osario para depositar las urnas cuando concluyan las obras, aunque también podrán utilizar sepulturas de otros parientes. La rehabilitación se estima en aproximadamente tres meses y, tras una apertura restringida por el Día de los Difuntos, ambos cementerios permanecen cerrados desde el 3 de noviembre hasta nuevo aviso.

La resolución subraya que la exposición de restos humanos no demuestra por sí sola la existencia de enfermedades transmisibles, por lo que las medidas deben responder a riesgos comprobados. La prioridad será evitar accidentes, controlar posibles focos de contaminación y restablecer condiciones seguras, respetando los derechos de las familias afectadas.