
El 8 de marzo ha expuesto una verdad incómoda: la igualdad proclamada por la ley no garantiza igualdad en la práctica. En la Argentina, los derechos vinculados a la igualdad de género cuentan con reconocimiento normativo expreso, sin embargo, su efectividad depende de cómo actúan las instituciones y de qué prioridades orientan la conducción política.
Cuando la igualdad ocupa un lugar central en la agenda gubernamental, su garantía se despliega principalmente a través de políticas activas. Pero cuando esa centralidad disminuye o se invisibiliza, no se reduce la obligación estatal: se intensifica la responsabilidad de las instituciones de control. En ese escenario, el control público se vuelve decisivo para garantizar que la igualdad no quede reducida a una declaración formal y que ninguna decisión estatal debilite los estándares de protección ya alcanzados.
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En la Argentina, como en muchos otros países donde los marcos normativos han avanzado de manera significativa, emergen formas más sutiles y menos visibles de reproducción de inequidades: nosotras la llamamos la ceguera de género en la administración pública.
El actual impulso por la modernización del Estado coloca en el centro la eficiencia, la simplificación administrativa y la incorporación de tecnologías digitales. La expansión de las TIC y de sistemas automatizados aparece como sinónimo de agilidad y racionalidad en la gestión pública. Sin embargo, la tecnología no es neutra.
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Los sistemas que organizan la información clasifican beneficiarios o priorizan recursos que operan sobre datos y criterios que reflejan estructuras sociales preexistentes. Si estas transformaciones no incorporan de manera sistemática análisis de impacto y estándares de igualdad, corren el riesgo de consolidar desigualdades estructurales bajo una apariencia de neutralidad técnica.
Emerge un problema de particular relevancia para las democracias contemporáneas: la posible reproducción, a través de algoritmos, de sesgos de género previamente presentes en las estructuras institucionales y en los datos utilizados por la administración pública.
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Es precisamente aquí donde la auditoría gubernamental adquiere un papel estratégico como herramienta de garantía democrática. Tradicionalmente concebida como un mecanismo técnico orientado al control de legalidad, eficiencia y uso de los recursos públicos, se enfrenta hoy un desafío mayor. En una democracia que aspire a ser sustantiva y no meramente formal, el control no puede limitarse a verificar cifras, debe consolidar hallazgos y procedimientos que eviten la reproducción de desigualdades.
La auditoría gubernamental puede actuar como un punto de articulación entre técnica y garantía de derechos, no sustituye la decisión política ni define prioridades gubernamentales, pero delimita sus efectos.
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No dirige el rumbo del Estado, pero contribuye a que ese rumbo se mantenga dentro de los límites constitucionales de igualdad y evita exclusiones sistemáticas sobre la mitad de la población representada por mujeres.
Si el Estado navega hacia la modernización con nuevas tecnologías y prioridades, la auditoría con perspectiva de género funciona como un faro institucional, no empuja el barco, pero permite mantener el rumbo constitucional aun en aguas turbulentas.
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Ante el avance de la IA y los consecuentes algoritmos, la pregunta no es si la auditoría debe incorporar la perspectiva de género con los objetivos antes descriptos, sino cuánto tiempo puede prescindir de ella.
*Susana Campari es presidenta de la Asoc. Civil Mujer y Gobierno
** Ivana González de la Vega es MG en Administración Pública, Integrante del equipo de investigación de Mujer y gobierno
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