La empresa Panama Ports Company (PPC) inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La compañía informó que el procedimiento fue activado el 3 de febrero de 2026, amparado en el contrato vigente y en las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, argumentando incumplimientos contractuales, afectaciones financieras y falta de garantías jurídicas.
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En su comunicado oficial, PPC sostuvo que el arbitraje se produce luego de una campaña estatal dirigida específicamente contra su contrato de concesión, marcada por acciones que —según la empresa— habrían generado daños graves y riesgos adicionales para su operación.
La compañía indicó que, durante más de un año, buscó canales de diálogo, consultas técnicas y mecanismos de coordinación con el gobierno, sin obtener respuestas claras, lo que derivó en la activación del mecanismo internacional.
La empresa también cuestionó la forma en que el Estado habría comenzado a ejecutar medidas administrativas tras conocerse el fallo judicial, pese a que este aún no había sido publicado formalmente ni había entrado en vigor.
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De acuerdo con PPC, se realizaron visitas institucionales inesperadas y solicitudes de acceso irrestricto a información física, comercial y tecnológica, bajo el argumento de preparar un eventual proceso de transición de la administración portuaria.
PPC defendió además su historial de inversión sostenida en Panamá durante casi tres décadas, destacando aportes en infraestructura, modernización tecnológica y desarrollo del talento humano.
La empresa afirmó que estas inversiones han sido superiores a las realizadas por otros operadores portuarios en el país y que han contribuido a consolidar a Panamá como un centro logístico internacional, con impacto directo en el empleo y en la conectividad marítima global.
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En paralelo al anuncio del arbitraje, el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong emitió un pronunciamiento oficial en el que expresó su rechazo categórico al fallo panameño.
En su comunicado, la autoridad hongkonesa advirtió que la decisión judicial afecta los derechos legítimos de las empresas con sede en ese territorio, deteriora el entorno empresarial y debilita la confianza de los inversionistas internacionales.
El gobierno de Hong Kong señaló que Panamá debe respetar el espíritu contractual, ofrecer condiciones justas y garantizar un marco jurídico estable para las compañías que operan legalmente en su territorio.
Asimismo, hizo un llamado directo a las empresas hongkonesas a evaluar cuidadosamente sus inversiones actuales y futuras en el país, ante el nuevo escenario institucional y regulatorio.
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El conflicto se origina en el fallo de inconstitucionalidad emitido por el pleno de la Corte Suprema, que anuló la Ley No. 5 de 1997 y otros instrumentos relacionados con la concesión otorgada a PPC.
La sentencia determinó que el contrato presentaba vicios legales, falta de competencia efectiva y deficiencias en los procesos de renovación, lo que, a juicio del tribunal, vulneraba principios constitucionales.
Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno panameño anunció la activación de un plan de contingencia para garantizar la continuidad operativa de los puertos, la protección de los empleos y el mantenimiento de los servicios logísticos.
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Las autoridades reiteraron que la medida no implicaba una paralización inmediata, sino una transición ordenada mientras se define el nuevo esquema de administración.
En este contexto, una filial del grupo APM Terminals, perteneciente al conglomerado naviero A.P. Moller-Maersk, manifestó su disposición para asumir de forma transitoria la operación de las terminales, en caso de que el Estado lo requiera.
Esta opción fue presentada como parte de los mecanismos para preservar la estabilidad del sistema portuario durante el proceso de redefinición contractual.
La controversia también se vincula con un proceso de venta internacional promovido por la casa matriz de PPC, CK Hutchison Holdings, que incluía sus activos portuarios en Panamá dentro de un paquete valorado en más de 22 mil millones de dólares.
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Dicho portafolio despertó el interés de consorcios internacionales y fondos de inversión, generando debates sobre el control estratégico de infraestructuras clave.
La operación enfrentó fuertes cuestionamientos geopolíticos, especialmente desde Estados Unidos, donde autoridades manifestaron preocupación por la presencia de empresas vinculadas a China en puntos cercanos al Canal de Panamá.
El presidente Donald Trump afirmó que el control extranjero de puertos en la región representaba un asunto de seguridad nacional, aumentando la presión diplomática sobre Panamá.
El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, no dudó en opinar sobre el fallo de la CSS. El diplomático presentó el fallo como una señal de que en Panamá opera un sistema judicial independiente que puede corregir decisiones contractuales cuando, a su juicio, chocan con exigencias de transparencia y con el interés público.
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Su mensaje apunta a un efecto reputacional: la idea de que el país refuerza el Estado de derecho al exigir rendición de cuentas a operadores privados en infraestructura crítica.
En medio de este escenario, el Gobierno ha reiterado que la decisión judicial responde a un proceso independiente y que su objetivo es fortalecer el Estado de derecho, corregir irregularidades históricas y establecer nuevos mecanismos de concesión alineados con estándares internacionales.
Las autoridades han insistido en que el país mantiene su compromiso con la inversión extranjera bajo reglas claras y previsibles.
Mientras avanza el proceso arbitral y se desarrollan las fases de transición, los puertos de Balboa y Cristóbal continúan operando con normalidad, atendiendo rutas comerciales clave para América Latina, Asia y Europa.
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El desenlace del conflicto marcará un precedente relevante para futuras concesiones, relaciones comerciales y la posición de Panamá como plataforma logística global.
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