Un presunto enriquecimiento injustificado por $1.9 millones en perjuicio del Estado panameño mantiene bajo arresto domiciliario con impedimento de salida del país al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, a quien la Corte Suprema de Justicia le rechazó una advertencia de inconstitucionalidad.
Mediante un edicto, la máxima corporación de justicia negó los cuestionamientos que de los artículos 39 y 44 del Código Penal hiciera la defensa legal de Carrizo, el abogado Pedro Meilán, señalando que la advertencia no cumplía con los requisitos para su admisión.
El artículo 39 del Código Penal panameño establece que no es culpable quien, conociendo las condiciones o las circunstancias del hecho que integran la conducta, por error invencible ignora su ilicitud.
Según el Ministerio Público, lo anterior significa que si una persona no puede comprender la licitud de su acción debido a un error invencible, no será considerado culpable de este hecho.
Por su parte, el artículo 44 del Código Penal señala que nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley vigente al tiempo de su comisión.
El Ministerio Público explica que ello significa que solo se pueden castigar conductas que estén claramente definidas en la ley penal panameña. Además, el artículo menciona que las infracciones de la ley penal se dividen en delitos y faltas, y que la ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y en otros lugares sujetos a la jurisdicción del Estado.
El proceso penal al exvicepresidente José Gabriel Carrizo tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta $1.3 millones, en el marco de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.
Posteriormente, la Contraloría remitió el expediente al Ministerio Público, elevando el caso a la esfera penal al detectar un supuesto incremento patrimonial no justificado que asciende a $1.9 millones.
Carrizo fue aprehendido el pasado 27 de enero a su regreso a Panamá procedente de Guatemala, en cumplimiento a una orden formal de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde tenía previsto ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), acto que finalmente nunca se realizó.
Fue llevado a una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, donde se legalizó su aprehensión, se le imputaron cargos y se le impusieron las medidas cautelares que hoy cumple, y que también fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Apelaciones.
José Gabriel Carrizo llegó a ocupar la vicepresidencia de la República de la mano de su mentor el expresidente Laurentino Cortizo durante el periodo 2019 al 2024.
Posteriormente, fue candidato a presidente por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2024, adjudicándose tan solo el 5.88% de los votos del electorado, quedando de sexto entre ocho candidatos.
El ganador de las elecciones con un 34,23% de los votos fue el hoy presidente, José Raúl Mulino, cercano al expresidente Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia.
La pérdida electoral de Carrizo fue catalogada como un “descalabro” para las aspiraciones de la vuelta al poder del PRD, partido fundado por el general Omar Torrijos Herrera en 1979.
En esa elección de 2024 participó Martín Torrijos, hijo del extinto militar, quien había sido presidente de 2004 a 2009 por el PRD, aunque en esta oportunidad corrió bajo la bandera del Partido Popular, de tendencia demócrata cristiana, en otrora acérrimo opositor a su padre.
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