La defensa que tenemos y la defensa que necesitamos: desafíos para el siglo XXI

A 44 años de la Guerra de Malvinas, Argentina enfrenta un escenario de vulnerabilidad defensiva importante, producto de cuatro décadas de desinversión, falta de planeamiento y desinterés político, que han diezmado riesgosamente las capacidades de las Fuerzas Armadas. Hoy se requiere un modelo de defensa nacional que asegure la protección de nuestros intereses en un mundo cada vez más complejo e imprevisible.

La Argentina posee una importancia geopolítica indiscutible: es el octavo país más extenso del mundo, con recursos naturales vitales (agua, alimentos, minerales, petróleo) y una proyección bicontinental hacia la Antártida. Sin embargo, esta inmensidad contrasta con espacios demográficos vacíos y carencia de infraestructura, lo que dificulta su control, agravado por la ocupación ilegal británica de parte de nuestro territorio. Aunque la mayoría de los diferendos limítrofes parecen zanjados, la volatilidad mundial exige estar preparados ante eventuales conflictos.

La esencia del sistema de defensa no es solo el uso de la fuerza en caso de conflicto, sino la disuasión permanente. Como sostenía el general André Beaufre, la disuasión busca “impedir el ataque enemigo mediante la amenaza de una respuesta abrumadora [...] que desgasta su voluntad, usando la amenaza como un instrumento de presión constante”. Para lograrlo, los costos de agredir a nuestro país deben ser inaceptables para cualquier adversario. Lamentablemente, el modelo de defensa actual está muy lejos de garantizar este objetivo.

<b>La defensa que tenemos: cuatro décadas de involución</b>

La reducción sufrida por las Fuerzas Armadas (FFAA) desde el inicio de la década de 1980 hasta la fecha ha sido drástica, afectando efectivos, presupuesto y sistemas de armas.

En términos de personal, en los años 80 las FFAA contaban con aproximadamente 144.000 efectivos (88.000 del Ejército, 35.000 de la Armada y 21.000 de la Fuerza Aérea), sustentados en aquel entonces por la Ley 17.531 de Servicio Militar Obligatorio. Hoy, bajo la Ley 24.429 de Servicio Militar Voluntario, las organizaciones se encuentran incompletas por limitaciones presupuestarias, reduciendo el número a unos 88.000 efectivos (55.000 en el Ejército, 16.750 en la Armada y 16.000 en la Fuerza Aérea).

La pérdida de capacidades materiales es igualmente alarmante. El Ejército pasó de tener casi 1000 blindados (un tercio de última tecnología en los 80´) a menos de 600 unidades de los mismos modelos, con más de 40 años de antigüedad y con unas pocas unidades modernizadas parcialmente. A su vez la Armada dejó de ser una fuerza de “aguas azules” con gran capacidad de proyección. En el pasado operaba un portaaviones, 13 destructores y corbetas, y 4 submarinos. Hoy carece de capacidad ofensiva embarcada y sus capacidades defensivas son limitadas. Por su parte la Fuerza Aérea, que contaba con casi 400 aviones antes de Malvinas, hoy dispone de poco más de 200 (entre aviones y helicópteros), en su mayoría obsoletos y de nula capacidad ofensiva.

La crisis no es solo cuantitativa. Los recortes se basaron en la falsa premisa de que “no habrá guerra” y han ignorado lecciones históricas cruciales. A más de cuatro décadas de Malvinas, aún persisten muchas de las falencias señaladas en el histórico Informe Rattenbach. Dicho documento advertía sobre graves errores de conducción operativa y estratégica, la falta de acción conjunta, la ineficiencia de la inteligencia militar, y graves carencias tácticas (como la falta de equipos de alerta radar e IFF). Lejos de aprender de la experiencia, incluso los aciertos de la guerra —como la adaptación de misiles antibuque a plataformas terrestres o la efectividad del binomio Super Etendard/Exocet— fueron abandonados, careciendo hoy el país de una capacidad de defensa costera seria.

A este panorama se suma una degradación institucional: salarios entre los más bajos de la Administración Pública Nacional, obras sociales en crisis y una constante frustración profesional en los cuadros militares debido a la falta de incentivos y material seguro para operar.

<b>La defensa que necesitamos: integralidad, constancia y previsibilidad.</b>

Revertir esta hipoteca sobre nuestra soberanía no es un misterio técnico, pero requiere sortear la ignorancia política, la discontinuidad de los planes estatales y los constantes cambios legales contradictorios. Para construir un sistema creíble y sustentable, es imprescindible abordar seis líneas de acción. Ellas son:

• La planificación integral del sistema de defensa nacional: Es imprescindible una Estrategia Nacional de Defensa verdaderamente integradora. Actualmente, las Directivas de Política de Defensa Nacional y los planes que de ella derivan, como el PLANCAMIL 2023 son elaborados de forma aislada por el Ministerio de Defensa. La Ley de Defensa Nacional (23.554) exige la integración de “todas las fuerzas de la Nación” y por ello es imprescindible su articulación con otras áreas del estado, como la economía, la educación, la tecnología y las comunicaciones, el desarrollo social, etc. Por ejemplo en medio de recursos escasos, un satélite militar de comunicaciones es inviable económicamente pero los futuros satélites de comunicaciones en desarrollo, deberían incluir obligatoriamente canales de uso militar exclusivo, optimizando así los recursos del Estado (sin costos para la defensa).
• Adecuación del marco legal: La Ley de Defensa Nacional está por cumplir 40 años y requiere actualizaciones, al igual que la solución del vacío que dejan leyes promulgadas pero ignoradas (como la Ley 24.828 de reestructuración de las FFAA o la Ley 27.565 del FONDEF). A su vez, deben corregirse normativas que han impactado negativamente en la operatividad militar, como la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que escindió perjudicialmente la Inteligencia Militar de la Inteligencia Estratégica, o el Código de Disciplina de las FFAA (Ley 26.394), que generó desequilibrios penales. Resulta imperioso, además, sancionar una postergada Ley de Reservas y Movilización.
• Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios: Argentina es un caso atípico en el mundo: mientras todos los países (incluidos los de la región) aumentan su gasto militar, nuestro país lo reduce. La ejecución presupuestaria en defensa de 2025 arroja un gasto del 0.28% del PBI, una cifra insignificante frente al 2.2% de Brasil o el 1.8% de Chile. Las leyes de financiamiento no se cumplen: el FONDEF recibe apenas unos U$S 160 millones anuales cuando debería superar los U$S 400 millones. Sin dinero, es imposible recuperar capacidades estratégicas como submarinos o defensa antiaérea moderna.
• Transformación innovadora de las FFAA: Las restricciones financieras a corto plazo para recuperar medios convencionales perdidos, imponen trabajar con mente abierta e innovadora. La evolución debe centrarse, al menos en el corto plazo, en capacidades de bajo costo, pero de alto impacto: operaciones de información, uso de Inteligencia Artificial, ciberdefensa, drones de todo tipo y capacidad, sistemas autónomos y operaciones multidominio. Es fundamental también un cambio de mentalidad en la dirigencia política, alterando la idea del “uso dual” (Ej protección civil) de las FFAA para justificar su existencia. Su verdadera naturaleza es disuadir y combatir en caso de agresión.
• Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización: Para un país extenso y despoblado, contar con reservas adiestradas y de rápida movilización incrementa la disuasión a muy bajo costo. El sistema debería dividirse en tres niveles: ex integrantes de la fuerza activa (con reentrenamiento periódico); cuadros civiles sin formación militar como especialistas técnicos (en áreas como ciberdefensa, logística o espacial, por ejemplo); y ciudadanos comunes que recibirían instrucción básica para reemplazos en caso de un conflicto prolongado.
• Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción): La industria de defensa nacional atraviesa su peor momento (incapaz de proveer siquiera suficiente armamento liviano o munición), afectada tanto por intereses políticos ajenos como por el veto comercial del Reino Unido post-Malvinas. Argentina debe emular a países que, bajo embargos o por voluntad estratégica, desarrollaron industrias pujantes (Turquía, Sudáfrica, Brasil). La creación de un organismo (similar a la ABIMDE brasileña o la SSB turca) que gestione investigación, enlace empresas públicas y privadas con las FFAA, promueva exportaciones, integre la innovación ágil de las startups y garantice la soberanía en nichos tecnológicos dominados por el país, puede ser el primer paso para reconstruirla.

A modo de cierre, la fragilidad macroeconómica y el desinterés han dejado a nuestro país sin los medios básicos para su resguardo. El diagnóstico es claro y las líneas de acción sugeridas pueden constituir un puntapié inicial para el cambio.

Queda en manos de las autoridades políticas asumir su responsabilidad constitucional ineludible de “proveer a la defensa común”. Revertir cuatro décadas de negligencia exige que la dirigencia transforme a la Defensa en una verdadera política de Estado, garantizando así la paz, la soberanía y los intereses vitales de la Nación en la incertidumbre del siglo XXI.