La justicia dividida: por qué la extraterritorialidad penal de Beijing fractura la diplomacia global

La diplomacia y el derecho penal internacional atraviesan una de sus grietas más profundas debido a la tendencia sostenida de la República Popular China de dotar a sus leyes penales de una marcada extraterritorialidad. Esta pretensión de sancionar actos cometidos fuera de su territorio por ciudadanos extranjeros ha dejado de ser una disputa académica para convertirse en un problema operativo real para cancillerías, embajadas y tribunales de todo el mundo. En el centro del debate se encuentra la soberanía territorial, un principio básico del derecho internacional que se paraliza cuando una potencia pretende tipificar como delito la libre expresión, las decisiones legislativas o el apoyo a Taiwán realizados en suelo extranjero.

Para entender la desconfianza actual es necesario volver a 2019, cuando la intención del gobierno de Hong Kong de aprobar una ley de extradición hacia la China continental provocó protestas masivas en las calles ante el temor de una inminente pérdida de garantías judiciales. La respuesta de Beijing en junio de 2020 sentó un antecedente definitivo al promulgar de forma directa la Ley de Seguridad Nacional. Esta norma incluyó el polémico Artículo 38, el cual otorgaba jurisdicción penal a las autoridades chinas sobre supuestos delitos cometidos por personas no residentes y fuera del territorio hongkonés.

La reacción de las democracias fue inmediata y países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania suspendieron de manera sistemática sus acuerdos de extradición con Hong Kong. Aquel quiebre confirmó que la cooperación penal internacional no resiste cuando el sistema judicial de un país se percibe como un instrumento de presión ideológica transnacional.

La lección de Hong Kong cobra renovada vigencia frente a la arquitectura legal que impulsa Beijing contra la independencia de Taiwán. Disposiciones como el Artículo 63 de sus normativas sobre la reunificación extienden la persecución criminal no solo a diplomáticos, sino directamente a miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, investigadores, catedráticos y conferencistas internacionales que aborden críticamente las políticas del régimen o respalden la soberanía de la isla.

Esta pretensión punitiva supone un ataque frontal contra la libertad de expresión y la libertad de conciencia, buscando silenciar el debate intelectual, la labor informativa y la investigación académica más allá de las fronteras chinas bajo la amenaza de sanciones penales. Esta expansión genera la inaplicabilidad directa del principio de doble incriminación, ya que ningún tribunal democrático puede extraditar a una persona por actos que en su propio país constituyen el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Asimismo, mientras los diplomáticos acreditados cuentan con el escudo de la Convención de Viena, los miembros de la sociedad civil, la prensa, los académicos, los cónyuges de funcionarios, el personal técnico y los consultores externos quedan expuestos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de salida o represalias al cruzar fronteras con tratados vigentes con China, lo que ha obligado a diversas cancillerías a actualizar sus alertas de viaje.

La consecuencia última de esta ofensiva jurídica es un mapa de la justicia internacional dividido en dos bloques. Por un lado se posicionan los Estados que suspenden la cooperación penal y blindan a sus ciudadanos, mientras que por el otro quedan los países vulnerables o con estrecha dependencia económica con Pekín, expuestos a presiones diplomáticas para ejecutar entregas de personas al margen del debido proceso.

En eventos clave como el Foro Ketagalan y en los pronunciamientos de la Alianza Interparlamentaria sobre China, parlamentarios y analistas coinciden en que si los países no declaran colectivamente la ineficacia jurídica de estas leyes extraterritoriales dentro de sus fronteras, el derecho penal internacional dejará de ser una herramienta para combatir el crimen y pasará a convertirse en un arma de coacción política global.

* El autor es egresado del Fu Hsing Kang College y presidente del Foro Uruguay Democrático.