Diputados avanzan en una propuesta para prohibir seguros privados a funcionarios panameños

El uso de fondos públicos para el pago de seguros privados a funcionarios del Estado volvió a colocarse en el centro del debate legislativo en Panamá, tras el análisis del proyecto de ley 421 en la Asamblea Nacional.

La iniciativa, que plantea prohibir que las instituciones públicas incluyan en sus presupuestos partidas destinadas a seguros médicos, de vida y otros seguros privados para servidores públicos, ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo del gasto estatal y la existencia de beneficios considerados como privilegios dentro del aparato público.

El proyecto fue analizado por una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Luis Duke, en un contexto marcado por crecientes presiones fiscales y por el malestar de sectores de la sociedad civil que cuestionan el uso de recursos públicos para financiar coberturas privadas, cuando el país cuenta con un sistema de salud estatal que atiende a la mayoría de la población, como la Caja de Seguro Social y los hospitales públicos del Ministerio de Salud.

Para críticos de este esquema, ese gasto no solo resulta oneroso, sino que profundiza una percepción de desigualdad dentro del propio sector público, al beneficiar a un grupo reducido de servidores mientras la mayoría de los funcionarios y ciudadanos debe costear de su bolsillo cualquier póliza de salud privada.

La propuesta legislativa fue presentada por el diputado independiente Ernesto Cedeño, quien ha argumentado que el pago de seguros privados con fondos públicos carece de justificación en un país donde existe un sistema de salud estatal financiado con los aportes de los trabajadores.

Según ha explicado, su objetivo no es individualizar responsabilidades ni señalar a los beneficiarios, sino corregir lo que considera un trato desigual dentro de la administración pública.

Datos revelados durante la discusión de la iniciativa, indican que al menos 14 instituciones públicas mantienen este tipo de beneficios financiados con recursos estatales.

Entre las entidades mencionadas figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica, así como el Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Zona Libre de Colón, entre otros.

De acuerdo con información suministrada al diputado por la Contraloría General de la República, en al menos siete de estas entidades el Estado destina más de 168.9 millones de dólares al pago de seguros privados.

El proyecto de ley 421 no es la única iniciativa en esta línea. Durante la sesión de la subcomisión, también se analizaron propuestas similares presentadas por los diputados Jairo Salazar y el propio Luis Duke, con el objetivo de unificar criterios, recomendaciones y excepciones en un solo texto que pueda ser discutido posteriormente en primer debate.

Según Duke, el propósito es robustecer la iniciativa y darle viabilidad jurídica y presupuestaria.

En el análisis del proyecto participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la empresa MiBus y de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, quienes expusieron sus observaciones sobre el impacto financiero, contractual y operativo que tendría una eventual eliminación de estos seguros en las instituciones del Estado.

Aunque no se adoptaron decisiones definitivas, el intercambio dejó en evidencia que se trata de un tema con implicaciones complejas para la administración pública.

El anteproyecto de ley presentado por Cedeño prohíbe de forma expresa la inclusión de partidas presupuestarias para seguros de salud, vida y accidentes en todas las entidades, órganos, empresas y dependencias del Estado, incluyendo municipalidades y empresas mixtas donde el Estado tenga participación.

No obstante, el texto contempla excepciones puntuales, como los seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, la cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y los seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados.

Para sectores críticos, el debate trasciende lo presupuestario y toca un tema de fondo: la coherencia del discurso oficial sobre austeridad y equidad en el uso de los recursos públicos.

En un país donde amplios sectores de la población enfrentan deficiencias en el acceso a servicios de salud y largas listas de espera en hospitales públicos, la existencia de seguros privados financiados por el Estado para ciertos funcionarios es vista como un símbolo de trato desigual.

La discusión apenas comienza y promete generar resistencia tanto dentro como fuera del Legislativo. Sin embargo, el análisis del proyecto de ley 421 abre un debate más amplio sobre la forma en que el Estado administra sus recursos, define prioridades y responde a las crecientes demandas de transparencia y equidad en el uso del dinero público.