El Gobierno autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obras públicas en rutas nacionales

El Gobierno nacional decidió delegar en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales, ubicados dentro de sus territorios.

Se trata de las provincias comandadas por gobernadores considerados aliados para el Ejecutivo nacional, puesto que mantienen un diálogo fluido y fueron clave en varias de las victorias legislativas del Gobierno.

La medida, oficializada con la publicación del decreto 253/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, permite que estas jurisdicciones asuman el manejo de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos nacionales, sin que ello implique la transferencia de la titularidad del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.

El objetivo de la nueva disposición es facilitar una gestión más ágil y cercana de la infraestructura vial, permitiendo a las provincias actuar directamente en los procesos de licitación y concesión.

Según el decreto, las provincias podrán aprobar la documentación licitatoria, convocar a los interesados, seleccionar concesionarios y suscribir los contratos necesarios para la ejecución de las obras. Todo este procedimiento deberá respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.

Para ejercer estas competencias, las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se detallarán los tramos de rutas nacionales a gestionar, los plazos para el ejercicio de las competencias, el régimen de supervisión y auditoría, y el compromiso de mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier reclamo o daño que pudiera surgir en el marco de la concesión.

La delegación de facultades se considera temporal, funcional, limitada y revocable. En ningún caso, implica la cesión del dominio público ni la jurisdicción federal sobre los tramos de rutas nacionales. El Estado nacional mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión si circunstancias de interés público lo requieren.

De acuerdo con lo dispuesto, el proceso de delegación establece que los fondos obtenidos a partir de la explotación de cada tramo objeto de concesión solo podrán ser destinados a la construcción o conservación de ese mismo tramo. No se autoriza su uso para obras en otros trayectos, aunque exista vinculación física o técnica entre ellos.

Las provincias, una vez aprobado el convenio por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, tendrán un plazo máximo de un año para iniciar el procedimiento de selección de concesionarios. Tras la adjudicación, deberán suscribir el contrato y otorgar la posesión a la empresa concesionaria en un plazo de noventa días hábiles, salvo que existan motivos fundados para modificar dicho término.

El decreto prevé que, si no se cumple con los plazos estipulados para la convocatoria o la adjudicación, la delegación sobre el tramo vial en cuestión decaerá automáticamente. Si el contrato de concesión se extingue por cualquier motivo, la gestión y el mantenimiento regresarán al Estado nacional, que podrá reasumir la administración y mantenimiento del tramo o instrumentar un nuevo proceso de delegación.

Un aspecto central de este nuevo esquema es la supervisión y auditoría de los contratos de concesión, que quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.

La decisión de descentralizar la gestión operativa de ciertos tramos de rutas nacionales responde al interés manifestado por varias jurisdicciones en asumir un papel más activo en la administración de la infraestructura vial que atraviesa sus territorios. Según el texto del decreto, esta modalidad se encuadra en un proceso de fortalecimiento del régimen federal y busca dotar a las provincias de herramientas adecuadas para gestionar el financiamiento y ejecución de obras a través de concesiones por peaje.

Los convenios a suscribirse entre las provincias y la Dirección Nacional de Vialidad deberán incluir el plan de obras, el cronograma de ejecución, la justificación técnica, la fuente de financiamiento, el detalle del peaje máximo y el plazo de concesión proyectados. Todos estos elementos serán evaluados por el organismo nacional, que analizará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto y su compatibilidad con otros planes de infraestructura bajo su responsabilidad.

Además, establecieron que si otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desean asumir facultades similares, podrán solicitarlo al Ministerio del Interior, que evaluará la pertinencia y viabilidad conforme a los criterios del decreto y las leyes vigentes. El Ministerio de Economía queda facultado para emitir normas aclaratorias y complementarias a fin de garantizar la adecuada implementación de la medida.

La iniciativa, impulsada en un contexto de reorganización administrativa y búsqueda de una gestión pública más eficiente y transparente, apunta a optimizar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en el transporte, manteniendo el equilibrio entre la descentralización operativa y la preservación del dominio federal sobre los bienes estratégicos del país.