El fantasma del ballotage

Un fantasma recorre la Casa Rosada, el fantasma del ballotage.

Por estas horas, conforme comienza lentamente a activarse el plan reeleccionista de Milei, y en un contexto donde el oficialismo no solo aparece en todas las encuestas replegado hacia su núcleo duro de votantes sino que enfrenta importantes desafíos en materia económica que convivirán con el proceso electoral, en las usinas estratégicas del oficialismo comienza a crecer la preocupación ante un hipotético ballotage.

No se trata de una preocupación antojadiza ni de un temor infundado. No solo porque la casuística presidencialista da cuentas de que en escenarios de fragmentación y alta polarización no resulta un fenómeno extraño el que los segundos en las generales tengan eventualmente más chances de ganar el “mano a mano” final que los primeros y otrora favoritos. Es que también está muy fresco el recuerdo del fracaso del plan reeleccionista de Mauricio Macri.

Allí anidan muchos de los temores del oficialismo que, a través de una reforma electoral, busca evitar que se configure un escenario similar al de 2019, donde un gobierno golpeado por el contexto económico se expuso a una anticipada y contundente derrota en las PASO del 11 de agosto de 2019 que acabó por generar un desgaste adicional a un Mauricio Macri que, envuelto en una crisis de confianza, se enfrentó a la inexorable derrota final.

Las encuestas suman incertidumbre, incluso algunas de las que suele consumir el propio oficialismo, que muestran a un presidente que, con altos niveles de rechazo y fuerte erosión de expectativas, no superaría hoy el 33% de los votos. Un piso nada despreciable que, sino mejora el termómetro económico ciudadano, podría ser al mismo tiempo un techo que podría ser insuficiente para imponerse en una hipotética primaria a un peronismo que, aún fragmentado y en crisis, podría superar dichos guarismos en la sumatoria de ofertas electorales. En ese contexto, un ballotage que en el 2023 fue altamente funcional a Milei, ahora podría jugarle en contra ante los altos niveles de rechazo, no solo en lo que respecta a la imagen presidencial y los niveles de aprobación de gobierno, sino en concreto al plan económico.

Es en este contexto que se entiende el apuro y la obsesión presidencial por eliminar o suspender las PASO, no solo para dificultar la concreción de cualquier alternativa electoral competitiva sino para asegurarle a los mercados y los atentos observadores externos que el peronismo no tiene chances de regresar al poder. De paso, también busca proyectar la imagen de consenso a través de un acuerdo -aún en ciernes- con una decena de gobernadores, a la par que consolidar la alianza con aliados como el PRO y el radicalismo. Todo ello, incluso a costa de resignar “aventuras” locales que compitan con caudillos provinciales y, más aún, de avanzar en alguna variante de los viejos y altamente distorsivos sistemas de sumatoria de votos -se habla de colectoras- con resultados imprevisibles

Una trampa que, por cierto, el mismo oficialismo creó con la recurrente apelación al denominado “riesgo kuka”, muy funcional en otras coyunturas, pero que hoy pesa sobre las espaldas de un oficialismo que, a más de un año de las elecciones, necesita demostrar a inversores externos, organismos de crédito, y actores del establishment económico, que la continuidad del modelo no está en peligro por factores electorales.

Lo cierto es que más allá de los argumentos esgrimidos por el oficialismo contra las PASO -centrados casi exclusivamente en su costo-, de su turbulenta historia en nuestro país, y del hecho de que en realidad un sistema que nació con el pretendido objetivo de democratizar la selección de candidatos, terminó siendo en realidad un método de validación de candidatos y simplificación de la oferta electoral, el oficialismo recurre, al igual que la dirigencia política tradicional que con tanto esmero a buscado denostar, a la vieja práctica de intentar manipular las reglas electorales en función de intereses parciales. Un hecho que contrasta aún más a la luz con las prioridades de millones de argentinos que no llegan a fin de mes y miran el futuro con cada vez más pesimismo.

El politólogo alemán Dieter Nohlen ya señalaba en la década del ’90 que en la Argentina las reformas electorales dependían en gran medida de especulaciones y cálculos políticos, sobre todo en razón de que tradicionalmente el sistema electoral no ha sido visto como una imprescindible regla de juego transparente y estable, sino como un instrumento de poder.

Así las cosas, el oficialismo parece aferrarse a una suerte de “fetichismo institucional” que parece sostener que la reforma de algunas reglas electorales tendrá efectos automáticos sobre el sistema político y el comportamiento de los actores, cuando en realidad a esta altura lo más importante para allanar el camino a la reelección pareciera estar en las posibilidades -cada vez más esquivas- de generar una mejora concreta en la clase media y otros segmento sociales afectados por las políticas económicas libertarias.