Los datos del primer trimestre del año sobre la evolución del empleo de la Encuesta de Hogares del Indec, junto con la información sobre la evolución de salarios de convenio, mínimos y efectivos, nos dan un panorama bastante completo de cómo se está adaptando el mercado laboral al nuevo escenario económico, con las reformas introducidas por la gestión Milei.
Por un lado, aparece un cambio profundo y, como es de esperar, también gradual, en salarios relativos. Hay cambios dentro y entre sectores -no todas las empresas de un mismo sector evolucionan igual en materia salarial-, y esas diferencias también se dan dentro de las empresas -prevalecen los aumentos generalizados, pero aparecen diferencias por distintos conceptos-.
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Se amplían, asimismo, las diferencias entre y dentro de las regiones del país, por calificaciones, y cambian las relaciones entre puestos según el empleador (público, privado), así como el rol de los salarios mínimos.
Cambian las relaciones entre puestos según el empleador (público, privado), así como el rol de los salarios mínimos
Ya llevamos dos años y medio y los cambios aparecen con mayor nitidez, aunque la dirección y la estabilidad de los mismos es incierta -más allá de los fundamentos que estén detrás de ellos-. Esos cambios responden a dos objetivos de política. En primer lugar, los aumentos uniformes han sido la contraparte de una economía de muy alta inflación.
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Con inflación de dos, tres y hasta cuatro dígitos anuales, el país se acostumbró a “resolver” la cuestión salarial, básicamente, indexando a corto y mediano plazo los salarios: fue una solución para los gremios y también -en un contexto de alta incertidumbre- para las empresas, al costo de cada vez menos ocupados con esta “solución” de indexación.
La mayoría de los ocupados hoy, informales y cuentapropistas, reflejan que la productividad laboral no puede soportar esa “solución de indexación”, lo que se resolvió en las últimas décadas con la caída del stock de empleados privados formales. Por lo tanto, debe buscarse una forma de ajuste distinta a la simple indexación salarial, y ello exige desmantelar los mecanismos automáticos vigentes hasta ahora. Son dos:
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- Se desindexan los salarios mínimos.
- La Secretaría de Trabajo no homologa convenios colectivos que ajusten por inflación o por encima de la inflación. Esto deja libre la alternativa de que las empresas -ya no solo los sectores o grandes actividades- que puedan mejorar salarios porque mejora su productividad, puedan ajustar por encima de la inflación.
El segundo objetivo de política es -parte de prepararse y adaptarse a una economía de baja inflación en el futuro- facilitar los cambios de salarios relativos que respondan a los cambios de productividad. Esto último es bastante más difícil y, en todo caso, propaga la inflación en un contexto de elevados ajustes nominales.
Habrá que ver si administraciones futuras mantienen esta política salarial prudencial que, además de inducir ajustes eficientes, limita la inercia inflacionaria
El cambio de precios relativos es un movimiento hacia mejorar la eficiencia en el funcionamiento del mercado de trabajo a través de limitar la interferencia directa sobre el sistema de precios (salarios) relativos.
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Habrá que ver si administraciones futuras mantienen esta política salarial prudencial que, además de inducir ajustes eficientes, limita la inercia inflacionaria.
Menos empleo en el sector público federal
Un segundo cambio de importancia está teniendo lugar en materia de empleo: el freno al crecimiento del empleo público -al menos al nivel federal-. Entre 2002 y 2023, la dotación total de empleados públicos se duplicó, y desde entonces su crecimiento se ha frenado.
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El descenso en términos relativos de los salarios públicos respecto de los privados en los últimos dos años y medio (19% de caída en abril de este año respecto de noviembre de 2023) redujo los incentivos al empleo público, y además cayó la oferta de puestos públicos. Ambos elementos aumentan el espacio para que se fortalezca el empleo privado.
Las condiciones favorables empiezan a aparecer, tanto en términos de incentivos como de políticas de empleo. Sin embargo, ello no significa automáticamente que el empleo privado formal vaya a florecer, porque la contractualidad laboral sigue generando costos inciertos, dado que la justicia laboral todavía tendrá que adaptarse a una mayor racionalidad económica, porque las decisiones “paternalistas” siempre tienen su costo: there’s no free lunch.
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El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 687 de FIEL
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