El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, incorporó en diciembre de 2024 una nueva medida en el camino hacia la plena autonomía de la Ciudad mediante la creación de un fuero laboral local. La Ley 6.789 se sancionó con el objetivo de asumir plenamente la competencia en materia de Justicia del trabajo dentro del ámbito porteño y completar así el proceso de transferencia de facultades desde la órbita nacional.
Otro avance fundamental en este camino, y a fin de acelerar los plazos judiciales, reside en el convenio firmado entre el Gobierno local y el Estado nacional. La aprobación del Congreso de la Nación, y prontamente de la Legislatura porteña, les otorgará a los ciudadanos la posibilidad de contar con un sistema más moderno y ágil para resolver conflictos entre trabajadores y empleadores.
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Este proceso no fue improvisado: implicó planificación presupuestaria, revisión de estructuras y la articulación con distintos actores del sistema judicial. La decisión política estuvo acompañada por un trabajo técnico sostenido que permitió diseñar un modelo de Justicia laboral acorde a las necesidades actuales.
La Ciudad implementará el Código Procesal para la Justicia del Trabajo, normativa propia aprobada en la Legislatura local. Con tribunales y procedimientos modernos, se optimizarán significativamente los tiempos, se tendrá mayor previsibilidad y se garantizarán reglas claras para ambas partes.
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Con antecedentes de transferencias en materia penal, contravencional y de faltas, este nuevo paso pone en evidencia el trabajo realizado por el Ministerio de Justicia local -en cabeza de Gabino Tapia-, creado por la actual administración para impulsar la agenda de autonomía de la Ciudad y concretar las transferencias de competencias pendientes.
La consolidación del fuero laboral local no solo fortalece la institucionalidad porteña, sino que reafirma el derecho de la Ciudad para ejercer las facultades que le fueron reconocidas en la Constitución. De este modo, se avanza hacia un esquema más coherente, eficiente y -principalmente- cercano a los ciudadanos, lo que consolida la confianza en la Justicia laboral y su rol fundamental en la protección de derechos de trabajadores y empleadores.
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