China responde al fallo panameño con freno a inversiones y mayores controles comerciales

Las relaciones económicas entre Panamá y China atraviesan uno de sus momentos más tensos desde el establecimiento de vínculos diplomáticos en 2017, luego de que Pekín comenzara a aplicar medidas informales de presión contra el país centroamericano tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la concesión portuaria operada por CK Hutchison Holdings.

Según reportes de Reuters y Bloomberg, autoridades chinas habrían solicitado a empresas estatales suspender negociaciones sobre nuevos proyectos en Panamá, como parte de una respuesta más amplia al fallo judicial.

La instrucción, citada por fuentes familiarizadas con el tema, afectaría conversaciones relacionadas con infraestructura, logística, telecomunicaciones y energía, y pone en riesgo inversiones potenciales valoradas en miles de millones de dólares.

De forma paralela, Bloomberg reportó que funcionarios vinculados a aduanas chinas habrían comenzado a someter productos panameños a inspecciones más estrictas, especialmente en rubros como el café.

Estas revisiones han generado retrasos en los procesos de importación, mayores costos logísticos y un impacto directo en la competitividad de los exportadores panameños en el mercado asiático.

Las medidas se producen después de que el máximo tribunal panameño declarara ilegal la concesión otorgada a la empresa hongkonesa para operar dos puertos estratégicos vinculados al Canal de Panamá, al considerar que el contrato presentaba vicios jurídicos.

El fallo fue respaldado públicamente por el presidente José Raúl Mulino, quien defendió la decisión como una reafirmación del Estado de derecho y de la independencia del sistema judicial.

Desde Pekín, la reacción no se hizo esperar. La Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao expresó su “profunda preocupación” por el fallo, advirtiendo que podía afectar la confianza de los inversionistas chinos en Panamá.

En respuesta, la Cancillería panameña reiteró que la decisión fue adoptada por un órgano independiente y que no responde a presiones políticas ni a agendas externas. Mulino insistió en que Panamá no negocia su institucionalidad y que todas las empresas, sin distinción de origen, deben someterse al marco legal vigente.

Aunque oficialmente China no ha anunciado sanciones formales, analistas coinciden en que la suspensión de negociaciones y el endurecimiento de controles aduaneros funcionan como mecanismos de presión económica indirecta. Este tipo de medidas, frecuentes en disputas diplomáticas, permiten ejercer influencia sin recurrir a restricciones comerciales explícitas que puedan violar acuerdos internacionales.

El impacto potencial de estas acciones es significativo, considerando el peso de China en la economía panameña. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias, China ha sido en los últimos años uno de los principales destinos de exportación de Panamá y, al mismo tiempo, su mayor proveedor de importaciones. En 2022, ocupó el primer lugar como destino de exportaciones panameñas y como país de origen de importaciones, manteniéndose además como el segundo mayor usuario del Canal de Panamá por flujo de carga.

La balanza comercial entre ambos países refleja una relación estructuralmente desequilibrada. Panamá mantiene un déficit recurrente desde hace casi dos décadas, impulsado por la alta dependencia de productos manufacturados chinos, mientras sus exportaciones se concentran en pocos rubros.

Durante los últimos cinco años, el comercio bilateral estuvo dominado por el cobre, que representó cerca del 95% del valor exportado a China, seguido por productos agroindustriales y pesqueros como harina de pescado, carne congelada, café y madera.

Si bien estos últimos representan una proporción menor del total, son clave para economías regionales y cadenas productivas locales.

Hay que recordar que Panamá no exporta cobre desde finales de 2023, tras un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia que anuló el contrato de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.

Las nuevas inspecciones aduaneras afectarían especialmente a estos sectores, que carecen de la capacidad financiera para absorber retrasos prolongados. Exportadores han advertido que un aumento sostenido en los tiempos de despacho puede provocar cancelaciones de contratos, pérdida de mercados y desvío de compradores hacia otros países proveedores.

A este escenario se suma el papel estratégico de la Zona Libre de Colón. China es el principal proveedor de este centro de redistribución comercial.

El contexto político agrega una dimensión adicional al conflicto. Panamá estableció relaciones diplomáticas con China en 2017, lo que dio paso a una amplia red de acuerdos en comercio, infraestructura, turismo, energía y cooperación técnica. Desde entonces, empresas chinas han participado en proyectos de construcción, telecomunicaciones, dragado, logística y generación eléctrica, mientras conglomerados financieros ampliaron su presencia en el país.

Actualmente, las estatales China Communications Construction Company (CCCC)y China Harbour Engineering Company (CHEC), construyen el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una obra que supera los 1,500 millones de dólares.

El fallo sobre los puertos, sin embargo, marca un punto de inflexión. Para diversos analistas, el episodio refleja la tensión entre la estrategia panameña de diversificación diplomática y su necesidad de preservar autonomía institucional frente a grandes potencias.

Para la administración de Mulino, el desafío consiste en sostener la defensa del Estado de derecho sin deteriorar una relación comercial estratégica. Hasta ahora, la estrategia oficial ha sido evitar confrontaciones directas, enfatizar el carácter independiente del sistema judicial y mantener abiertos los canales diplomáticos.