El límite de la soberanía moral

El veto a la Conferencia Anual sobre Derechos Humanos y Democracia en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no es un trámite administrativo ni un desacuerdo formal. Es la constatación de una injerencia directa: el momento en que la presión diplomática de una potencia extranjera logra condicionar el debate público en un recinto democrático local.

El encuentro, previsto para el 24 de agosto en el marco del Día en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo, proponía discutir un interrogante central: “¿Hay razones para la esperanza en la defensa internacional de los derechos humanos?”. Sin embargo, la sola presencia en el panel de Dolkun Isa —referente de la comunidad uigur y expresidente del Congreso Mundial Uigur— bastó para activar el aparato de censura.

La Embajada de China en Buenos Aires intercedió ante la Cancillería argentina que, a través de sus direcciones de Asia y de Relaciones Económicas Internacionales, trasladó la exigencia a las autoridades porteñas. La respuesta institucional fue ceder al veto empaquetándolo bajo una excusa burocrática de “faltantes administrativos”.

Este episodio de represión transnacional no es aislado —en abril ya se había forzado la cancelación de la presentación de un libro crítico sobre el régimen chino en la Universidad de Belgrano—, pero sí vuelve a poner de relieve el valor de una trayectoria. La respuesta del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), organizador del evento, fue no dar un paso atrás: reubicó la jornada en la sede del Club Alemán y garantizó que las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Xinjiang se escucharan de todos modos.

Desde su fundación en 2003, la gestión de CADAL se ha distinguido por mantener una postura firme en la región: la coherencia en la defensa de las libertades fundamentales. En un continente donde la condena a los regímenes autoritarios suele calibrarse según la conveniencia ideológica o el color político del gobierno de turno, el trabajo de la organización se ha mantenido al margen de la doble vara. Para CADAL, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la dignidad humana no son variables de negociación comercial ni concesiones geopolíticas.

Ese compromiso histórico los llevó a visibilizar a la disidencia cubana, a la oposición venezolana y a los activistas nicaragüenses cuando el cálculo diplomático aconsejaba el silencio. Lo reafirmaron también en 2022 al respaldar la demanda presentada ante la justicia argentina contra la jerarquía del Partido Comunista Chino por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo uigur, apelando al principio de jurisdicción universal.

La libertad de conciencia —el derecho inalienable a pensar, expresarse y denunciar los abusos de poder sin temor a la coacción— encuentra en la labor de CADAL una referencia constante. Frente a la condescendencia estatal y los pragmatismos de coyuntura, el episodio de esta semana demuestra que la defensa de los derechos humanos exige autonomía y firmeza ética. Cuando las instituciones públicas ceden espacio por conveniencia o temor, el trabajo de la sociedad civil independiente se confirma como el último resguardo para que la libertad no quede supeditada al dictado de una embajada extranjera.

* El autor es egresado del Fu Hsing Kang College y presidente del Foro Uruguay Democrático.