La Superintendencia de Bancos de Guatemala advirtió nuevamente que el país corre el riesgo de entrar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de que avance la revisión internacional prevista para 2027, un escenario que, según el organismo, afectaría remesas, comercio exterior, costos financieros y precios para los hogares.
El impacto más inmediato podría recaer sobre el dinero que reciben las familias desde el exterior: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras advirtió que el costo de operar el envío de remesas podría subir hasta 40% si Guatemala es incluida en la lista gris. Esa condición implicaría controles más estrictos y posibles límites al monto mensual que los hogares podrían recibir, según el sector privado.
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La advertencia de la SIB se apoya en un calendario concreto. De acuerdo con el organismo, el país deberá someterse a una nueva evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en febrero de 2027, y para entonces la ley no solo debe estar aprobada, sino también implementada.
La reforma busca evitar una sanción que encarezca remesas, importaciones y exportaciones
En un comunicado oficial, la SIB sostuvo que el marco legal vigente acumula más de 25 años sin una reforma de fondo. Según la entidad, esa legislación ya no responde ni a las exigencias del sistema financiero internacional ni a los riesgos asociados a la criminalidad organizada transnacional.
El antecedente inmediato es el Informe de Evaluación Mutua realizado a Guatemala en 2016, que identificó brechas en la normativa antilavado y recomendó su actualización. Diez años después de ese señalamiento, las reformas siguen pendientes.
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La iniciativa ahora debe pasar por la discusión artículo por artículo y por la redacción final.
El proyecto sustituye la legislación actual por un marco de 126 artículos alineado con las 40 recomendaciones del GAFI y con los estándares de GAFILAT.
Entre sus disposiciones, amplía el catálogo de sujetos obligados, incorpora a proveedores de activos virtuales y operadores de bingo, autoriza el congelamiento preventivo de fondos sospechosos, crea nuevas sanciones penales y establece el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La pregunta central planteada por la advertencia oficial es qué está en juego si la ley no se aprueba: según la SIB, una mayor vigilancia internacional sobre las operaciones vinculadas con Guatemala encarecería las transacciones financieras con el exterior, volvería más lentos los procesos de importación y exportación y terminaría trasladándose a mayores precios de bienes y servicios para la población.
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El presidente del Congreso Luis Contreras dijo en el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero que espera la aprobación final de la iniciativa 6593 el 2 de junio de 2026 en una sesión extraordinaria. Durante el encuentro organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala, Contreras afirmó: “Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar”.
El antecedente de 2001 refuerza la presión sobre el Congreso
La advertencia actual también se apoya en la experiencia previa del país con el sistema internacional de control financiero. En 2001, Guatemala fue incluida en la lista negra del GAFI por carecer de una legislación específica contra el lavado de dinero.
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La respuesta institucional incluyó la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ese mismo año, la creación de la Intendencia de Verificación Especial y la aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en 2002. Esos cambios permitieron que el país saliera de la lista negra en 2004.
La presión no proviene solo del supervisor financiero. La Asociación Guatemalteca de Exportadores advirtió sobre el daño comercial de una eventual inclusión en la lista gris, y su presidente Francisco Ralda definió ese escenario como “la sentencia de muerte” para los exportadores, que ya enfrentan obstáculos en puertos, burocracia y trámites.
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La SIB sostuvo que la aprobación de la nueva ley es necesaria para proteger la estabilidad económica, preservar la confianza internacional y reducir riesgos para el sistema financiero y para millones de familias guatemaltecas. El plazo que el sector privado organizado considera crítico vence el 2 de junio de 2026.
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