La justicia civil panameña enfrenta su primera prueba tras 100 días del nuevo código

A poco más de tres meses de su entrada en vigencia, el nuevo Código Procesal Civil panameño enfrenta su primera gran prueba de realidad: la capacidad del Órgano Judicial para sostener su implementación sin que el sistema se vea desbordado por limitaciones de personal y presupuesto.

Así lo dejó claro el magistrado Olmedo Arrocha, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, al presentar el informe de los primeros cien días de aplicación de esta reforma, que comenzó a regir el 13 de octubre de 2025 y que marca uno de los cambios más profundos en la justicia civil del país en décadas.

El informe presentado por Arrocha revela un volumen significativo de actividad judicial en los primeros meses del nuevo esquema procesal. Hasta el momento, se han ingresado 4,645 causas, distribuidas entre los distintos niveles del sistema: 288 en los tribunales superiores, 1,914 en los juzgados de circuito y 2,243 en los juzgados municipales.

A ello se suma la programación de 41 audiencias, de las cuales 24 ya se han celebrado en el Primer Distrito Judicial, mientras que 17 permanecen pendientes. Estos números confirman que el nuevo modelo ya está en marcha, pero también evidencian la presión operativa que enfrenta el sistema.

Más allá de las cifras asociadas directamente al nuevo Código Procesal Civil, Arrocha sustentó sus advertencias en la carga real que hoy soporta el Órgano Judicial.

De acuerdo con su informe de rendición de cuentas, solo su despacho procesó 3,820 expedientes durante 2025, sumando su labor en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Primera de lo Civil y la Sala Cuarta de Negocios Generales.

Esta cifra ilustra, según el magistrado, los límites estructurales del sistema judicial si la implementación del nuevo código no viene acompañada de refuerzos humanos y financieros.

Uno de los principales cuellos de botella identificados en estos primeros cien días es la liquidación de los procesos antiguos, es decir, los expedientes iniciados antes de la entrada en vigencia del nuevo código.

Arrocha explicó que solo en el primer circuito judicial existen más de 10,000 causas pendientes, que actualmente están siendo atendidas por cinco jueces liquidadores.

En términos prácticos, cada juez tiene a su cargo alrededor de 2,000 expedientes, una carga que hace inviable cumplir con los plazos previstos si no se adoptan medidas inmediatas.

“El problema no se resuelve llenando los tribunales de personal administrativo si seguimos teniendo un solo juez”, advirtió Arrocha durante su exposición.

A su juicio, el cuello de botella no está en la falta de equipos de apoyo, sino en la capacidad decisoria, que recae exclusivamente en los jueces.

Por ello, planteó la necesidad de duplicar el número de jueces liquidadores, al menos en el primer distrito judicial, como condición mínima para completar la liquidación de los expedientes antiguos en un plazo de dos a tres años. De no adoptarse esta medida, la proyección es que el proceso podría extenderse hasta ocho años.

Sobrecarga

El informe también pone en contexto la presión que enfrenta el sistema más allá del nuevo código. En el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el despacho de Arrocha procesó 1,947 expedientes en 2025, de los cuales 205 ingresaron bajo su ponencia, 180 fueron tramitados y 25 quedaron pendientes de resolución, mientras que 1,767 expedientes provenientes de otros despachos también fueron atendidos.

Este flujo interdespachos, según el magistrado, refleja que la sobrecarga judicial es un problema estructural previo a la reforma.

En la Sala Primera de lo Civil, el balance anual muestra 1,028 expedientes trabajados, con 215 ingresos nuevos, 188 expedientes tramitados, 27 pendientes y 840 expedientes provenientes de otros despachos.

En tanto, en la Sala Cuarta de Negocios Generales, se procesaron 845 expedientes, incluyendo 616 solicitudes de idoneidad, de las cuales 603 fueron atendidas, además de 181 expedientes de otros despachos.

Estos datos refuerzan el argumento de que la presión sobre los jueces no se limita a un área específica, sino que atraviesa distintas salas y funciones del Órgano Judicial.

La situación no es distinta en otras áreas sensibles, como los procesos de insolvencia. Arrocha señaló que también allí será necesario duplicar la cantidad de jueces, dado el volumen y la complejidad de los casos.

Aunque a partir de julio se incluyeron nuevas posiciones en el presupuesto del Órgano Judicial, reconoció que estas podrían no ser suficientes para afrontar el reto completo que implica la implementación del nuevo código, por lo que no se descartan estrategias internas de redistribución de recursos si los fondos adicionales no llegan a tiempo.

En términos financieros, el informe deja ver el peso económico de la reforma. Hasta ahora, el Órgano Judicial ha invertido alrededor de $5 millones en el proceso de implementación del Código Procesal Civil.

Más dinero

Sin embargo, Arrocha estima que, en los próximos dos años, se requerirá una inversión adicional de entre $5 y $10 millones, dependiendo de la velocidad con la que se aprueben los recursos necesarios para la liquidación de los procesos antiguos.

El objetivo ideal es completar todo el proceso en tres años, aunque reconoció que sin respaldo presupuestario esa meta será difícil de alcanzar.

Más allá de las cifras, el nuevo Código Procesal Civil introduce un cambio estructural en la forma de administrar justicia. Uno de sus principales beneficios es la reducción sustancial en los tiempos de tramitación, con estimaciones que apuntan a recortes de hasta 600 días en la duración de los procesos, gracias a un modelo más oral, concentrado y con mayor control judicial.

No obstante, estos beneficios solo podrán materializarse plenamente si el sistema cuenta con el número adecuado de jueces y con la infraestructura necesaria para sostener el aumento de audiencias y resoluciones.

A cien días de su implementación, el balance del Código Procesal Civil muestra avances concretos, pero también deja al descubierto una realidad incómoda: la reforma ya está funcionando, pero opera al límite de la capacidad instalada.

La reducción de tiempos y la modernización procesal son logros tangibles, pero su sostenibilidad dependerá de decisiones presupuestarias y administrativas que deberán tomarse en el corto plazo.

El mensaje del informe es claro: el Código Procesal Civil no fracasará por diseño legal, sino por falta de recursos si no se actúa con rapidez.

La ventana para corregir el rumbo aún está abierta, pero el reloj corre en contra de un sistema que ya carga con miles de expedientes heredados del pasado y que enfrenta, al mismo tiempo, la presión de cumplir con las promesas de una justicia más ágil y eficiente.