Antes de la anulación de la concesión, Panamá sostuvo conversaciones con PPC, confirmó el presidente Mulino

El presidente José Raúl Mulino defendió la estrategia del Gobierno frente al conflicto portuario y aseguró que Panamá se preparó durante meses para distintos escenarios, incluido el fallo de inconstitucionalidad que impactó la operación de terminales clave administradas por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison.

Durante su conferencia semanal, el mandatario abordó la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal, el proceso de transición operativa y las tensiones diplomáticas derivadas del caso, en un contexto que calificó como decisivo para el futuro logístico del país.

Mulino sostuvo que su administración mantuvo múltiples reuniones durante el último año con directivos de PPC y CK Hutchison para evaluar el estado de las terminales y discutir alternativas ante los cuestionamientos legales y contractuales.

Según relató, en esos encuentros el Gobierno percibió una actitud que describió como distante y poco colaborativa por parte de la empresa, lo que reforzó la decisión de prepararse para escenarios adversos, incluyendo la eventualidad de una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Antes de la toma de control de ambas terminales, voceros de la empresa PPC habían solicitado un diálogo con el Gobierno para buscar una alternativa al conflicto antes de que el fallo de la Corte se publicada en Gaceta Oficial, lo que ocurrió el pasado lunes 23 de febrero.

El mandatario subrayó que el fallo judicial obligó al Ejecutivo a actuar con rapidez para garantizar la continuidad operativa de los puertos, considerados infraestructuras críticas para el comercio exterior y la estabilidad económica.

En ese sentido, explicó que la transición se desarrolla con empresas de amplia trayectoria internacional que han asumido temporalmente la operación, con el objetivo de evitar interrupciones en el manejo de carga y proteger miles de empleos vinculados al sector marítimo y logístico.

Mulino también pidió a las entidades y equipos involucrados en la transición de Balboa y Cristóbal que trabajen durante el fin de semana “las 24 horas del día” para normalizar el flujo de carga. Según el presidente, el objetivo es acelerar el despacho de importaciones y exportaciones y “poner al día” el manejo de contenedores entre viernes y domingo —o hasta lunes—, en un esfuerzo de corto plazo para reducir atrasos operativos mientras avanza la reorganización de ambas terminales.

En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por $26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico. Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Uno de los puntos centrales del mensaje presidencial fue la defensa del proceso de sustitución patronal, mediante el cual los trabajadores portuarios mantienen sus puestos y derechos adquiridos.

Mulino indicó que en el puerto de Cristóbal la transición supera el 98% de incorporación del personal, mientras que en Balboa el proceso supera el 70% y continúa avanzando, lo que calificó como una señal de estabilidad laboral y compromiso con la fuerza de trabajo portuaria.

El presidente también rechazó versiones sobre supuestas ofertas de empleo gestionadas por terceros en las terminales, advirtiendo que se trata de información falsa.

Insistió en que únicamente las empresas autorizadas dentro del esquema de transición están facultadas para realizar contrataciones, reiterando que la estructura laboral existente se mantendrá durante el proceso y que el Gobierno prioriza la protección del empleo y la continuidad de la actividad portuaria.

En el plano internacional, Mulino abordó las reacciones del Gobierno chino y afirmó que Panamá defenderá su soberanía jurídica y económica frente a cualquier presión externa.

El mandatario sostuvo que la relación comercial entre ambos países es relevante, pero subrayó que el movimiento de carga y energía asociado a China depende en gran medida del tránsito por el Canal de Panamá y del nodo logístico de la Zona Libre de Colón, lo que, a su juicio, demuestra la interdependencia existente.

El jefe del Ejecutivo planteó que, desde una perspectiva estratégica, China probablemente necesita la conectividad panameña tanto como Panamá valora el comercio con el gigante asiático.

Argumentó que el Canal y el ecosistema logístico nacional continúan siendo plataformas clave para la distribución regional de productos chinos, lo que refuerza el papel del país como hub comercial y marítimo en América Latina.

Mulino también destacó que el Gobierno está preparado para enfrentar el arbitraje internacional anunciado por PPC, insistiendo en que la defensa de los intereses del Estado será firme y basada en argumentos legales y contractuales.

Respecto al proceso de transición, el presidente señaló que se espera un período de aproximadamente 18 meses durante el cual el Estado supervisará la reorganización operativa y evaluará el desempeño de las nuevas empresas encargadas del manejo temporal de las terminales. Durante ese lapso, el Gobierno prevé mantener el flujo de carga y consolidar ingresos asociados a la actividad portuaria, mientras define el modelo definitivo de operación futura.

Panamá podría recibir hasta $100 millones durante el período transitorio de operación portuaria, estimado en 18 meses.