La decisión representa un intento de fortalecer la red sanitaria hondureña con personal nacional y de garantizar una administración más eficiente de los recursos públicos, según declaró el subsecretario de Salud Eduardo Midence.
El funcionario explicó que, al romper el acuerdo, el país dejará de pagar USD 1.600 mensuales por cada integrante de la misión cubana. Ese presupuesto, señaló Midence, se redestinará a la contratación de médicos generales, especialistas, enfermeras, técnicos en enfermería y otros profesionales hondureños, además de la compra de equipamiento, medicamentos e infraestructura hospitalaria.
La revisión interna realizada por la Secretaría de Salud reveló que entre los 172 integrantes de la brigada anunciada como sanitaria, había al menos dos electricistas, dos comunicadores y un economista, además del personal médico oficialmente presentado. Midence detalló: “Se identificó que no todos los integrantes correspondían al área médica especializada”.
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La cancelación del convenio derivó en la retirada inmediata de la brigada cubana. Midence expresó: “Estamos un poco tristes porque a partir de una comunicación verbal, estos colaboradores abandonaron sus puestos de trabajo y cerraron de manera unilateral los centros de oftalmología”. El convenio establecía un período de transición de 90 días para reorganizar la prestación de los servicios médicos, proceso que, según Midence, no se cumplió por parte de la misión extranjera.
La interrupción repentina ocasionó retrasos temporales en la atención de pacientes, especialmente en oftalmología. Como respuesta, la Secretaría de Salud activó un plan de contingencia, que incluye redistribuir personal en los centros asistenciales y acelerar procesos de contratación nacional. La autoridad sostiene que la cobertura médica se mantendrá mientras evalúa los efectos inmediatos en la salud pública y trabaja para restablecer plenamente los servicios en el menor tiempo posible.
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Midence defendió la cancelación del convenio con Cuba desde una perspectiva financiera y técnica. Indicó que los 95 millones de lempiras anuales ahorrados permitirán dotar de mayor estabilidad y sostenibilidad a la red hospitalaria. Además, recalcó que la contratación de profesionales locales hará posible compensar la salida de la brigada, contribuir a la generación de empleo y fortalecer el control administrativo dentro del sistema de salud.
El subsecretario afirmó que el gobierno prioriza las contrataciones que respondan a necesidades técnicas y asistenciales concretas, marginando otros factores tradicionalmente considerados en acuerdos internacionales. Insistió que el nuevo modelo persigue mayor control y mejor supervisión del desempeño del personal.
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El caso de la brigada médica cubana marca un punto de inflexión en la política de cooperación sanitaria internacional de Honduras, al abrir el debate sobre la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos estatales y sobre el ejercicio de la soberanía en el sistema público de salud.
El ministro de comunicaciones de Honduras Jose Augusto Argueta, anunció que las brigadas médicas cubanas deberán abandonar el país tras incumplir tres condiciones para su permanencia: gratuidad en sus servicios, estadía que no exceda los 90 días y la certificación ante el Colegio Médico de Honduras.
Reiteró que, los médicos procedentes de Cuba operaron en territorio hondureño durante más de un año y recibieron estipendios de más de 2 mil 500 dólares, superando el límite de temporalidad fijado. Las autoridades también destacaron que los galenos extranjeros nunca presentaron sus certificados profesionales al organismo médico nacional.
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El retiro de estas brigadas obedece al incumplimiento simultáneo de las normas administrativas y profesionales establecidas, lo que motivó la decisión oficial.
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