Isabel Perón: la tendenciosa construcción de una culpable

A veces la historia no se aclara cabalmente, sino que se simplifica, por mero error o con intencionalidad, tomándose un proceso extenso y cargado de tensiones con responsabilidades cruzadas y decisiones compartidas, para reducirlo a un solo rostro. En la Argentina convulsionada de los años setenta, ese rostro fue el de la primera mujer presidente constitucional en el mundo, Señora María Estela Martínez de Perón, sobre quien se proyectaron culpas que excedían largamente su figura, en una suerte de alivio colectivo que atravesó ideologías y sectores supuestos enfrentados en el discurso, pero con extrañas coincidencias en hechos y operaciones.

Mientras el debate público se concentraba en señalar a una persona, otros objetivos se formulaban con mayor crudeza. En marzo de 1976, Albano Harguindeguy (ministro del Interior de Videla) y Manuel Tagle (SRA), confesaban en la prensa el verdadero horizonte del nuevo orden: “retrotraer a la Argentina al 3 de junio de 1943”. No se trataba solo de corregir un gobierno ni de reemplazar una supuesta administración fallida, sino de desandar décadas enteras de transformaciones políticas, económicas y sociales. No se equivocó la presidente derrocada, cuando el 10/3/1976 en la CGT dijo que iban a hacer un golpe para volver a convertir a la Argentina en un país de campos y vacas sin industrias y con la destrucción del salario real. De hecho, no se equivocó en ninguno de sus discursos…

En ese contexto, convertir a María Estela de Perón en una figura depositaria exclusiva de la crisis resultó funcional a los verdaderos culpables del último golpe de Estado. Mientras diestros y siniestros descargaban responsabilidades en la presidente derrocada y secuestrada, se desdibujaban las tramas más profundas que habían conducido al quiebre institucional. Así, entre el ruido de las acusaciones y el silencio de las autocríticas —o el ocultamiento malicioso e interesado de verdades históricas—, la historia comenzaba a contarse de una manera más cómoda que verdadera, ocultando la cruda realidad, que no era otra que el golpe de Estado había sido contra el último gobierno doctrinalmente peronista. Un golpe contra Isabel Perón. Contra el Movimiento Nacional Justicialista y contra el Movimiento Obrero.

Hoy, en el colmo de lo ridículo, los mismos liberales que en 1976 denunciaban que “el gobierno de la Señora Perón fue complaciente con la subversión” (discurso del General Videla el 25/3/1976), en un abrupto giro discursivo de sus satélites actuales, hablan de “connivencia” de la presidente derrocada con los militares golpistas. Incluso, inundan redes sociales con total ucronía, hablando de “autogolpe”. Las inconsistencias del relato no se corrigen: se tapan con nuevas invenciones. Si hasta se han inventado que Videla habría sido ¡peronista!, a pesar incluso de que en conferencia de prensa pública el propio General habló de terminar con las bases del movimiento nacional.

La realidad dista mucho de esa ficción ucrónica: el 24 de marzo de 1976, la ex presidente fue sometida a un secuestro “extorsivo”. Secuestro porque la privaron ilegítimamente de su libertad. Extorsivo, porque se le ofreció como opción firmar una “esquela oficial”, en la que si ella signaba la renuncia depositando el poder “transitoriamente” en las Fuerzas Armadas dado el estado de “conmoción interna” y alegando graves problemas de salud, la Señora tendría asegurada vivir una tranquila vida en Puerta de Hierro, España (con la indemnización millonaria que había cobrado su esposo por los años de proscripción. Esa indemnización, luego se la robaron también).

Ella no aceptó. La tuvieron privada ilegítimamente de su libertad hasta el 9/7/1981, para luego ser proscripta y exiliada.

Incluso en ese relato edulcorado que habla de una detención en “palacios”, hay una omisión esencial: La privación de la libertad, cuando es arbitraria, ya constituye en sí misma una forma de violencia profunda. Pero en el caso de Isabel Perón, la ex presidente con más años de prisión en la historia, a esa condición se sumaron prácticas que desmienten cualquier intento de embellecer su cautiverio.

Lejos de cualquier imagen de “confort”, estuvo sometida a un régimen de control permanente masculino y castrense, en espacios restringidos, sometida a agotantes jornadas de interrogatorios sin derecho a abogados defensores. Fue obligada a vestir como integrante de fuerzas de seguridad, sin derecho a luz solar directa en su habitación, privada de condiciones básicas —como agua caliente en pleno invierno— y expuesta a situaciones degradantes, como el corte abrupto de su cabello o lamidas caninas a su comida, entre otros atropellos.

A ello se agregaron mecanismos de presión psicológica: la presencia de supuestos falsos sacerdotes “confesores” disfrazados, que en realidad respondían a estructuras militares, y como el denunciado intento de envenenamiento luego presentado públicamente como un “intento de suicidio” de la propia Señora.

En ese contexto, cualquier referencia a inmuebles palaciegos no solo resulta equívoca, sino que contribuye a distorsionar la naturaleza real de su detención, habiendo sido la ex presidente con más años privada de su libertad en toda la historia. Más aún si se considera el deterioro físico y emocional que atravesaba, incluida la agudización de su cuadro de anorexia nerviosa, en un entorno que difícilmente podía ofrecer condiciones mínimas de resguardo, con constantes traslados de urgencias a hospitales y nosocomios públicos.

Como ella dijera en 1993 ante cuantiosos periodistas: “Yo no entregué mi sitio, me lo quitaron. Y como soy una mujer católica que hizo un juramento a Dios, una vez que juré no estaba dispuesta a cometer perjurio”.

Tampoco cierra al discurso liberal el mismo 2 de julio de 1974, ella ofreció su renuncia a la máxima magistratura del país. Los mismos que no se la aceptaron fueron quienes el 23/3/1976 estaban golpeando las puertas de los cuarteles, incluyendo al propio Ricardo Balbín. Una vez que la convencieron de jurar la Presidencia, luego pretendieron que ella renuncie y ceda el poder a Ítalo Argentino Lúder, quien hacia 1975 se comportaba como un verdadero lobbysta de las Fuerzas Armadas (extrañamente, en comparación con la Señora Perón, la figura de Lúder ha pasado desapercibida). Hoy, con total desatención, suelen confundir el decreto de la Sra. Perón de 1975, sancionado dentro del cumplimiento de los deberes de funcionaria pública ante los intentos de “sedición”, con el decreto de octubre de 1975 firmado por el presidente provisional del Senado en su carácter de presidente interino de la Nación. El mayor mérito de la Señora Perón fue no haber cedido a las pretensiones de “bordaberryzar” su gobierno. En Argentina no era algo inusual. Había acontecido con José María Guido e incluso con Arturo Illia, en gobiernos pseudo-democráticos.

Fue también valiente la presidente cuando no se dejó amedrentar por los vuelos rasantes sobre la Casa Rosada, el 24/12/1975. “Quienes tengan mujeres e hijos y quienes quieran irse, se van; yo me quedo”.

Hacia marzo de 1976, el discurso golpista tenía varias complicaciones: la presidente alegó públicamente que no iba a candidatearse y se habían adelantado las elecciones. La economía había tenido un repunte luego del “Capellinazo” y, según el propio General Bussi, la subversión en Tucumán estaba “derrotada”. ¡Oh, casualidad! Una bomba (muy oportuna para las FFAA) estalló nada menos que en el Comando del Ejército donde dicen que usualmente estacionaba el General Videla. Sobre el particular, José Pablo Feinmann antes de su cambio discursivo, publicó una gran verdad en su libro “La Creación de lo Posible” (1989). Dijo: “Fue una bomba golpista (...) destinada a voltear al gobierno de Isabel Perón. No importa quién la haya puesto. Tanto el terrorismo de izquierda como el terrorismo de derecha apostaban, durante esos días, a la caída del gobierno. La derecha para dar paso a los militares y al Plan económico de la Patria Financiera (...). La izquierda, para polarizar las contradicciones. Para quitar del medio el incómodo colchón del gobierno constitucional y abrir una situación revolucionaria, en la que, suponían, las masas se plegarían a las vanguardias en la lucha por la liberación. Que así no sería, era algo que todos por entonces sospechaban, menos, claro está, las vanguardias iluminadas que creen saberlo todo. Apenas nueve días después del estallido de esta bomba, caía el gobierno de Isabel”.

A medio siglo del último golpe de Estado, también hay quienes ahora inventan que la Señora Perón negoció con los militares ante las denuncias de supuesta “corrupción”. Hay argumentos que no solo son débiles: son directamente insostenibles. No es una interpretación discutible: es un disparate lógico, jurídico e histórico.

Primero, porque se ignora —o se finge ignorar— cómo funciona un sistema constitucional. En la Argentina, un presidente no se remueve con su secuestro de noche, sino a través del juicio político. Y ese camino, lejos de estar allanado, estaba bloqueado. El oficialismo conservaba fuerza suficiente en el Senado como para impedir el procedimiento, y lo más revelador: entre 1975 y marzo de 1976, el juicio político jamás se concretó. Es decir, el supuesto escenario de “caída inevitable” es una ficción construida a posteriori. Por su parte, la justicia constitucional, independiente, había sobreseído a la Señora Perón por la famosa causa de los “Cheques de la Cruzada de Solidaridad”.

Segundo, porque el argumento se autodestruye al ser enunciado. Pretende que aceptemos como verosímil que una jefa de Estado negocia su propia destitución, su propio derrocamiento y, en los hechos, su propia muy extensa prisión. No es solo improbable, es pedirle a la lógica que abdique.

Tercero, porque los propios protagonistas desmienten esa narrativa. El general Jorge Rafael Videla —no un opositor, sino el artífice “facial” del golpe— reconoció, según consta en los trabajos de Ceferino Reato (“Disposición Final”), que las causas judiciales contra Isabel Perón fueron inventadas con posterioridad ante el temor de que movilizara algún grupo o multitud. Es decir: no había ninguna condena esperando. Hubo, en cambio, una construcción judicial posterior para justificar lo que ya se había decidido por la fuerza. Y por si quedara alguna duda, la historia institucional terminó de poner las cosas en su lugar. En 1984, Raúl Alfonsín, la UCR, y gran parte de los partidos políticos, impulsaron la “ley de reparación histórica Isabel Perón”; N.º 23.064 de mayo de 1984. Ese acto no fue un gesto menor ni simbólico: fue el reconocimiento explícito de que la Presidente derrocada había sido víctima de un derrocamiento ilegítimo y de acusaciones inconsistentes que iban desde la Triple A hasta las viciadas causas de supuesta corrupción y malversación. No era pacto de impunidad. Los principios más elementales del proceso penal contra la Señora Perón estaban viciados, siendo nulos de nulidad absoluta. Comenzando, por ejemplo, en notificarla en Quinta de Olivos, cuando estaba aprisionada en Messidor, o Base Naval de Azul o en San Vicente.

Sostener entonces que todo fue producto de una “negociación” no solo trivializa la ruptura del orden constitucional: la vuelve casi voluntaria. Es una forma elegante —o cínica— de diluir responsabilidades. Pero la realidad es menos sofisticada y mucho más incómoda: no hubo acuerdo, no hubo cálculo estratégico, no hubo pacto. Hubo un golpe. Y después, la necesidad de inventarle una coartada y culpar de absolutamente todo a la presidente derrocada. Muy cobardes los “varones” que se prestaron y prestan a las calumnias contra la primera mujer presidente.

Hay algo aún más incómodo que este relato forzado: el extraño punto de encuentro entre quienes, en apariencia, se ubicaban en veredas opuestas. Porque si algo provoca Isabel Perón es un rechazo transversal: incomoda a la derecha, pero también irrita profundamente a la izquierda. Coincidencia inquietante, convergencia indirecta, una funcionalidad mutua. Mientras la derecha construía la legitimación explícita del golpe, la izquierda aportaba —quizás sin proponérselo, o quizás no tanto— los argumentos que lo hacían digerible. Distintos lenguajes, mismo resultado. Unos denunciaban el “caos”; otros la “corrupción” o la “descomposición”. Pero el efecto era idéntico: erosionar cualquier defensa posible del orden constitucional.

Lo paradójico —y profundamente revelador— es que, en ese punto, ciertos discursos de izquierda terminan rozando, cuando no coincidiendo, con diagnósticos que circulaban en ámbitos mucho menos progresistas: cables diplomáticos, informes de inteligencia, documentos del Departamento de Estado. Dato incómodo para la izquierda, sus “coincidencias” con el embajador norteamericano Robert Hill.

Aquí es donde la contradicción se vuelve difícil de disimular. Porque mientras la derecha reivindica el golpe sin demasiados rodeos —lo cual, al menos, resulta coherente con su tradición histórica—, lo verdaderamente desconcertante es el modo en que ciertos sectores que se reivindican críticos del poder terminan, en los hechos, justificando o atenuando esa misma ruptura institucional. El golpe, para derecha e izquierda, tirios y troyanos, les resulta “comprensible” en su génesis.

¿Hasta qué punto esa funcionalidad fue meramente involuntaria? ¿Dónde termina la coincidencia discursiva y dónde empieza una forma más profunda de complicidad, aunque sea tácita, aunque sea encubierta?

Tal vez lo más perturbador no sea la respuesta, sino el silencio que suele seguir a la pregunta.

Máxime cuando, si raspamos un poco la historia, vamos a encontrar fotografías de diciembre de 1978 donde se ven en la “Cena de Camaradería”, junto a Videla y Harguindeguy, a muchos políticos que, luego de 1983, se rasgaron las vestiduras al grito de “Derechos Humanos”, con amnesia, mentira e injusticia, y que seguramente algunos marcharán este nuevo 24 de marzo. ¿No fue Américo Ghioldi embajador del videlismo en Portugal?

Mal que les pese a la izquierda “Anti-imperialista”, existen ya los cables desclasificados e informes de inteligencia internacionales que demuestran que el golpe de 1976 fue promovido por el Departamento de Estado Americano e incluso por el MI6 inglés. No fue Mario Firmenich ni Santucho quienes preocuparon a las grandes corporaciones internacionales, sino el gobierno de la Señora Perón que ellos contribuyeron a derrocar. Un gobierno que tuvo también muchísimos aciertos ocultos, con pleno empleo, humo en las fábricas en todo el país, que no amplió la deuda externa, y con gran participación del trabajador en el producto bruto interno, ley de contrato de trabajo admirada a nivel mundial y pleno acceso a la vivienda.

Cuando se adjudica que la Señora no estaba preparada para gobernar, surge una pregunta clave: ¿quién sí lo estaba, muerto el General Perón? Ni tomarse licencia se le permitió a su viuda. ¿Qué personaje habría podido sortear todas las perradas que le hicieron a Isabel, incluso un lockout patronal que desabasteció al país hasta de papeles higiénicos en las góndolas?

Culpar también a la Señora de la Triple A —donde se resumen muy fácilmente situaciones aisladas de beligerancia interna articulando todo en una supuesta organización de operación sistemática por fines de facilismo histórico—, ha sido un disparate del que no quiso adherir ni el fiscal Strassera en los años ochenta ni en las nuevas persecuciones del kirchnerismo en 2006. Pero también existe otra coincidencia: a la Señora la mandan a privar de su libertad de noche, tanto los golpistas uniformados como los supuestos democráticos de saco y corbata.

Y sin embargo, detrás de tantas interpretaciones forzadas, de tanto relato acomodado, queda una evidencia mucho más incómoda: la señora María Estela Martínez de Perón fue, en definitiva, una de las grandes víctimas de la historia política argentina.

Pocas figuras han soportado un nivel de persecución tan persistente, tan sistemático y tan transversal. No se trató solo de su derrocamiento. Se trató de algo casi obsesivo. Le arrebataron su patrimonio, incluyendo la indemnización del General Perón. Le allanaron su domicilio en reiteradas ocasiones durante la dictadura militar, despojándola incluso de sus pertenencias más elementales y personales. Como si no alcanzara, la violencia simbólica y material avanzó también sobre la memoria: la profanación del cuerpo de su esposo en dos oportunidades —primero con el ultraje de las manos amputadas de Perón, luego con episodios tan grotescos como la irrupción de supuestas filiaciones sin sustento alguno que llevó a destruir la pierna del cuerpo del General Perón (la mitomanía de la extinta Marta Holgado)— terminó de configurar un cuadro que excede cualquier lógica política y roza directamente lo macabro. Sin contar con cuantiosas causas judiciales que le inventan de vez en cuando.

Ni siquiera el paso del tiempo trajo reparación. En 1990, cuando todo parecía haber quedado atrás, volvió el despojo sobre lo poco que restaba de su patrimonio mediante una dudosa Fundación cuyo presidente falleció hace unos años sin pagar las costas judiciales de un juicio que la Ex Presidente le ganara en España (Mario Rotundo). Hubo incluso intentos de atentar contra su vida varias veces, siendo la más significativa cuando el 25/4/1984 le colocaron explosivos en el avión Boeing que la trasladaría a España. Y, como si todo eso no bastara, cada una de sus apariciones públicas hasta la fecha —sea para recibir un reconocimiento, sea para pronunciar unas o dos palabras que luego le editan— reactiva el mismo mecanismo: un coro que, desde distintos lugares, vuelve a cargarla con acusaciones infundadas, fortunas imaginarias de todo tipo y un tono que oscila entre el odio y una misoginia difícil de disimular. Como si, en el fondo, el 24 de marzo de 1976 no hubiera terminado nunca para ella. Como si, en ese punto, los antagonismos volvieran a disolverse en una coincidencia inquietante. El muy escueto video publicado ayer y filmado del 3/3/2026 con breves palabras de la Señora en aras de la cortesía que la caracteriza, es prueba elocuente de ello. Canales y periódicos inundados de injurias y calumnias por la sola imagen de la Señora, salvo honrosas excepciones.

Sin embargo, frente a todo esto, la Señora Perón eligió el silencio, manteniendo la dignidad, con la certeza del que si se releen sus discursos es el juicio de la historia quien le da la razón. Tampoco se le conoce escándalo ninguno.

No es casual que la actitud del recogimiento monacal de la Señora Perón haya sido destacada por el propio Papa Francisco, quien la definió como “prenda de paz y unidad de los argentinos”. Tampoco es menor el gesto —largamente postergado— de restituir su lugar en la memoria institucional, como ocurrió con la entronización de su busto por la Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, en el ámbito del Senado, tras años de negación en la Casa Rosada. Hacen eco aún las palabras que resumieron aquellas jornadas pronunciadas por la presidente del Senado: Unidad Nacional.

Porque, en última instancia, lo que está en juego no es solo la figura de una mujer ni la revisión de un período histórico. Es algo más elemental: la posibilidad de reconstruir una idea de unidad nacional que no esté fundada en la negación del otro ni en la justificación retrospectiva de las rupturas institucionales.

Y esa es, quizás, la advertencia final. Porque las naciones que no logran reconciliarse con su propia historia —no para negarla, sino para comprenderla sin deformaciones interesadas— no permanecen en un conflicto abstracto: se fragmentan. Y cuando esa fragmentación se vuelve irreversible, ya no hay relato que la ordene.

La alternativa es clara, aunque incómoda: o la Argentina asume de una vez la complejidad de su pasado y construye unidad sobre la verdad, o se encamina, lenta pero inexorablemente, hacia su propia balcanización, sin la memoria, sin la verdad, y sin la justicia que tanto corean.

Cuando el General Perón quiso la construcción del “Altar de la Patria”, su frontispicio iba a contar con una frase significativa: “Hermanados en la gloria, vigilamos los destinos de la Patria. Que nadie utilice nuestro pasado para desunir a los argentinos”. El Altar no fue nunca concluido. Lamentablemente, su premisa tampoco fue cumplida. Así nos tienen desde 1976 a la fecha tirios y troyanos. Así estamos. Perdón, Sra. María Estela Martínez de Perón.