La discusión sobre la reforma educativa en Panamá cobró visibilidad con las declaraciones del presidente José Raúl Mulino y del diputado Jorge I. Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.
Mientras Mulino adelantó que el Poder Ejecutivo presentará en febrero un anuncio formal sobre la dirección que tomará la reforma educativa, el diputado aseguró que el Legislativo ya está preparado para iniciar mesas de trabajo destinadas a definir los contenidos de una nueva ley orgánica que sustituya al marco vigente desde 1946.
El riesgo de choques o diferencias entre el ritmo, el enfoque y la conducción del proceso entre ambos órganos marca un debate clave para el futuro del sistema educativo.
Mulino planteó que, tras la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social, la educación se convirtió en el siguiente gran eje de su hoja de ruta.
“Aspiro a discutir de manera respetuosa y coherente la urgente necesidad que tiene Panamá de modernizar su sistema educativo”, afirmó.
El mandatario dejó claro que la iniciativa vendrá desde el Ejecutivo, aunque buscará un esfuerzo nacional que incluya a educadores, padres de familia, gremios y otros sectores, con el objetivo de aprobar una nueva ley orgánica de educación.
Su meta, dijo, es dotar al país de un marco que garantice estabilidad y modernidad por al menos 50 años.
En su intervención, el presidente también subrayó la brecha estructural entre la educación pública y la privada. “No puede ser que los que pueden pagar una educación privada tengan acceso al futuro, mientras quienes dependen del sistema público deban hacer un esfuerzo enorme para competir”, expresó.
Adelantó que la reforma incluirá mayor acceso a tecnología, programas de actualización permanente para docentes y un enfoque acorde con los tiempos actuales, al insistir en que los indicadores ya muestran con claridad las fallas del sistema.
Agenda legislativa
En paralelo, el diputado Bloise afirmó que la Asamblea está lista para iniciar su propio proceso de discusión, con un plan de mesas de trabajo y un ciclo de conferencias.
Detalló que, durante seis sesiones en la Asamblea Nacional, ocho sectores se reunirán con “voz y voto” para presentar propuestas consensuadas alrededor de seis ejes temáticos: gobernanza del Ministerio de Educación, calidad educativa y equidad, formación docente, financiamiento y gestión con foco en descentralización, educación superior y técnica, además de conclusiones y recomendaciones.
Según el diputado, se convocará al Ministerio de Educación, gremios docentes, estudiantes, padres de familia, rectores de universidades públicas y privadas, sociedad civil, representantes del sector privado y trabajadores.
Bloise también anunció el inicio de un ciclo de conferencias con expertos internacionales y nacionales. La primera actividad, prevista para el 23 de enero, incluiría la participación de exministros de Educación con experiencias de reformas en otros países, además de un mensaje del creador de la prueba PISA y aportes desde organismos vinculados a mediciones educativas.
Paralelamente, dijo que se impulsará una encuesta nacional en línea y se realizarán visitas a regiones educativas para sostener diálogos que alimenten la propuesta legislativa, en espera de la iniciativa de ley que presente el Ejecutivo.
El legislador subrayó que se trata de un proceso “autónomo e independiente” al que lleve el Ministerio de Educación, con el objetivo de construir una reforma que trascienda una administración y se convierta en política de Estado.
La tensión potencial entre ambos enfoques está en el centro del debate: Mulino plantea que la propuesta nacerá desde el Ejecutivo y buscará consenso nacional, mientras la Asamblea avanza con una estructura de discusión propia y un cronograma de consultas que pretende producir recomendaciones y una ruta legislativa.
Cambio profundo
La coordinación entre los dos órganos podría definir si la reforma avanza con rapidez o se empantana por diferencias de protagonismo, metodología o prioridades.
El contexto que empuja el debate es el desempeño educativo del país en indicadores internacionales. Los resultados de PISA 2022, la evaluación aplicada a estudiantes de 15 años que mide habilidades en lectura, matemáticas y ciencias, mostraron que Panamá se ubicó por debajo de los promedios de referencia y reflejó debilidades en aprendizajes básicos.
En matemáticas, lectura y ciencias, los puntajes reportados evidenciaron que una proporción significativa de estudiantes no alcanza niveles mínimos de competencia, lo que limita su capacidad para comprender textos, resolver problemas y aplicar conocimientos científicos en situaciones cotidianas.
Estos resultados se conectan con un problema estructural: la desigualdad. La brecha entre estudiantes que acceden a mejores condiciones educativas y quienes dependen de un sistema con recursos limitados tiende a reproducir diferencias en oportunidades laborales y movilidad social.
Mulino lo planteó en términos políticos: un país donde solo quien puede pagar tiene “acceso al futuro” enfrenta una fractura que termina por afectar competitividad, productividad y cohesión social.
En ese sentido, la discusión sobre la reforma educativa no se limita a cambiar artículos de una ley orgánica antigua. El reto real es transformar un sistema que arrastra rezagos en calidad de aprendizaje, formación docente, gestión y equidad territorial.
La reforma anunciada por el Ejecutivo apunta a incorporar tecnología y actualizar a los docentes, mientras el Legislativo busca construir consensos y sumar evidencia internacional y nacional al debate.
En las próximas semanas, el país enfrentará una prueba política adicional: si el Ejecutivo y el Legislativo logran alinear sus rutas sin competir por el control del proceso.
La reforma educativa será uno de los temas de mayor sensibilidad social del año y, si se maneja con choque institucional, podría atrasarse. Si se maneja con coordinación y metas claras, podría convertirse en el cambio estructural que Panamá lleva décadas postergando.
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