Venezuela aprueba extraditar a Panamá a sospechoso de atentado aéreo de 1994

Panamá anunció que Venezuela aprobó la extradición del principal sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, un paso que reactiva, fortalece y acelera un proceso judicial que llevaba más de tres décadas en espera.

La decisión permite que el requerido enfrente a la justicia panameña, luego de que las autoridades confirmaran que el procedimiento avanzó por los canales diplomáticos establecidos entre ambos países.

Este hecho marca un punto de inflexión en una investigación que ha sido compleja, prolongada y seguida de cerca por familiares de las víctimas y gobiernos involucrados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la solicitud de extradición fue formalmente presentada por Panamá en enero de 2026 y posteriormente evaluada por las autoridades venezolanas, que finalmente dieron su aprobación.

El sospechoso, identificado como Ali Zaki Hage Jalil, había sido detenido previamente en Venezuela tras una alerta internacional emitida por Panamá. Su condición de nacional colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización generó obstáculos jurídicos, debido a las limitaciones legales que existen en ese país para extraditar a sus ciudadanos, lo que hizo más delicado y prolongado el proceso.

El atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando una bomba explotó a bordo de la aeronave poco después de despegar desde el aeropuerto France Field, en la provincia de Colón.

La explosión provocó que el avión se desintegrara en pleno vuelo y cayera en una zona selvática, causando la muerte de 21 personas, entre ellas 3 tripulantes y 18 pasajeros. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y comerciantes de origen hebreo que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

Las investigaciones posteriores determinaron que el explosivo fue introducido en el avión dentro de un radio portátil, presuntamente manipulado mediante un mecanismo remoto.

El individuo que portaba el artefacto fue identificado como Ali Hawa Jamal, quien también falleció en la explosión y fue señalado como el autor material del atentado.

De acuerdo con las pesquisas, este hombre había viajado múltiples veces entre Colón y Panamá en los días previos al ataque, utilizando identidades falsas y sin dejar rastro claro de su historial personal, lo que complicó su identificación.

Con el paso de los años, la investigación fue reabierta en 2017 por la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio, tras recibir nueva información proporcionada por el Estado de Israel.

En ese momento el caso fue reclasificado bajo la figura de terrorismo y considerado un delito de lesa humanidad, lo que permitió su reactivación pese al tiempo transcurrido. Esta decisión permitió profundizar en nuevas líneas investigativas y establecer la posible participación de otros individuos vinculados al ataque.

Las autoridades panameñas, con el apoyo del FBI y organismos internacionales, lograron identificar la posible participación de un segundo sospechoso de origen libanés, nacido en Colombia, quien habría tenido vínculos directos con el grupo Hezbolá.

Según la información recopilada, este individuo habría mantenido comunicación con el autor material del atentado y podría haber estado involucrado en la planificación y ejecución logística del ataque.

Además, se estableció una posible conexión con el atentado ocurrido un día antes en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.

La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que Hezbolá fue responsable del atentado contra el vuelo 901, lo que reforzó la hipótesis de que el ataque formaba parte de una operación internacional coordinada.

En ese contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos activó el programa Recompensas para la Justicia, ofreciendo hasta $5 millones por información que condujera al arresto o condena de los responsables. Esta medida buscó incentivar la colaboración internacional y acelerar el avance del caso.

A lo largo de los años, el proceso ha contado con la participación de múltiples instituciones, incluyendo la Dirección de Investigación Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y unidades especializadas de la Policía Nacional.

Incluso se han realizado inspecciones recientes en el área donde ocurrió el siniestro, en Cerro San Rita, con el objetivo de reconstruir los hechos y recabar testimonios. Uno de los testigos recordó haber escuchado la explosión y ver los restos caer desde el cielo, una escena que evidencia la magnitud del impacto del atentado.

En medio de este contexto, familiares de las víctimas agrupados en el Comité Conciencia Viva han reiterado su respaldo a las gestiones del Gobierno panameño y han señalado que este avance representa un momento crucial en la búsqueda de justicia.

En un comunicado, destacaron que la extradición del sospechoso constituye un paso significativo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, luego de más de 30 años de espera. Además, subrayaron que este proceso no solo honra la memoria de las víctimas, sino que también fortalece los principios de justicia y respeto a la vida.

Las familias agrupadas en el Comité Conciencia Viva señalaron que el avance en la extradición no solo representa un logro judicial, sino también un reconocimiento a una lucha sostenida por décadas para evitar que el caso quedara en la impunidad.

Indicaron que este paso devuelve credibilidad a las instituciones y abre la posibilidad de esclarecer responsabilidades tanto materiales como intelectuales. Asimismo, enfatizaron que el proceso debe mantenerse con transparencia y firmeza, hasta alcanzar una resolución completa que honre la memoria de las víctimas y establezca un precedente claro frente a actos de terrorismo.

El avance en la extradición abre ahora una nueva fase en el proceso judicial, enfocada en la coordinación para el traslado, la presentación de cargos y la eventual judicialización del caso en Panamá.

Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar trabajando hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos y la sanción de los responsables. Para las familias afectadas, este paso representa una oportunidad real de cerrar un capítulo marcado por la incertidumbre, el dolor y la exigencia constante de justicia.