Las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial modificaron la dimensión que puede alcanzar una mentira. Una información falsa, deformada o manipulada puede circular en segundos, llegar a millones de personas, ser amplificada por algoritmos y permanecer disponible durante años. Incluso puede reaparecer en buscadores o sistemas de IA como si se tratara de un dato verdadero. La tecnología no creó la falsedad: transformó su velocidad, alcance, permanencia y capacidad de daño.
Frente a esta realidad, resulta necesario discutir un delito autónomo de manipulación informacional dolosa. No para criminalizar la mentira ni restringir la libertad de expresión o de prensa, sino para establecer un límite penal excepcional y preciso frente a quien utiliza conscientemente información falsa o manipulada con el propósito de degradar, estigmatizar, hostigar, generar descrédito público o destruir la credibilidad de una persona.
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Una posible figura penal
Será reprimido con prisión de dos (2) a cuatro (4) años quien, por cualquier medio apto para otorgar conocimiento público a la información, difundiere públicamente, a sabiendas de su falsedad, hechos falsos presentados como verdaderos; noticias o informaciones sustancialmente deformadas, tergiversadas o descontextualizadas; contenidos adulterados o manipulados; o contenidos total o parcialmente creados, recreados o alterados mediante sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías digitales y presentados como auténticos o verdaderos, respecto de una persona humana determinada o determinable, sea privada o ejerza una función pública, judicial, política o institucional, con la finalidad específica de degradarla, estigmatizarla, hostigarla, generar su descrédito público o destruir su credibilidad, siempre que la conducta resulte objetivamente idónea para provocar una afectación grave de su consideración social, profesional, pública o institucional.
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La difusión comprenderá medios gráficos, radiales o televisivos, diarios y portales de noticias, noticieros, redes sociales, plataformas digitales, streaming, sitios web, buscadores, sistemas de inteligencia artificial o cualquier otro medio presente o futuro apto para conferir publicidad a la información. También quedarán comprendidas las creaciones o alteraciones artificiales de imágenes, audios, videos, documentos o noticias —incluidas las denominadas deep news— cuando construyan una apariencia de realidad y concurran los restantes elementos del tipo.
Difundir, no simplemente desprestigiar
La elección del verbo “difundir” delimita la conducta prohibida. Degradar, estigmatizar, hostigar o generar descrédito describen la finalidad perseguida, pero no son, aisladamente, acciones punibles. Lo relevante es poner en circulación pública una base fáctica falsa, adulterada, deformada o sustancialmente tergiversada, con conocimiento de esa condición y una intención específica. La expresión “a sabiendas de su falsedad” excluye el error informativo: no basta que una noticia resulte luego inexacta, exagerada, molesta o injusta.
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Libertad de prensa: la crítica sigue protegida
La libertad de expresión y la libertad de prensa deben permanecer plenamente garantizadas. Quien ejerce una función pública está sometido a un escrutinio particularmente intenso. La crítica política, periodística, judicial o institucional, incluso feroz, la investigación, la denuncia, el humor, la sátira, la parodia y los juicios de valor no integran por sí mismos esta figura. El ecosistema actual obliga a distinguir entre crítica y operación, error y falsificación, humor y hostigamiento, información y construcción artificial de realidad. La frontera aparece cuando alguien conoce que un hecho es falso o manipulado y decide presentarlo como verdadero para provocar deliberadamente un daño grave.
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No es un delito contra el honor
La propuesta tampoco reconstruye las calumnias e injurias. La Ley 26.551 de 2009, vinculada al caso “Kimel vs. Argentina”, estableció límites fundamentales para la intervención penal respecto de expresiones relacionadas con asuntos de interés público. Esas garantías deben permanecer intactas. Aquí no se sanciona simplemente deshonrar, ridiculizar, cuestionar o desprestigiar. Deben concurrir una base fáctica verificablemente falsa o manipulada, conocimiento de esa falsedad, finalidad específica y aptitud objetiva para causar una afectación grave. No alcanza una opinión, una crítica, una noticia negativa, una investigación equivocada ni un simple error. “Kimel” no es un obstáculo: es el límite que obliga a construir un tipo cerrado, preciso y excepcional.
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De la vida privada al daño institucional
La víctima puede ser cualquier persona. Para un ciudadano común, una falsedad instalada públicamente como verdadera puede significar perder empleo, clientes, contratos, oportunidades comerciales, vínculos profesionales o relaciones sociales. Puede modificar la conducta de terceros y destruir en horas una trayectoria construida durante décadas. No es indispensable que el perjuicio llegue a consumarse, pero la maniobra debe poseer una aptitud objetiva seria para producir una afectación de esa entidad.
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Cuando el ataque se dirige contra alguien por la función pública que ejerce, aparece, además, una dimensión colectiva. Un juez, fiscal, legislador, ministro o cualquier otro funcionario puede ser utilizado como vehículo para erosionar la confianza en la institución o en el poder del Estado que representa. Desacreditar mediante falsedades conocidas a un juez puede procurar deslegitimar sus decisiones, condicionar su actuación o instalar que el Poder Judicial carece de credibilidad. En situaciones extremas, una operación de desinformación puede contribuir a escenarios de desestabilización institucional. La figura no protege al poder frente a la crítica: protege frente a una modalidad específicamente delimitada de falsificación informacional dolosa.
Deep news y apariencia de realidad
La inteligencia artificial agrega una dificultad cualitativamente distinta. Hoy es posible crear o alterar imágenes, voces, videos, documentos y noticias con un grado de realismo capaz de hacer aparecer como ocurrido algo que nunca sucedió, o deformar un hecho verdadero hasta conferirle otro significado. Dentro de este fenómeno pueden ubicarse las deep news: construcciones falsas, deformadas o artificialmente creadas que adquieren apariencia de autenticidad y luego ingresan al ecosistema informacional como si fueran reales. La utilización de inteligencia artificial no vuelve delictiva una conducta por sí sola; lo determinante es conocer la falsedad o manipulación y emplearla deliberadamente con la finalidad lesiva exigida por el tipo.
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Gravedad y pena
La maniobra puede consistir en una campaña sostenida o en un único hecho de extraordinario alcance. Una publicación, un video adulterado, un deepfake o una información falsa viralizada pueden bastar para producir consecuencias devastadoras. La complejidad, periodicidad, persistencia, coordinación de distintos canales, alcance y magnitud del daño son circunstancias relevantes para graduar la respuesta.
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Una escala de dos (2) a cuatro (4) años de prisión puede ser un punto razonable para iniciar la discusión, teniendo en cuenta que estas conductas pueden arruinar la vida social y profesional de una persona y, en ciertos casos, proyectarse sobre la confianza institucional. La determinación definitiva de la pena deberá responder a criterios de política criminal, proporcionalidad y coherencia con el sistema punitivo. El Poder Legislativo y sus comisiones competentes en materia penal son el ámbito adecuado para discutir la escala y alcanzar los acuerdos necesarios.
Cuando la desinformación se convierte en un arma
El derecho penal debe continuar siendo la última respuesta del Estado. Pero prudencia no significa indiferencia. Redes sociales, plataformas, viralización e inteligencia artificial permiten que una construcción falsa alcance una potencia lesiva desconocida hasta hace pocos años. No se trata de criminalizar la palabra ni de limitar la prensa. Se trata de determinar qué respuesta corresponde cuando alguien sabe que un hecho es falso, deformado o artificialmente creado y, aun así, lo difunde como verdadero con la intención de destruir la vida, la trayectoria o la credibilidad de otra persona; o cuando utiliza ese ataque para erosionar la confianza en una institución del Estado. Una cosa es criticar, investigar, cuestionar o satirizar. Otra muy distinta es fabricar conscientemente una realidad y convertirla deliberadamente en un arma.
Dr. Jorge Monastersky
Abogado penalista. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
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