El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, popularmente conocido como Ley Hojarasca. Esta iniciativa busca eliminar una serie de regulaciones que han impuesto a la ciudadanía restricciones, trámites y costos considerados innecesarios.
Durante décadas, el marco normativo argentino se sostuvo sobre la premisa de que las regulaciones son condición esencial para la existencia de derechos.
La aprobación de esta ley propone un cambio de paradigma: restaurar la lógica liberal de la Constitución Nacional, según la cual la libertad es la norma y la regulación, la excepción. Así, el Estado no otorga derechos, sino que existe para garantizarlos.
La aprobación de esta ley propone un cambio de paradigma: restaurar la lógica liberal de la Constitución Nacional, según la cual la libertad es la norma y la regulación, la excepción
A continuación, se exponen los ejes centrales de la reforma.
Eliminación de leyes restrictivas y obsoletas
El proyecto apunta a derogar normas que afectan directamente las libertades individuales y resultan desactualizadas en una democracia contemporánea. Entre los ejemplos presentados:
- Carnet de Mochilero: Una ley de 1974 exigía que quienes viajaban “a dedo” portaran una credencial, habilitando la detención para “averiguación de antecedentes”.
- Control de la Lepra: Una disposición de 1983 permite la internación forzosa de personas diagnosticadas con lepra, en contradicción con los principios de derechos humanos vigentes en la actualidad.
- Reuniones privadas: Una norma de la época de Lanusse obliga a notificar a la policía sobre encuentros en recintos cerrados y autoriza la presencia policial en esos espacios.
Reducción de burocracia y costos administrativos
El texto prevé el desmantelamiento de estructuras generadoras de gastos para los contribuyentes y obstáculos para el sector privado, sin un beneficio real para la sociedad.
Por cada trámite eliminado, se reduce el gasto público y se recupera tiempo destinado a emprendimientos privados. Ejemplos concretos incluyen:
- Mapas en etiquetas: En la actualidad, un productor de vinos requiere autorización previa del Instituto Geográfico Nacional para incluir un esquema del mapa de Argentina en su etiqueta, bajo amenaza de sanciones y decomiso.
- Información interna estatal: Existen leyes que obligan a empresas públicas a informar al propio Estado acerca de sus actividades, una carga administrativa con escaso sentido práctico.
Actualización normativa frente a los avances tecnológicos
Numerosas disposiciones siguen vigentes pese a haber sido superadas por los desarrollos tecnológicos:
- Microfilmación: Diversas leyes de la década del setenta aún exigen a organismos como la Armada y el Ejército el uso de microfilmes, pese a que hoy existen métodos digitales de archivo.
- Televisión a color: Aún se encuentra activa una ley que autoriza transmisiones televisivas en color, una disposición que ha quedado fuera de lugar en una era de consumo digital masivo.
Diversas leyes de la década del setenta aún exigen a organismos como la Armada y el Ejército el uso de microfilmes, pese a que hoy existen métodos digitales
Revisión de incentivos económicos desactualizados
El proyecto considera la eliminación de premios y subsidios a actividades que han perdido vigencia en el contexto económico actual o que ya se encuentran cubiertas por el mercado:
- Premio al carbón: Una ley de 1870 establece un premio monetario a quien descubriera una mina de carbón, contrariando los procesos contemporáneos de transición energética.
- Padrinazgo presidencial: Permanece la figura que garantiza estudios gratuitos al séptimo hijo, cuando la educación pública ya abarca todos los casos en el país.
Transparencia y optimización del financiamiento público
El proyecto promueve que ciertos organismos dejen de financiarse con impuestos generales. Como ejemplo se menciona:
Emancipación de entidades: Se propone que el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios se sostengan con sus propios recursos, sin asistencia directa del Tesoro Nacional.
El entramado de normas obsoletas y regulaciones que dificultan la vida diaria no fue casual, sino resultado de un sistema que generó dependencia ciudadana y trastornos en la actividad productiva. Con el envío al Congreso del proyecto de la Ley Hojarasca, el Poder Ejecutivo Nacional inicia un proceso de simplificación normativa.
Se postula retomar la tradición constitucional por la cual la libertad es la regla y la regulación, la excepción. Esta reforma busca simplificar la estructura jurídica y administrativa, priorizando que las restricciones a las actividades sólo sean válidas cuando una ley expresa fundamente una limitación de relevancia para la sociedad. Cantidad excesiva de leyes puede erosionar la justicia, especialmente cuando han perdido su función social.
El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa
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